La regasificadora del Pacífico: ¿mayor el costo que los beneficios?

La transición energética continúa siendo un camino incierto para Colombia. Las preguntas que rodean esta discusión, y que se han acentuado desde que Gustavo Petro asumió la presidencia del país, han llevado a una sola certeza: Colombia aún no tiene la tecnología suficiente para implementar una matriz energética amplia para no depender más del petróleo, del carbón y del gas natural. 

Frente a la demora en la transición a energías más limpias, el país aún debe responder a la demanda energética. Por ello, el gobierno del presidente Duque dejó andando un proyecto que podría representar un alivio: la regasificadora del Pacífico. 

El proyecto consiste en la construcción de una planta regasificadora en el puerto de Buenaventura y un gasoducto que iría desde Buenaventura hasta Yumbo, desde donde se distribuiría el gas hacia todo el país.

¿Qué hace una regasificadora? 

Una planta regasificadora se encarga de tomar el gas natural licuado y, como su nombre lo indica, regasificarlo, para distribuirlo. Este sistema le permite al país importar el gas líquido y vaporizarlo para consumo interno.

Hasta 2021, el país tenía reservas probadas para ocho años de consumo de gas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos; pero la creciente demanda energética ha llevado a buscar alternativas para garantizar el suministro por muchos años más. Este es el argumento principal por el que el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Minas y Energía, puso a rodar el proyecto de la regasificadora del Pacífico, que ha contado con el aval del gobierno Petro. 

Colombia ya cuenta con tres regasificadoras: una en Cartagena, otra en Barú y otra en La Guajira. La del Pacífico sería la cuarta y la más grande de todas. 

¿Mayor el costo que el beneficio?

Sin embargo, diversos sectores, incluidas la Dirección General Marítima y a Contraloría, se han opuesto a la construcción de esta megaobra, pues no solo elevaría las tarifas de gas, especialmente para los estratos 1, 2 y 3, sino que afectaría varias zonas de protección ambiental en el Cauca y el Valle del Cauca, por donde tendría que pasar el gasoducto. Esto, sin hablar del costo de la obra.

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) calcula que el proyecto costará aproximadamente 800 millones de dólares; pero Canacol Energy y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) –dos de las empresas más importantes del sector– advierten que, en realidad, la planta puede llegar a costar alrededor de 1.500 millones de dólares, por la dimensión del proyecto y las adecuaciones que están en juego.

Este costo sería asumido por los consumidores. De acuerdo con un estudio realizado por la misma UPME, los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 serían los directamente afectados por el incremento en las tarifas de gas, pues serían ellos quienes, anualmente, pagarían 71.000 millones de pesos en sus recibos de gas hasta cubrir los 700 millones de dólares proyectados. Esto, durante 15 años y sin tener en cuenta los posibles sobrecostos de la obra. 

Esta preocupación se refuerza con el hecho de que no ha existido una licitación con ponentes públicos que permita hacer veeduría sobre quién sería el encargado de la construcción. El proceso se ha adelantado bajo la figura de escogencia de un inversionista, que sería el encargado, desde el sector privado, de hacer la construcción. 

Un primer proceso de escogencia fue declarado desierto, pues no tuvo proponentes. Pero, luego de algunas modificaciones menores, la UPME volvió a lanzar la convocatoria, que será dirimida el 31 de marzo, cuando se firme el acta de adjudicación al inversionista escogido. Este inversionista tendrá que encargarse de la construcción de la planta en el Puerto de Buenaventura, del gasoducto que lo conectaría con el resto de la nación, y de la administración de la infraestructura por al menos 58 meses. 

Sobre el gasoducto, Camacol también tiene sus dudas, pues iría de Buenaventura hasta Yumbo. Al hacerlo así, necesariamente tendría que pasar por zonas de jurisdicción especial indígena, por zonas de protección ambiental y por zonas que hoy en día tienen fuerte presencia del conflicto armado. 

