Superintendencia chica, contratación grande

Carlina Correal Chivita se graduó de la Universidad Nacional de Colombia como licenciada en pedagogía, y se especializó en la Santo Tomás en docencia universitaria. Así lo muestra el cuadro evaluativo de perfil del contratista, uno de los documentos que cualquier ciudadano puede consultar si revisa los procesos de contratación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el sistema electrónico para la contratación pública, SECOP. 

Carlina ha sido rectora de la Normal de Quetame, (el mismo pueblo en el que nació el superintendente de vigilancia Orlando Alfonso Clavijo), también de la Normal de Gachetá y del Colegio de Sibaté, pero no tiene ninguna experiencia en seguridad. Eso no fue inconveniente para que la Supervigilancia le diera un contrato por 30 millones de pesos. 

Igual de afortunada fue Julia Emma Garzón, polémica exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura que no se quería ir del puesto. Ella también recibió sus 30 millones. 

Sin importar sus trayectorias, tan alejadas del sector de vigilancia y seguridad, el superintendente Clavijo las contrató. A la antigua rectora en la delegada para la operación y a la exmagistrada en la delegada para el control. El objeto de los dos contratos es el mismo, la ‘optimización de los procesos de control, inspección y vigilancia fortaleciéndola con los sistemas de información de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada’”. 

Estos son apenas dos de los 417 contratos directos, sin licitación, celebrados entre el 1 y 28 de enero de 2022. Esta feria de contratación le costará a los contribuyentes 14.224.900.090 pesos. De estos 417 contratos, revisamos 290 contratistas*, y encontramos que 50 de ellos han ejercido cargos públicos en municipios de Cundinamarca o fueron contratistas de entidades oficiales en ese departamento. El superintendente Orlando Clavijo, antes de serlo, era representante a la Cámara por el partido conservador en Cundinamarca, después de haber ocupado la Alcaldía de Quetame, su pueblo natal.

Según Jorge Santos, profesor de contratación pública de la Universidad Externado de Colombia, los altos números de contratos celebrados a principios de 2022 en algunas entidades pueden parecer exagerados, pero hay que tener en cuenta que se trata de un año atípico por las elecciones. “No hay un referente objetivo para decir si son muchos o pocos, el punto es si las justificaciones de los contratos son sensatas, si no han partido un contrato que debía ser por licitación en muchos contratos chiquitos para sacarlos por contratación directa, ese es el tipo de cosas que vale la pena cuestionar,” señala.

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“No hay un referente objetivo para decir son muchos o pocos contratos, el punto es si las justificaciones de los contratos son sensatas, si no han partido un contrato que debía ser por licitación en muchos contratos chiquitos para sacarlos por contratación directa, ese es el tipo de cosas que vale la pena cuestionar”, señala Jorge Santos, profesor de contratación pública del Externado.

 

Un exsecretario de la Superintendencia le dijo a Cambio que, en el caso de la Supervigilancia, se trata de una cifra de contratos exagerada, “no se necesita tanta gente”. Y si realmente se requieren, en una entidad con 94 funcionarios de planta, esto solo muestra la necesidad de una reforma de la superintendencia, asegura el antiguo funcionario. 

Pasado negro, presente azul

Según la revisión de Cambio, entre quienes ganaron contratos con la Supervigilancia en enero hay al menos siete contratistas con pasado cuestionable. Entre ellos está Beatriz Enciso Beltrán, quien como alcaldesa de Nocaima, Cundinamarca, ejecutó una obra para electrificar la vereda de San José en 1993, pero resultó que la red de electricidad ya estaba instalada desde 1991. Por esta ejecución irregular de contrato la Procuraduría le abrió un proceso disciplinario. 

En la Supervigilancia, Enciso Beltrán fue contratada para apoyar la oficina asesora de “planeación en la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades requeridas en cumplimiento al proyecto de inversión implementación del sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo”, una función para la que se requieren estudios específicos en SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), que la ingeniera industrial y exalcaldesa no registra.

