Petro quiere liberar a jóvenes detenidos en protestas, ¿cuál será la vía legal para lograrlo?

Este domingo el presidente Petro reiteró su interés en que más de 230 jóvenes que fueron detenidos durante las manifestaciones del paro nacional sean liberados, según él, para que pasen las festividades navideñas con sus familias y, además, se conviertan en gestores de paz.

Según argumentó el mandatario, a estos manifestantes se les violó el derecho democrático a la protesta y la libre expresión.

Sobre la eventual designación como gestores de paz, la consejera presidencial para la juventud, Gabriela Posso, indicó que el gobierno tiene planeado que estos jóvenes desempeñen labores de mediación de conflictos y dinámicas de diálogo en los territorios del país.

Según el ministro de Interior, Alfonso Prada, “no habrá amnistía o indulto” generalizado, sino una revisión caso por caso y los jóvenes continuarán sus procesos legales hasta terminarlos.

Actualmente hay más de 520 procesos vigentes por delitos presuntamente cometidos en medio de las protestas, hay 38 capturados en proceso de ejecución de penas y 50 sentencias condenatorias por delitos que van desde la tortura, lesiones personales, hasta daños a la infraestructura.

Una de las condenas más conocidas fue la que se profirió contra Sergio Andrés Pastor, alias 19, Fernando Urrea y Marcela Ivone Rodríguez por el delito de tortura, por hechos ocurridos durante las jornadas de protestas y disturbios del paro nacional de 2021 en Kennedy y Bosa, en el sur de Bogotá.

La vía legal que utilizaría el gobierno

Lo más probables es que el presidente Petro designe a estos procesados como gestores de paz en una resolución oficial, tal y como sucedió con alias Violeta, quien fue detenida por su presunta participación al atentado contra el centro comercial Andino y ahora, por pedido del gobierno, participa en los diálogos con el ELN.

Para el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, lo de Violeta es un precedente dañino para la justicia, pues estas resoluciones presidenciales pasan por encima de las decisiones, de detenciones intramurales o domiciliarias, que toman los jueces de la república y una acción de nulidad en su contra podría tardar años.

Esta movida legal para convertir a los jóvenes en gestores sociales está contemplada en la ley de orden público y es una forma para que el gobierno pueda negociar con grupos armados organizados. Estos grupos designan sus voceros en la negociación y después de ello Presidencia solicita a la Fiscalía que se levanten las órdenes de captura.

frase-destacada

"Acá ya hay dos retos, pues el gobierno esta poniendo al mismo nivel de las Farc, el ELN a la denominada primera línea, que ni siquiera tiene un mando unificado": dijo Bernate en diálogo con CAMBIO

Sin embargo, el camino legal del polémico anuncio será confirmado tras una reunión programada para este 5 de noviembre entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa.

Se espera que se expida un documento que explique cuál será el mecanismo exacto para que los detenidos empiecen las labores sociales, además de cómo será la selección de los jóvenes que tendrán el beneficio.