Millonaria fiesta para los funcionarios de la Contraloría: ¿quién podría investigarla?

A partir de las seis de la tarde de este 6 de diciembre, 1.000 funcionarios de la Contraloría estarán en el reconocido restaurante La Plaza de Andrés en una fiesta de fin de año, muy tradicional año a año en empresas públicas y privadas.

Sin embargo, lo que no es tan típico es el monto total de esta actividad, pues asciende a 486 millones de pesos, lo que ha generado una gran controversia por parte de los que consideran que este es un gasto excesivo.

Los detalles de la celebración

En primer lugar, es preciso aclarar que el evento lo realizó el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, una entidad con personería jurídica propia pero que está adscrita al ente de control.

Este fondo fue creado el 30 de diciembre de 1993 con el objetivo de contribuir a la solución de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda de los empleados de la Contraloría General de la República. Además, entre otras funciones, administra las cesantías de los empleados de la Contraloría.

Justamente, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría firmó el pasado 29 de noviembre un contrato con la caja de compensación Cafam, para “prestar el servicio de organización y ejecución de actividades recreativas y culturales de cierre de vigencia”, es decir, eventos para la época decembrina.

En total, el contrato tuvo un costo de 852 millones de pesos, de los cuales 486 millones corresponden a la fiesta de este martes. Pero lo que algunos se preguntan es, ¿por qué tanto dinero?

El evento denominado como “actividad de integración para funcionarios de nivel central” se llevó a cabo en el famoso restaurante La Plaza de Andrés, en la sede ubicada en el Centro Comercial Santafé al norte de Bogotá. 

En la cotización presentada por Cafam al Fondo de Bienestar Social se especifica el menú que los funcionarios disfrutaron, el cual consiste en una entrada de 22.000 pesos cada una, una picada de plato fuerte con un costo de 77.000 pesos por persona, una torta de almojábana de postre con un costo unitario de 17.000 pesos y dos bebidas gaseosas por persona, que suman en total 22 millones de pesos.

Al evento asistieron 1.000 funcionarios de la Contraloría por lo que la cuenta de la comida equivale a 143 millones de pesos.

Pero además de la comida, los funcionarios presenciaron el espectáculo en vivo del cantante de vallenato, Jorge Celedón, quien por una hora y media de presentación cobró 115 millones de pesos. Igualmente, el humorista Pedro González, conocido como Don Jediondo, se presentó por una hora y 15 minutos y su tarifa fue 22 millones de pesos. También habrá una banda papayera de bienvenida a la que se le deberá pagar 2 millones de pesos.

A todo lo anterior hay que sumarle los gastos en transporte del personal en 13 buses, el transporte de los artistas, costos logísticos y los “servicios exclusivos” del restaurante, estos últimos por un valor de 67 millones de pesos.

Pero la actividad en La Plaza de Andrés no es la única que contrató el Fondo con Cafam. También se llevará a cabo un 'Candy Fest', una jornada de recreación para los hijos de los funcionarios en el parque de diversiones Multiparque al norte de Bogotá, una noche de teatro, talleres de yoga y varios eventos más que, sumados a la fiesta de este 6 de diciembre, dan el costo de 852 millones de pesos.

¿Qué respondió el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría?

Frente al revuelo que ha generado el costo del evento, el gerente del Fondo de Bienestar Social, Carlos Óscar Vergara, publicó un comunicado explicando algunos puntos de la actividad.

En el texto, Vergara dice que la realización de la actividad obedece a lo aprobado en junio de 2022 por la junta directiva del Fondo dentro del Plan de Bienestar para este año y que de no haberla hecho se habría incurrido en faltas disciplinarias.

El funcionario también expresó que el costo del evento se destinó para atender a 1.000 funcionarios y que, comparado al año pasado, el presupuesto se redujo en 100 millones de pesos a pesar de que el cupo para asistir a la fiesta se aumentó de 800 a 1.000 funcionarios.

Sin embargo, en el comunicado no se responde a las inquietudes sobre si era necesario un menú individual con un costo superior a los 100.000 pesos por persona, así como la contratación de un cantante y un comediante con altas tarifas. Más aún en un momento de incertidumbre económica y de instrucciones de austeridad por parte del Gobierno nacional.

Adicionalmente, si bien es cierto que el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría tiene un presupuesto propio, esto no quiere decir que no use recursos de la nación.

Por ejemplo, en el Informe de gestión presupuestal de 2021, que es el más reciente disponible, se especifica que el Fondo de Bienestar Social tuvo ingresos propios en ese año por 17.430 millones de pesos. Sin embargo, la nación aportó un total de 47.251 millones de pesos al presupuesto del Fondo, por lo que esta entidad funciona mayoritariamente por los recursos girados por el Estado.

Además, según el informe, el año pasado los ingresos propios del Fondo de Bienestar Social correspondieron “a la venta de servicios médicos, servicios de educación, servicios deportivos y fotocopias”.

Por otro lado, en los documentos disponibles al público del Fondo, solo se puede encontrar el reporte de ejecución presupuestal actualizado a septiembre de 2022, por lo que aún no está disponible el documento en el que se especifiquen los gastos correspondientes a las actividades recreativas de final de año.

¿Quién podría investigar?

La instancia de control que podría ponerle la lupa a este contrato es la Auditoría General de la Nación, la cual normalmente analiza los reportes e informes de gestión de cada vigencia, siendo así, el de 2022 se publicaría en enero del próximo año.

No obstante, es posible que, si hay una denuncia, la Auditoría puede iniciar una actuación especial para indagar si hubo un uso indebido de los recursos públicos en este caso.

Igualmente, la Procuraduría también podría intervenir si algún funcionario resulta involucrado en una falta disciplinaria y llegado el caso, la situación puede escalar hasta la Fiscalía si se comprueba la posible existencia de un delito.