Los funcionarios de Migración Colombia a los que investigan por tráfico de migrantes
Crédito: Foto: Colprensa
Contactaban a los extranjeros y les ofrecían documentos de identidad colombianos o prórrogas a sus pasaportes para que pudieran salir del país con destino a Estados Unidos o Europa.
Nueve personas, integrantes de una red criminal de tráfico de migrantes, fueron capturadas y judicializadas. Se les acusa de falsificar documentos, transportar migrantes irregulares, facilitar prórrogas en pasaportes por debajo de cuerda, entre otros delitos.
Rolando Iglesias Sanjuan, funcionario de Migración Colombia en Paraguachón, La Guajira, es señalado de ser el articulador criminal de una red de tráfico de migrantes que se lucraba con las necesidades de los extranjeros en situación de vulnerabilidad, la mayoría de ellos venezolanos o provenientes de Centroamérica.
Para profundizar
El otro servidor público que está involucrado fue identificado como Rafael Púa Ríos, quien presuntamente se encargaba, entre otras cosas, de avalar sin ningún filtro los pasaportes de los migrantes irregulares que buscaban salir del país a través del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Soledad, Atlántico.
En uno de los transportes ilegales que se le atribuye a la organización delictiva murieron cinco ciudadanos venezolanos y, por lo menos, 24 más resultaron heridos, luego de que se accidentara el bus en el que eran transportados ilegalmente hacia Guayaquil, en Ecuador.
Para profundizar
Las maniobras ilícitas de esta red criminal dedicada al tráfico de migrantes no les salieron bien en todos los casos. Hay registro de capturas a cinco migrantes venezolanos que fueron sorprendidos con documentación adulterada, una de ellas fue deportada desde México.
En otra ocasión, las autoridades migratorias descubrieron a cinco dominicanos que habían pagado por registros civiles que los hacían pasar por colombianos, uno de ellos fue expulsado del país.
Entre los demás imputados están Jorge Williangton Cabral, presunto encargado de captar los posibles clientes de los trámites ilegales, y Gustavo Moya Puertas, propietario de una empresa de transporte y logística que habría organizado los viajes por carretera con los que se pretendía sacar a los migrantes del país.
Por decisión de una juez de control de garantías de Barranquilla, todos los procesados deberán cumplir una medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.
