Representante de víctimas se 'autoamenazó' y envió falsos panfletos intimidatorios a líderes sociales
Foto de Jesús Mario Corrales en el momento de su captura, en diciembre de 2020.
Crédito: Foto: Fiscalía General de la Nación
Entre los amenazados estaba el ahora presidente Gustavo Petro, los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro y más de otras 30 personalidades.
Jesús Mario Corrales, quien se desempeñaba como coordinador de la Mesa Municipal de Cartago y de la Mesa Departamental de Víctimas del Valle del Cauca, fue condenado por diseñar y distribuir falsos panfletos intimidatorios firmados supuestamente por un brazo criminal de las Águilas Negras. Él mismo se incluyó entre las supuestas víctimas.
En el panfleto, que Corrales publicó en sus redes sociales en enero de 2020, se incluían los nombres del ahora presidente Gustavo Petro, los políticos María José Pizarro, Iván Cepeda, Alexander López Maya, Aída Avella, líderes sociales como Yolanda Perea y Alberto Vidal, entre otros.
Para profundizar
La amenaza se compartió a las personas vinculadas por medio de un grupo de WhatsApp abierto desde una línea telefónica desconocida.
Entre las investigaciones de la Fiscalía se estableció que la tarjeta SIM utilizada para crear el chat colectivo fue comprada en un establecimiento de comercio en Cartago, Valle del Cauca.
Posteriormente, los análisis técnicos realizados evidenciaron que, a pocos metros del local, en el lugar de residencia de Corrales, fueron diseñados y enviados los panfletos a alcaldes, congresistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
Durante el allanamiento y registro del inmueble de Corrales y la sede de una “fundación de la que es representante legal” en este municipio, fueron incautadas varias tarjetas SIM, numerosas USB y un computador y varios celulares.
Para profundizar
Corrales fue capturado en diciembre de 2020 y permanecía desde entonces con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Este jueves se conoció que, mediante un preacuerdo, aceptó ser el autor de los panfletos y fue declarado responsable de los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos; amenazas; y falsa denuncia agravada.
Por los hechos deberá pagar una condena de nueve años de prisión.