¿Qué pasó con la reforma a la Policía?

Hace un año, miles de manifestantes se tomaron las calles de las principales ciudades del país para protestar –en principio– por un proyecto de reforma tributaria que castigaba los bolsillos de la clase media y –de paso– exigirle al presidente Iván Duque mayor atención en temas que eran prioritarios para la ciudadanía desde el comienzo de su gobierno: una reforma al sistema de salud, mejores oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, implementación plena de los Acuerdos de Paz y el respeto a la vida de los líderes sociales de todo el país. Sin embargo, la petición que más resonó al final –por el aumento sistemático de la represión oficial a partir del paro de 2019– fue la de una reforma a la Policía.

A la petición de una reforma a la Policía, el Estado respondió con la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha sido considerada por muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos como una nueva mordaza a las manifestaciones, entre otras cosas porque elimina la responsabilidad penal cuando se esté protegiendo la propiedad privada, aumenta las penas frente a la obstrucción de vías públicas y castiga a quienes usen elementos como máscaras o capuchas que oculten su identidad. “La legítima defensa lo que promueve es la justicia por mano propia, además de que no analiza la proporcionalidad de la respuesta –dice Juliana Hernández, directora ejecutiva de la Organización Artemisas, un espacio que hace seguimiento a la incidencia política y social de las mujeres en Colombia–. Además, el aumento de penas frente a la obstrucción de vías públicas, o a quienes usen elementos que oculten su identidad es grave porque termina afectando la libertad y la autoprotección frente a la protesta”.

Camino a la impunidad

Mientras tanto, los desafueros de la fuerza pública no solo crecieron en el último año sino que están lejos de ser penalizados.

En su informe Grita!, la ONG Temblores registró, en 2021, “un total de 5.808 casos de violencia policial, de los cuales 5.048 ocurrieron en el paro nacional. Del total registrado, 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1.991 a violencia física”.

Por su parte, el informe “Torturar y castigar a quien protesta”, presentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Campaña Defender la Libertad, con el apoyo de la embajada alemana, señala que la impunidad ha sido la regla general para todos los casos ocurridos durante el paro nacional. Mientras las organizaciones de derechos humanos registraron al menos 1.555 heridos por tortura y fuerza desproporcionada durante la represión, además de 95 traumatismos oculares y 79 víctimas de tortura en procesos de detención, entre el 28 de abril y el 29 de octubre de 2021, la Fiscalía ha abierto apenas tres investigaciones por estos mismos hechos.

A estos números se suman las investigaciones de la Justicia Penal Militar, abiertas en años anteriores, que no han llegado a nada. En 2019 se iniciaron 260 investigaciones por lesiones personales y abuso de la autoridad, las cuales, en su mayoría, se encuentran en etapa de instrucción, es decir, en la etapa de investigación previa al juicio. De las 78 investigaciones que se abrieron en 2020, 76 de ellas están en etapa de instrucción. Las demás fueron archivadas.

Las investigaciones de la Procuraduría y de la Inspección General de la Policía tampoco han arrojado resultados. O han sido cerradas o han terminado sin señalar responsables puntuales.

Menos represión y más compasión

Ante este panorama, Temblores ha venido liderando una reforma a la Policía que transforme la institución desde sus bases, con el objetivo de evitar que las agresiones se repitan. “Creemos que la violencia policial es un problema sistemático del Estado colombiano que no solamente afecta el derecho fundamental a la protesta social, sino que, en el día a día, afecta de manera diferenciada a las personas LGTBIQ+, personas habitantes de calle, personas afro, jóvenes en riesgo de exclusión social y usuarios de drogas”, asegura Alejandro Lanz, director ejecutivo de la ONG.

A su llamado se suma Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch: “Lamentablemente, la impunidad es la norma para la enorme mayoría de estos abusos y no hay esfuerzos serios para garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir ni para obligar a los responsables a rendir cuentas ante la justicia”.

La reforma que piden estas organizaciones busca, entre otras cosas, prohibir el uso de armas de letalidad reducida durante las protestas, garantizar que los crímenes cometidos por policías sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar y –sobre todo– lograr que la Policía pase a ser parte del Ministerio del Interior, con el ánimo de desmontar la lógica guerrerista de la institución, que califica a los civiles como enemigos internos. Tambien busca mayor participación civil en los distintos procedimientos efectuados por la Policía, empezando por lo que sucede en los CAI, que es donde se cometen la mayor cantidad de abusos a los civiles, y la implementación de nuevos protocolos, que incluyan la formación de los agentes en derechos humanos.

“Es importante que se entienda que la Policía también ha sido una institución instrumentalizada por los gobiernos de turno. Por ello, cada vez que se ha buscado crear peticiones que favorezcan no solo a la ciudadanía, sino también a los mismos agentes, las peticiones han sido rápidamente acalladas”, asegura Óscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Para él, el actual Código de Policía, que se empezó a aplicar en 2016, y las dificultades agravadas por la pandemia han provocado desigualdades más profundas y, con ellas, abusos más desmedidos.

Son, justamente, esos abusos –al decir de todos ellos– los que disminuirían con un régimen menos policivo y más democrático, en el que la Policía esté por fin del lado de la gente y no en su contra. No obstante, todavía falta mucho para que eso suceda. De los siete proyectos de reforma que fueron radicados en el Congreso, uno ya fue archivado: el que proponía la eliminación del Esmad. Los otros seis siguen en curso, pero sin agenda.