¿Quién paga el impuesto predial del Puerto de Buenaventura?

El impuesto predial del puerto de Buenaventura, motor de la ciudad del Pacífico, no tiene doliente. Desde que la Contraloría General de la República le llamó la atención a Invías sobre los altos costos que la entidad estaba asumiendo por cuenta del pago de impuestos prediales que no le correspondían, el Estado dejó de asumir esa obligación y hoy no hay nadie que asuma la responsabilidad. El Instituto Nacional de Vías (Invías), dueño de los predios, dice que el que debe pagar el impuesto es el que esté usufructuando ese bien, es decir, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN). La Sociedad Portuaria, por el contrario, dice que el que lo debe seguir pagando es Invías, por ser el propietario del predio.

En el Distrito Especial de Buenaventura, mientras tanto, nadie parece estar muy preocupado, a pesar de que el impuesto predial representa el 25,3 por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación, recursos propios que deberían servir para cubrir gastos de funcionamiento, inversión social, saneamiento básico y nómina, entre otros. En cambio, el hueco va creciendo con cada año que se deja de pagar. Al primero de abril de 2022, la deuda total por concepto del impuesto predial del puerto de Buenaventura asciende a 240.000 millones, según cifras de la Alcaldía.

Unos impuestos muy altos frente a unas contraprestaciones muy bajas

El lío comenzó en 2018, a partir de una solicitud de revisión del pago del impuesto predial que le hizo la Contraloría a Invías. Según le explicó a Cambio Catalina Téllez, secretaria general del Invías, el ente de control fiscal reclamó por el elevado costo de los impuestos prediales que estaba asumiendo el instituto por los predios de las concesiones portuarias en Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Sobre todo, le preocupaba el caso de Buenaventura, en donde la actualización catastral de 2013 llevó a un incremento de cerca del 50 por ciento del impuesto predial. En concepto de la Contraloría, la contraprestación que pagaban estas concesionarias eran muy bajas comparadas con los impuestos que pagaba la nación.

En 2015, la Contraloría ya había advertido a Invías sobre el presunto daño fiscal en el que estaba incurriendo porque el instituto había pagado el predial de los bienes de uso público en los Distritos Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla desde 2012, a pesar de que la ley 768 de 2002 establece que quien debe pagar dicho impuesto son los particulares que se benefician de los predios.

La decisión del Invías de suspender el pago del predial, por orden de la Contraloría, prendió las alarmas en Buenaventura. La preocupación resonó en los medios nacionales. En agosto de 2018, el alcalde encargado Édison Bioscar Ruiz, aseguró que el gobierno municipal estaba a punto de quedar paralizado por la falta de estos recursos. Bioscar le dijo a Caracol Radio que, por la falta de ingresos, estaban detenidos proyectos como la recuperación de la actividad del hospital y el cumplimiento del PAE, entre otros programas sociales.

Una solución de emergencia

Bioscar viajó a Bogotá para buscar una solución, así fuera temporal, y la encontró. El 17 de diciembre de ese año, el Ministerio de Transporte e Invías emitieron la resolución 07874, por medio de la cual se reconocía y ordenaba el pago “bajo protesta” de Impuesto Predial Unificado de los inmuebles que hacen parte de la terminal marítima de Buenaventura.

El “pago bajo protesta” implicaba que Invías pagaría el predial de ese año solo para evitar los intereses de mora mientras se resolvían las demandas presentadas, y para “no generar un impacto en las finanzas del municipio, con graves repercusiones sociales”. Aunque el monto total de la deuda por el predial de ese año ascendía a 42.749’650.459 pesos, se acordó pagar 38.774’983.598, pues era lo que estaba disponible para ese rubro presupuestal.

Por su parte, el alcalde encargado se comprometía a suscribir, al día siguiente de firmado el acuerdo, un acto administrativo en el que se definiera como sujetos pasivos, es decir los responsables de pagar el predial, a los concesionarios que hacen parte de la terminal marítima de Buenaventura. Esto cobijaba, además de la Sociedad Portuaria, a la Agencia Logística de Fuerzas Militares y la Sociedad Grupo Portuario S.A., como concesionarios de uno de los 16 predios.

Casi al tiempo que Bioscar firmaba la resolución, se posesionaba otra alcaldesa encargada: Maby Yineth Viera. Según una fuente de su gabinete consultada por Cambio, nunca hubo empalme y, por lo tanto, la nueva administración no se enteró del acuerdo hasta cuando llegó el momento de cobrarle el impuesto a Invías. La Sociedad Portuaria tampoco fue notificada del acuerdo.

Ante la confusión, la alcaldesa encargada decidió cobrarles el impuesto a las dos partes: a Invías y a la Sociedad Portuaria. Para completar, el acto administrativo en el que Bioscar Ruiz definía a los particulares como sujetos pasivos fue declarado nulo, pues solo el Concejo tenía la autoridad para hacerlo. Más adelante, durante la fugaz alcaldía de Alexis Mosquera, a finales de 2019, se tumbaron los cobros por determinación conjunta que se habían hecho en la administración anterior.

'Yo me cobro y yo me pago'

La Sociedad Portuaria argumenta que, según la normatividad colombiana, el propietario del predio es el que tiene la obligación de hacer el pago del predial, en este caso, Invías. “Debe tenerse en cuenta que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura nunca ha sido sujeto pasivo del impuesto predial y dentro del Contrato de Concesión no está obligado a ello”. Lo que sí debe, sostiene la Sociedad, es pagar anualmente una contraprestación por el uso de las instalaciones portuarias. Según los estados financieros consolidados de la empresa de 2021, la compañía pagó en total 76.194.803.625 pesos por concepto de esta contraprestación el año pasado.

Por su parte, la secretaria general del Invías explica que se trata de un bien público que en principio no está gravado con el impuesto predial, pero que se convierte en un bien fiscal para las concesionarias, que son las que hacen uso económico de esos predios; por tanto, están obligadas a pagar el gravamen. La postura del Invías se apoya en un fallo del Consejo de Estado que resolvió el mismo problema, pero en el puerto de Santa Marta.

El caso es que ninguno de los tres alcaldes encargados que se relevaron entre 2018 y 2019 lograron resolver el problema.

Mientras tanto, no queda claro qué ha sucedido desde la llegada a la Alcaldía de Víctor Hugo Vidal, líder afro elegido por su papel protagónico en el paro cívico de 2017. Vidal no contestó a los insistentes llamados de Cambio para saber cómo ha procedido en la ejecución de estos cobros y cómo está afectando al Distrito la ausencia del pago del predial, el más oneroso de la ciudad. Vidal es, desde mayo de 2020, presidente de la junta directiva de la Sociedad Portuaria, una empresa mixta en la que la Alcaldía tiene una participación accionaria del 15 por ciento. Lo cual quiere decir que el alcalde, además de ser el encargado de realizar el cobro del impuesto, también es el encargado de ordenar el pago.