Una decisión política

También hay quien sostiene que el proyecto no responde a la demanda de energía sino a la necesidad del gobierno de conseguir plata.

“Esta no es una decisión motivada por las estrictas necesidades ni de Isagén, ni de Ecopetrol. No. Esta es una venta que se hace para conseguirle al Gobierno Nacional unos recursos de importancia. Eso está dicho en el marco fiscal de mediano plazo. Ahí dice que hay que lograr privatizaciones del orden de 19 billones de pesos para atender urgencias fiscales del gobierno. Estas no son urgencias fiscales ocurridas por la pandemia, sino por el desastre de la reforma tributaria de Carrasquilla”, aseguró el exsenador Jorge Robledo en una ponencia ante la Comisión V de la Cámara, en febrero del año pasado. 

El exsenador señaló que este proyecto es totalmente innecesario, además de un gasto desproporcionado para la ciudadanía, y que únicamente se aceleró porque el Gobierno Nacional requería recibir el recaudo que este proyecto acarrearía. 

La Dirección General Marítima, por su parte, dice que el Puerto de Buenaventura no tiene suficiente estabilidad para soportar una estructura como la que requiere la regasificadora, y que sus aguas no son suficientemente profundas. También adviete que no hay suficiente espacio para las maniobras de los buques que transportarían el gas y que la posibilidad de accidentes graves aumentaría: “Se solicita la reconsideración del área de construcción de cualquiera de los dos proyectos que implique la planta de regasificación, por la interferencia descrita para el resto de las instalaciones portuarias y el tráfico marítimo seguro en la bahía interior de Buenaventura”, concluye.

La Contraloría General también se pronunció al respecto, advirtiendo que el proyecto puede generar "afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública bajo el criterio de excepcionalidad de connotación económica”. 

Un estudio realizado por la firma Poten and Partners, que advertía sobre las dificultades del proyecto, terminó engavetado por el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, CAMBIO tuvo acceso a las principales conclusiones de este estudio, que concluye que la regasificadora podría traer consecuencias negativas para la zona, sus habitantes, las infraestructuras aledañas y los negocios que allí se realizan. 

El Ministerio de Minas le dijo a CAMBIO que, ante las advertencias, se han hecho los estudios competentes para solucionar los posibles problemas que tendrá.

Acerca de las preocupaciones sobre la infraestructura en el puerto y el gasoducto, dice que serán resueltos por la compañía que llegue a desarrollar la obra: “La ingeniería conceptual contratada por la Upme y publicada en la página web señaló dichos puntos como relevantes para ser analizados en fases de ingeniería detallada que debe llevar a cabo el adjudicatario. Los resultados obtenidos de las reuniones sostenidas con las citadas entidades permiten concluir que estos aspectos son totalmente gestionables por los inversionistas interesados en este proyecto”.

El ministerio asegura que el gasoducto no pasará por el Cauca, sino por el Valle del Cauca; y adjunta dos estudios que muestran que las afectaciones serían mínimas y que, además, el constructor tendrá que presentar sus propios estudios de ingeniería básica detallada.

Por último, el Ministerio de Minas advierte que, de no realizarse este proyecto, Colombia no estaría preparada para enfrentar escenarios de crisis energéticas futuras: “Es importante diversificar la canasta energética con fuentes nacionales y con infraestructura de importación. Esto permite proteger el país ante escenarios climáticos extremos. Todas las contingencias deben estar previstas en la planeación y de ahí la importancia de preparar la infraestructura para atender escenarios de fuerza mayor. Las noticias de la entrada en operación de Hidroituango, los nuevos descubrimientos de gas off-shore, la entrada de Fincer, los programas de recobro mejorado, la electrificación de la sociedad, los contratos vigentes de exploración y producción, el refuerzo de la infraestructura de importación de gas natural y GLP, y el modelado de los escenarios más adversos, en su conjunto, permitirán el abastecimiento seguro, económico y confiable. Es decir, tenemos muchas estrategias complementarias con las cuales damos al país mayor seguridad energética”.