Ordenan a MinDefensa enseñar informe de la Comisión de la Verdad a la fuerza pública
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Cada uniformado del país deberá tener la cartilla del Informe Final de la Comisión de la Verdad, según un fallo del Consejo de Estado.
Dos meses tiene el Ministerio de Defensa para emitir y distribuir una circular con los hechos que han llevado a que la justicia condene a la fuerza pública por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, especialmente lo relacionado a los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.
Así lo ordenó el Consejo de Estado en un reciente fallo después de estudiar la demanda interpuesta por los familiares de Álvaro Guerrero Melo, un joven que fue ejecutado extrajudicialmente en 2007 por miembros del Ejército Nacional.
El documento que debe elaborar el Ministerio de Defensa, en colaboración con el Comando General de las Fuerzas Militares, también debe tener "una estrategia de pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.
El capítulo señalado es el que se titula "Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas".
Allí, la Comisión de la Verdad aborda las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar dentro del conflicto armado en Colombia, así como las responsabilidades colectivas. Su objetivo es del responder a las preguntas de "quién hizo qué a quién, cuándo, cómo, quiénes y por qué".
Para profundizar
Además, el Consejo de Estado también ordenó que este documento sea enviado por correo electrónico a todos y cada uno de los integrantes de la fuerza pública, es decir, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, una decisión sin precedentes en el país.
El escabroso caso que motivó la decisión del Consejo de Estado
El 9 de septiembre del 2007, Álvaro Guerrero Melo fue asesinado por uniformados del Ejército Nacional pertenecientes al Grupo Especial Sparta, adscritos a la Brigada Móvil 15 del Ejército.
Horas atrás, Guerrero había salido de su casa ubicada en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander hacia el corregimiento de Guamalito. Sin embargo, nunca llegó a su destino, pues fue interceptado por militares que lo llevaron a Ocaña para dispararle y posteriormente presentarlo como un guerrillero muerto en combate.
Por esos hechos, la alta corte determinó que el Estado colombiano es responsable de lo sucedido, representado en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, razón por la cual deberá pagar a la familia de Álvaro Guerrero una indemnización de 130 millones de pesos y adelantar las acciones pertinentes para limpiar el buen nombre de este campesino.
Aunque en la JEP se han escuchado testimonios de 15 militares involucrados en este operativo, el Consejo de Estado le pidió a esta jurisdicción que lleve a cabo las investigaciones necesarias para determinar a los autores intelectuales de este asesinato.