También aparece como contratista de la Supervigilancia Alberto Dimaté, el primer alcalde elegido por voto popular en Madrid y exdiputado de la Asamblea de Cundinamarca. En 1990, en calidad de alcalde, la Procuraduría lo investigó por presunta participación en política. 

Ya como diputado (1995-2000), se conocieron denuncias de supuestos cobros de comisiones para la realización de obras públicas en el departamento. Finalmente, en el año 2000 Dimaté fue destituido por apropiarse de unos viáticos y la Procuraduría lo inhabilitó por un año. Pero, a la larga, al expolítico no le fue nada mal, pues según registra en su perfil ante la Supervigilancia volvió a ser diputado en el 2004 y luego fue gerente general de la Lotería de Cundinamarca entre 2012 y 2015.

Hay otros contratistas que han prestado asesorías controversiales, como Arnulfo Evangelista Roncancio. En 2020, el economista especializado en gestión pública, que en ese momento asesoraba a la Alcaldía de Sincelejo, protagonizó un escándalo porque en el plan de desarrollo que él había ayudado a elaborar aparecía la palabra ‘Quibdó’. Esto desató las especulaciones de que Roncancio había copiado y pegado el plan de desarrollo de la capital chocoana y ni siquiera había cambiado el nombre de la ciudad. Luego de la polémica, la Alcaldía de Sincelejo y el asesor decidieron, de común acuerdo, liquidar el contrato por 126 millones que habían celebrado para la asesoría. Este año, Arnulfo Evangelista prestará sus servicios a la Supervigilancia para asesorar el modelo integrado de planeación y gestión.

La Supervigilancia le dijo a Cambio que se verificaron los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y requerimientos judiciales y medidas correctivas en todos los procesos de contratación. En el caso de la rectora Correal, afirma que no está tan lejos de su vocación de docente, pues presta sus servicios a la delegada para la Operación apoyando el equipo interdisciplinario encargado de impartir la aprobación de diferentes cursos. “De igual manera ha venido asesorando a la delegada para la Operación en la formulación del proyecto normativo mediante el cual se establecerán los requisitos y lineamientos que deben contar los planes educativos institucionales en capacitación y entrenamiento en vigilancia y la seguridad privada”.

En otros casos, el pasado de los contratistas es más azul que negro. Entre los contratos revisados por Cambio se encuentran también antiguos aspirantes a cargos de elección –la mayoría por el Partido Conservador, pero también liberales y de Cambio Radical– que no ganaron. Así como le sucedió al actual superintendente, Orlando Alfonso Clavijo –que se quemó en las elecciones a la Cámara en 2018, en las que hizo fórmula con el actual precandidato presidencial, David Barguil– otros encontraron en la Supervigilancia una gran opción de trabajo luego de sus derrotas políticas. 

Lo mismo aplica para algunos de los directivos de la entidad. Néstor Orlando Balcázar Romero, actual delegado para la Operación, fue candidato a la Alcaldía de Supatá, Cundinamarca, en 2019 por el Partido Conservador. Ese mismo año, el ahora secretario general de la superintendencia, Christian Rafael Herazo Miranda, se lanzó al Concejo de Cartagena, también por el Partido Conservador, y tampoco tuvo suerte. Eso, a pesar de tener el respaldo del ahora precandidato presidencial David Barguil, jefe político del superintendente. En 2018, Herazo había sido designado como secretario de Talento Humano en la fugaz alcaldía del conservador Quinto Guerra, que a los 15 días de posesionado fue suspendido por la Procuraduría. 

Pero la conexión entre Quinto Guerra y el secretario general de la Supervigilancia no parece haber terminado ahí. Así como antes fue el curtido político conservador quien le dio trabajo a Herazo, ahora es este último el que autoriza la contratación del joven abogado Carlos Antonio Guerra Martelo, hijo de Quinto Guerra, en la superintendencia.

