La locomotora del desalojo

Rosa Valencia, su esposo y sus dos hijos vivieron como arrendatarios en la Avenida Caracas con calle 72 durante la última década. Pero, debido al inicio de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), tuvieron que abandonar su casa. 

Y aunque comprendían que había que salir del lugar dada la importancia del proyecto para la ciudad, nunca entendieron por qué debieron hacerlo presionados por hordas de habitantes de calle que invadieron las residencias contiguas desalojadas.

“Durante casi 20 días nos tocó hacer turnos de vigilancia para que no se nos metieran”, explica la madre. 

Tenían plazo para desalojar el inmueble hasta abril de 2022, pero por la presión hubo que hacerlo antes. “Vivimos sin luz porque los habitantes de calle se robaron todo el cableado de las casas contiguas, lo mismo que el nuestro. Se salvó una toma, con la que tuvimos algo de energía”, explica. 

Tras abandonar el hogar, la promesa que les hizo la PLMB de auxiliarlos con un canon de arrendamiento por tres meses quedó en eso: en promesa.

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“Vivimos sin luz porque los habitantes de calle se robaron todo el cableado de las casas contiguas, lo mismo que el nuestro. Se salvó una toma, con la que tuvimos algo de energía”.

Rosa Valencia

El caso de Rosa Valencia está lejos de ser el único en Bogotá. Cambio habló con habitantes de inmuebles de barrios como Santa Isabel, El Tejar, El Remanso, La Cabrera, lo mismo que otros de localidades como Bosa y Kennedy. No encontró casos tan dramáticos como el de aquella familia, pero sí patrones similares, con quejas de los habitantes de inmuebles por falta de consenso con las constructoras, inconformidades por la inseguridad que llegó producto de las obras y desazones por la desvalorización de predios. 

Vándalos por metros

En el barrio El Remanso, situado en la Autopista Sur, frente a la estación Sena de TransMilenio, la situación ha sido similar. Según Fabio Prieto, director de la Veeduría de Vecinos del Metro, en esa zona el proyecto negoció y expropió algunos predios, pero el inconveniente fue para quienes no desalojaron. “Llegaban bandas y habitantes de calle a robarse lo que quedaba en las casas abandonadas. El peligro era que también querían meterse a las aún habitadas”, afirma. 

La situación fue tan desesperante para quienes aún no habían desalojado, que tuvieron que poner un letrero que decía: ‘Casa Habitada’. 

Cambio tuvo acceso a varios videos que muestran cómo distintas personas se llevaban lo que podían de las casas desalojadas. 

Otro caso de intento de saqueos y vandalismo a personas que aún habitan los inmuebles se dio en julio del año pasado, en el barrio El Tejar. Ese hecho, según reportó el diario El Espectador, por poco termina cobrando la vida de una mujer de la tercera edad. Desde un predio que había adquirido el proyecto Metro, unos hombres trataron de meterse con un taladro a la casa contigua aún habitada. La pared cayó al otro lado, muy cerca de la anciana. “Cuando cayó la pared, salieron corriendo. La Policía capturó a tres, pero no al que estaba con el taladro”, dijo Luna Gabriela, afectada y nieta de la adulta mayor. 

La Alcaldía de Bogotá, por su parte, ha reconocido este tipo de incidentes. Lo hizo, por ejemplo, cuando uno similar ocurrió en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy. “Un grupo de unas 80 personas comenzó a vandalizar las propiedades, generando confrontaciones con los vecinos, por lo cual se hizo necesaria la presencia de la Policía”, explicó la administración en un comunicado. 

Todos estos actos de inseguridad y vandalismo deberían haber sido evitados por la Unión Temporal SSK 2020, adjudicataria de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), y contratada para “prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada para salvaguardar los predios, estructuras o inmuebles que indique la EMB en el desarrollo del proceso de adquisición predial PLMB”. Así lo estableció el contrato 173 de 2020 que comenzó en noviembre de 2020 y tiene vigencia hasta diciembre de este año. Su valor es de $3.040.732.003. 

Cambio le consultó a la EMB si con todos los anteriores inconvenientes y fallas en la seguridad el contrato se ha venido pagando con normalidad, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. En junio del año pasado, la propia EMB expresó sus preocupaciones por la situación de seguridad en algunos predios y resolvió “declarar la urgencia manifiesta con el fin de conjurar la situación excepcional expuesta (...) que se está presentando en 106 predios de las estaciones 3, 4 y 5 ubicados en la localidad de Kennedy”. 

Además de los problemas de vandalismo e inseguridad para los habitantes que se resisten a dejar sus inmuebles o se tardan un poco en hacerlo, hay otro problema: la falta de consenso. “La EMB ha dicho que han llegado a acuerdos con nosotros, pero no ha sido así –asegura Diana Mora, del comité veedor No al Metro Elevado por la Calle Octava Sur–. Nos han entregado una información, nos dicen que firmemos y luego aparece como si nosotros hubiéramos aceptado el inicio de obras en nuestro barrio”. Y agrega que, en ocasiones, han hecho trabajos nocturnos, algo que no permite la ley. 

De acuerdo con Fabio Prieto, todo lo anterior parece ser una estrategia de las empresas constructoras para comprar más baratos los predios que no han podido negociar. “Los únicos favorecidos con este modus operandi o ineficiencia son los constructores, porque al presentarse semejante desastre por toda la ciudad la gente termina entregando los predios a la carrera y por cualquier precio”, explica. 

El caso Proscenio

Otra fuente de tensiones entre constructores y comunidad es Proscenio, un proyecto que, según reveló el periodista Daniel Coronell, resultó favorecido con “un decreto firmado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa” que valorizó “en más de 200 millones de dólares un negocio de donantes de su campaña (los constructores)”. En aquella oportunidad, Peñalosa tuvo su sede de campaña en uno de los predios de Proscenio, y ahora allí se encuentra la de Miguel Uribe, candidato número uno del Centro Democrático al Senado. 

Según pudo evidenciar Cambio, esta obra, que se desarrolla desde 2010, se atrasó luego de la pandemia. Proscenio ha sido vendido como un desarrollo inmobiliario entre las carreras 13 y 15 y las calles 85 y 88. Ya con la reactivación económica se han vuelto a ver algunos lotes demolidos. 

De acuerdo con un comerciante que prefirió no dar su nombre, “los lotes que van comprando los van demoliendo, los van tumbando”. El comerciante agrega que, en ocasiones, las socializaciones de la megaobra han fallado y que, a veces, “se siente asustado con la ‘tumbada’ de predios porque se pueden meter los ladrones a las casas contiguas aún habitadas”.