Reforma política: los puntos más polémicos que dividen a las bancadas del Congreso

El pasado 11 de octubre, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma política propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, a la cual solo le restarían dos debates en la Cámara de Representantes en la presente legislatura y cuatro adicionales al ser un proyecto de acto legislativo.

Las mayorías en el Congreso que logró consolidar el presidente parecen garantizarle un trámite sin mayores inconvenientes a la iniciativa, sin embargo, hay algunos puntos que siguen generando resistencia dentro de varios parlamentarios, incluso a los que hacen parte de la coalición de gobierno.

Aunque en el trámite se han caído un par de propuestas que traía el texto original, como la del voto obligatorio, otras están poniendo a prueba la solidez de las mayorías a favor del gobierno e incluso su favorabilidad.

¿Cuáles son los temas más controversiales de la reforma política?

Listas cerradas obligatorias

Sin duda este es el punto que más generó discusión en la plenaria del pasado martes. Lo aprobado en plenaria obligaría a los partidos políticos a presentar listas cerradas a partir de las elecciones de 2026 para Senado, Cámara, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales. 

El modelo de las listas cerradas implica que los electores solo van a poder votar por la lista en conjunto de un partido y no por un candidato en particular, lo que es conocido como voto preferente.

Según los votos obtenidos, la organización política tendrá derecho a cierto número de curules que serán cubiertas por los integrantes de la lista en el orden que definió su partido. Un ejemplo claro y reciente fue la lista al Congreso presentada por el Pacto Histórico en las elecciones legislativas de marzo de 2022.

Además, será necesario que todas las listas sean "cremallera", es decir, con paridad de género, la misma cantidad de hombres y mujeres ubicados en puestos intercalados.

Para los defensores del proyecto, como el senador Roy Barreras, adicional a la paridad de género, las listas cerradas tienen otras ventajas como reducir  la compra de votos, el clientelismo y los baronazgos electorales en las regiones.

Según argumentó Barreras, pueden hacer menos costosas las campañas políticas y permitir un mejor control de la autoridad electoral sobre las finanzas de los partidos.

"La lista cerrada limpia la democracia de la compra y venta de votos y los colombianos ven quiénes son los miembros de la lista y votan por los proyectos”, dijo el presidente del Senado posterior al debate.

Este es otro de los argumentos a favor de este modelo. Los ciudadanos podrán votar por el programa de un partido y no por un nombre, lo cual, en el escenario ideal, fortalecerá la coherencia ideológica de las organizaciones y movimientos políticos.

Pero la propuesta no ha sido bien recibida en varios sectores políticos. Justamente, en el debate del 11 de octubre, Roy Barreras y el senador JotaPe Hernández protagonizaron una fuerte discusión por los reparos del congresista santandereano a las listas cerradas y al proceder del presidente del Senado y ponente del proyecto de reforma política.

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"Pone de ejemplo al Pacto Histórico y dice ‘con la lista cerrada logramos elegir al 30 por ciento de mujeres’. Senador Roy Barreras, en el partido Alianza Verde con la lista abierta, también elegimos el 30 por ciento de mujeres, así es que ese argumento se le cae completamente. No sigan engañando a los colombianos”, dijo Hernández.

Frente a esto, Barreras señaló que el senador Hernández "está acostumbrado a insultar y no a proponer" y que los pronunciamientos que hace son orientados a obtener "likes".

Uno de los argumentos en contra de las listas cerradas señalan la existencia de caudillismos dentro de los partidos, es decir, figuras muy relevantes que incluso pueden estar por encima de los programas políticos de la colectividad.

Según esas críticas, la popularidad de un líder político puede atraer miles de votos a la lista de un partido determinado sin que los votantes tengan necesariamente en cuenta las propuestas del partido, ni a los otros integrantes de la lista cerrada, quienes no podrían ser idóneos para la curul o incluso sin ser conocidos por los ciudadanos.

Por otro lado, la paridad de género también puede verse perjudicada aunque existirían fórmulas que podrían implementar los partidos para garantizar que sus bancadas tengan una presencia equitativa de las mujeres.

Régimen de incompatibilidades

Otro de los puntos polémicos de la reforma política que se ha mantenido es la eliminación del régimen de incompatibilidades. Esto permitiría que un congresista pueda pasar directamente de su curul al poder Ejecutivo sin tener que renunciar un año antes como sucede en la actualidad.

Por ejemplo, de aprobarse la reforma, un senador puede renunciar hoy y mañana posesionarse como ministro o aspirar a una alcaldía o gobernación.

Desde sectores académicos han criticado esta propuesta por considerar que pone en riesgo a la separación de poderes. Por otro lado, la mayoría de la bancada liberal defiende esta propuesta asegurando que un legislador tiene una preparación ideal para ser parte de la rama Ejecutiva, si se considera necesario.

Financiación de las campañas

Finalmente, la fuente del dinero para las campañas políticas también es un punto que generó grandes debates en el Senado.

Aunque finalmente se acordó mantener un sistema mixto, es decir, con recursos provenientes del Estado y de empresas privadas, se propuso, por parte de algunos congresistas de la coalición de gobierno, adoptar una financiación exclusivamente estatal.

Como era de esperarse, las bancadas de la oposición fijaron su postura contraria a esta idea por considerarla riesgosa para partidos y organizaciones políticas que no sean afines al gobierno de turno. 

Sin embargo, el sistema mixto tampoco se salva de las críticas. Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha manifestado su preocupación, pues mantener la ventana a la financiación privada puede propiciar una "compra" de representación política por parte de privados con más capacidad económica para dar recursos a las campañas.