Razones de la Corte Constitucional para rajar al gobierno de Iván Duque por la reconstrucción de Providencia

La Corte Constitucional pudo comprobar que el gobierno Duque no entregó las viviendas para la reconstrucción de las zonas afectadas de Providencia y Santa Catalina en óptimas condiciones. 

Según la alta corte, en el proceso de reconstrucción posterior al paso del huracán Iota por el archipiélago, se le negó a la comunidad raizal el derecho fundamental a la consulta previa, lo que derivó en la construcción de casas que no cumplían con los acuerdos previos sobre las características mínimas que debían tener.

Los defectos estructurales y en los sistemas de saneamiento básico han sido los dolores de cabeza para los pobladores de estas dos islas.

Según la Corte, el gobierno anterior: "incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico". 

Además, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, determinó que los terrenos utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros ahora son botaderos de basura, lo que generó un fuerte impacto en el bienestar y la salud pública de la comunidad.

Josefina Hiffington fue la ciudadana que presentó la tutela en representación del pueblo raizal al considerar que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina vulneraron los derechos de los habitantes de las islas en el proceso de reconstrucción de la zona. 

Teniendo en cuenta la situación, la Corte Constitucional le ordenó a la UNGRD y a las autoridades locales intervenir el hospital de campaña que fue instalado en Providencia para garantizar a la comunidad el acceso a la salud, además de cerrar todos los lotes destinados al vertimiento de escombros.

También se debe garantizar el aprovisionamiento de agua potable y encontrar una solución definitiva al problema de las aguas negras.

Los hallazgos de la Procuraduría

Meses atrás, el Ministerio Público publicó un informe en el que también se revelan inconsistencias y fallas en las viviendas entregadas. 

Una de las primeras conclusiones de ese documento fue que las casas entregadas a los isleños y otros residentes damnificados presentan fallas estructurales y de planeación. Una situación que sorprende si se tiene en cuenta que la inversión para la construcción de estas casas fue millonaria.

“Viviendas construidas en acero en las cuales las barandas y ventanas tuvieron problemas de calidad, lo cual, según el reporte, se ha solucionado con el cambio de los elementos defectuosos. Durante el mes de agosto y septiembre de 2022, se adelantarán visitas para atender estas quejas”, se lee en uno de los apartes del informe de seguimiento que un grupo especial de la delegada para la gestión y la gobernanza culminó el pasado 2 de agosto. 

Además, la Procuraduría también hizo énfasis en su momento en que el sistema de saneamiento básico en las viviendas era inexistente en algunas y presentaba fallas en otras.