Noemí, la niña indígena embarazada, víctima de los falsos positivos
“Yo quiero ver al que asesinó a mi hermana, lo estoy pidiendo a gritos (…) Quiero que el asesino nos dé la cara, ¿por qué no está aquí?”, les dijo María Faustina Martínez a exmilitares, que reconocen sus responsabilidades por muertes presentadas como bajas en combate, durante una audiencia ante la JEP.
Por: Redacción Cambio
Noemí Pacheco era una niña indígena wiwa de 13 años que fue víctima de los falsos positivos mientras estaba embarazada de dos meses de gestación. A Noemí le ubicaron junto a su cuerpo un revólver oxidado y un uniforme que le quedaba grande por varias tallas para simular que era perteneciente a un grupo armado.
María Faustina Martínez, hermana de la víctima, habló ante los magistrados de la JEP y los comparecientes sobre la muerte de Noemí, que como dolorosa coincidencia ocurrió cinco días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara medidas cautelares para proteger al pueblo wiwa.
Con voz entrecortada, María Faustina relató que se enteró de la fatal noticia mientras caminaba por el corregimiento de El Mojao, Cesar, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un hombre le contó que habían asesinado a su hermana junto a un muchacho kankuama. María Faustina corrió a contarle a su madre, aunque a ella el noticiero local ya se lo había anticipado.
María Faustina pidió a la JEP esclarecer quién fue la persona que dio la orden del asesinato de la niña Noemí y quién la mató. También reclamó explicaciones del porqué fue ella la elegida para llevar a cabo tan espantosa ejecución.
“Yo no los voy a perdonar, Dios verá si lo hace, pero yo no. Mi hermana era una persona campesina, no era ninguna guerrillera como decían ellos”.
El caso de Noemí fue el primero por el que la JEP utilizó el enfoque de interseccionalidad para conectar el asesinato con la victimización a comunidades indígenas marginadas. El relator del subcaso Costa Caribe, Óscar Javier Parra, indicó que seguirán trabajando para seguir con el proceso restaurativo en el territorio del pueblo wiwa.
La diligencia de la JEP tuvo lugar en Valledupar, Cesar, donde avanzó en el reconocimiento de las responsabilidades en los mal llamados falsos positivos cometidos entre 2002 y 2005 por 12 exmilitares, entre soldados y altos cargos, del Batallón La Popa, uno de los que tiene la deshonrosa etiqueta de presentar mayor cantidad de falsas bajas para argumentar resultados operacionales.
Como parte del subcaso de falsos positivos en el Caribe, la Jurisdicción Especial tuvo en cuenta el impacto desproporcionado contra los pueblos indígenas wiwa y kankuama, comunidades que lloran la muerte de 12 personas a manos del Ejército, entre ellas las de Noemí Pacheco.
Para profundizar
Los militares del Batallón La Popa involucrados en estos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil fueron imputados con el crimen de homicidio en persona protegida, el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
En cuanto a los comparecientes que no reconocieron responsabilidad en este subcaso (tres en total), Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, señaló que pasarán a un proceso adversarial que les podría significar hasta 20 años de cárcel de ser vencidos en juicio.
