1 Julio 2022

¿No debía estar preso? Recapturado de la primera línea murió en motín de la cárcel de Tuluá

Crédito: Yamith Mariño Diaz

Uno de los 53 muertos en la tragedia del centro penitenciario fue Jhonathan Sabogal, un joven manifestante que había sido trasladado a Tuluá en diciembre del año pasado.

Por: Maria F. Fitzgerald

El incendio de la cárcel de Tuluá, ocurrido en la madrugada del pasado martes 28 de junio, dejó un saldo de 53 muertos, entre ellos Jhonathan Sabogal, un supuesto integrante de la primera línea que estaba recluido en ese centro penitenciario desde diciembre.

Sabogal hizo parte del grupo de 17 supuestos manifestantes del paro nacional del año pasado, capturados en Bugalagrande el 6 de agosto de 2021, acusados de “homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado”. Días después, todos fueron liberados porque el juez desestimó las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Sin embargo, en diciembre, Sabogal y dos mujeres fueron recapturados. De acuerdo con Walter Agredo, abogado que acompañó a Jhonathan a nombre de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, las acusaciones se habían desestimado en la primera captura: “Utilizaron testimonios de los agentes de la Sijin, inicialmente. También fuentes humanas, delatores y videos. Ellos dicen que abundante material encontrado en los allanamientos, de igual forma interceptaciones realizadas. Sin embargo, las últimas pruebas fueron desestimadas en la primera liberación”.

Aun así, Jhonathan fue detenido y trasladado a Tuluá; las mujeres, a Jamundí. Agredo dice que la Fiscalía no les ha dado explicaciones sobre el traslado. El hecho es que Jhonathan terminó muerto durante la conflagración de la cárcel en Tuluá sin siquiera haber tenido un juicio.

 

¿Qué pasa con los demás capturados?

​Desde el paro nacional del año pasado, más de 160 personas han sido capturadas bajo la sospecha de “pertenecer a la primera línea”. La oleada de capturas se reavivó poco antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El 15 de junio de 2022, más de 20 jóvenes fueron capturados en Cali, Medellín y Bucaramanga. El ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, manifestaron que las detenciones, así como los más de 160 allanamientos ejecutados por esos días, se habían llevado a cabo como "prevención" frente a posibles acciones de alteración del orden público en sitios focalizados, haciendo parte de un proceso que llamaron “Plan democracia”.

El día de las elecciones, el fiscal general, Francisco Barbosa, los contradijo. Señaló que los capturados, que ya eran 32, hacían parte de las 163 personas a las que se les seguía un proceso por crímenes cometidos durante las protestas sociales del año pasado.

Al final de la jornada electoral, el presidente electo, Gustavo Petro, utilizó su discurso de victoria para solicitarle a la Fiscalía que liberara a los jóvenes. “Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza. Simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”. Barbosa le respondió que si quería liberarlos, tendría que cambiar la ley.

 

No eran de la primera línea

Las capturas preelectorales empezaron en Cali, la ciudad que durante el paro nacional tuvo uno de los índices más altos de participación en las protestas. Alrededor de Puerto Resistencia, antes conocido como Puerto Rellena, la Policía detuvo al menos a 20 jóvenes.

Sin embargo, una lideresa de Llano Verde (barrio cercano a Puerto Resistencia), asegura que los muchachos que se llevaron ni siquiera hacían parte de la primera línea. "Se llevaron artesanos y pelados que habían estado trabajando en ollas comunitarias. Pero ninguno de ellos había salido como primera línea en los días del paro”.

En Bucaramanga fueron capturadas otras 11 personas. Cuatro quedaron libres, cinco tienen casa por cárcel y uno continúa en prisión. Según Óscar Ramírez, otro de los abogados del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien se encargó de coordinar el acompañamiento de dos de los 11 casos bumangueses, los cargos que les están imputando son una mezcla de muchas cosas. "Mezclan cargos menores (como la posesión de estupefacientes) con delitos mucho mayores (como concierto para delinquir). Esto solo crea una enorme confusión, que obliga a los jueces a tomar medidas de aseguramiento más restrictivas y terminan por crear un combo de cargos que, en varios de los casos que hemos visto, otorgan penas más graves”.

Durante la audiencia de imputación de cargos, las pruebas aportadas por Oscar Pinzón, el fiscal del caso de Bucaramanga, se refirieron a que entre los imputados había venta de diversas sustancias estupefacientes en el parque Caballo Bolívar, en agosto del año pasado. Luego de señalarlos de cabecillas y asignarles alias, la Fiscalía no agregó pruebas distintas a haberlos encontrado en un establecimiento público cargando gasolina, telas y un escudo a tres de ellos, para, argumenta la Fiscalía, fabricar bombas molotov. Pero el fiscal Pinzón no demuestra que los acusados estuvieran portando estos elementos durante la protesta, ni tampoco dice haberlos encontrado fabricando las bombas. Solo uno de los imputados fue capturado en flagrancia arrojando un objeto contundente durante las protestas.

Ramírez considera que el plan de la Fiscalía es imputarlos por tres delitos: concierto para delinquir, terrorismo y daño en bien ajeno. Pero el argumento para imputar, por ejemplo, el concierto para delinquir, según él, es haber participado en las protestas sociales.

También dice que las detenciones se construyeron sin pruebas: “A pesar de lo dicho por el Gobierno de que las capturas eran en el marco del Plan Democracia, porque tenían información de inteligencia sobre desmanes en el marco de las elecciones, ninguna actividad de inteligencia mostró eso. La mayoría de hechos eran del paro nacional del año pasado y no fueron concluyentes”.

En Popayán, Cristian Delgado, abogado que trabaja en conjunto con la Red de Derechos Humanos del Suroccidente, asegura que incluso se llevaron a personas que nunca pertenecieron a la primera línea. Según él, dos de los cuatro detenidos de esta ciudad son defensores de derechos humanos reconocidos. “Nunca participaron de desmanes. Por el contrario, hicieron un acompañamiento a la protesta desde la protección de los derechos humanos”.

Delgado cuenta que, durante la detención, la Policía terminó lastimando a la madre de uno de ellos, y que, luego de cuatro días de audiencias, lo único que se ha demostrado es el “perfilamiento de las organizaciones de derechos humanos por parte de la Fiscalía, causando la estigmatización de los líderes sociales y condenando la labor que han adelantado". Los detenidos, dijo el abogado, fueron acusados de la misma triada de cargos que en Cali: concierto para delinquir, terrorismo y daño en bien ajeno.

Agredo –abogado de Jhonathan– dice que ha notado que, en consonancia con otros procesos de integrantes de la primera línea llevados por el Comité, “la Fiscalía suele añadir muchos cargos para luego negociar con los acusados, utilizar sus testimonios y hacerlos pasar como informantes para involucrar a más personas”. Y se pregunta: “En medio de mucha gente encapuchada durante el paro, ¿cómo hacen para identificarlos con tanta certeza?. Nosotros consideramos que los relatos de los mismos uniformados no son acertados en ese sentido. Y utilizar únicamente fuentes humanas no es prueba suficiente para solicitar medidas intramurales para nadie”.

Pese a los numerosos intentos de Cambio, la Fiscalía no ha querido pronunciarse sobre la muerte de Jhonathan Sabogal, ni sobre los casos de los demás capturados.