Nadie responde por El Salitre: los deportistas deben entrenar en parques de barrio
La obra de reforzamiento de la Unidad Deportiva El Salitre debió ser entregada hace tres años.
Crédito: Yamith Mariño
Entre tanto, hay cerca de 3.000 millones de pesos que no aparecen. La obra fue adjudicada en la alcaldía de Enrique Peñalosa.
El pasado 15 de septiembre, Jorge Iván de Castro, director del Sector Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá, le solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, abrir investigación por las irregularidades encontradas por el ente de control distrital en el contrato para reforzamiento de la Unidad Deportiva El Salitre.
Con dicho proyecto se buscaba actualizar estructuralmente y modernizar las instalaciones de la Unidad Deportiva El Salitre. La obra debía ser entregada el 15 de diciembre de 2019 y aún anda en veremos.
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El contrato tuvo un valor inicial de 11.816 millones de pesos y fue suscrito entre el IDRD y la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain el 27 de septiembre de 2017.
El IDRD le entregó al contratista 4.577 millones de pesos como anticipo, de los cuales hay 2.874 millones que no aparecen. Así fue determinado por la Contraloría de Bogotá en una auditoría realizada al IDRD para la vigencia 2021.
Además del posible detrimento a las finanzas de los bogotanos, 12 ligas deportivas de la ciudad se han visto directamente afectadas por los retrasos en las obras.
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Antes de que se iniciaran los trabajos, las ligas de ajedrez, lucha olímpica, tenis de mesa, boxeo, tejo, gimnasia, judo, karate, esgrima, levantamiento de pesas, voleibol y baloncesto tenían en la Unidad Deportiva El Salitre su lugar de entrenamiento.
Como las obras quedaron inconclusas, los deportistas tuvieron que encontrar nuevos sitios dónde entrenar. Incluso, les ha tocado en parques de barrio.
Por ejemplo, la Liga de Tejo entrena en el parque de la Zona Industrial; Tenis de Mesa y Lucha Olímpica, en el parque El Tunal, y la Liga de Gimnasia, en el Parque Cayetano Cañizares.
La Contraloría de Bogotá ya tiene abierto un proceso fiscal por los incumplimientos y fallas en este contrato. Ahora está en manos de la Fiscalía decidir si hay responsabilidades penales tanto del contratista como de los funcionarios del IDRD que participaron en el proceso de contratación.