Otro joven contratista de la Supervigilancia, cercano a pesos pesados dentro del Partido Conservador es Carlos Alberto Andrade González, sobrino del exsenador huilense Hernán Andrade, quien no se presentó para su reelección después de ser mencionado en el escándalo del cartel de la toga, y de su hermana la actual senadora Esperanza Andrade.  

El abogado Andrade le dijo a Cambio que no milita en ningún partido político, y que desde 2021 se desempeña en la Supervigilancia “aproximadamente 17 obligaciones específicas”, pero a grandes rasgos su labor es brindar “apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica en respuestas a PQRS, y sustanciación al grupo de recursos que existe al interior de la Entidad”.

Menos joven pero más conservador, es Roberto Eduardo González Paternina, dirigente de Pelayo, Córdoba, conocido como el Moti González. Según El Meridiano de Córdoba, Moti “es del grupo de David Barguil”. Además de conocimientos de derecho constitucional, el Moti debe tener experiencia en servicio al cliente, pues la superintendencia lo contrató este año para “prestar los servicios profesionales a la gestión en el grupo de atención al usuario de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en las actividades propias de atención presencial y telefónica”.

Proyectos de inversión para contratar personal

Así como la rectora Carlina Correal y la exmagistrada Julia Emma Garzón, Cambio encontró que una gran parte de los contratos están relacionados con el proyecto de inversión “de optimización de los procesos de control, inspección y vigilancia mediante el fortalecimiento de los sistemas de información de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. 

Según la Supervigilancia, este proyecto comenzó a ejecutarse en 2019 y finalizará este año. Sus principales objetivos son “mejorar la gestión de expedientes en materia de quejas, inspecciones, sanciones, licencias y /o permisos” y “fortalecer los sistemas de información y comunicación”. Este año se contrataron 253 personas para dar cumplimiento a ese objetivo. De acuerdo con la entidad, este proyecto ya ha tenido importantes logros en transformación digital, pero según dos fuentes consultadas por Cambio, esa es precisamente una de las grandes falencias de la superintendencia. Muchos de los procesos se siguen realizando manualmente.

Según el exsecretario consultado por Cambio, la utilización de recursos destinados a inversión en la contratación de personal es una práctica que no se inventó la administración actual. Se ideó, afirma, como una manera de subsanar el bajo presupuesto que tradicionalmente ha tenido la entidad. 

En  2021, el presupuesto de la Supervigilancia fue de 32.905 millones de pesos, casi la décima parte del presupuesto de la Superintendencia de Notariado y Registro, y cerca de la octava parte del de la Superintendencia Financiera. Los recursos destinados a la Superintendencia de Vigilancia no representan ni el 1 por ciento del presupuesto del Ministerio de Defensa, del que depende, y se queda corto incluso frente al presupuesto de funcionamiento del Club Militar de Oficiales, que el año pasado fue de 55.337 millones. 

A este respecto, la Superintendencia de Vigilancia le dijo a Cambio que desde su creación en 1994 cuenta con una planta de personal de menos de 94 funcionarios, de los cuales solo 44 son de nivel profesional. Esto a pesar de que los servicios que debe vigilar han pasado de 763 en el año de su creación, a 10.531 en 2021. “Se evidencia claramente que nuestra planta de personal es insuficiente para cumplir a cabalidad la misionalidad de la entidad, por lo que se recurre a los contratos de prestación de servicio como mecanismo permitido por la ley para resolver tal dificultad y desarrollar la gestión institucional”.

Para Nicolás Botero, presidente ejecutivo de Fedeseguridad, el hecho de que la Supervigilancia cuente con tan pocos recursos la convierte en una entidad vulnerable a “manoseos”. Afirma que, a pesar de la voluntad del actual superintendente de agilizar procesos, la supervisión es difícil, los cambios de contratistas son frecuentes y hay un gran atraso tecnológico. Muchos trámites que deberían salir en un mes pueden tardar hasta seis meses. 

Lo que pasa en la Supervigilancia parece quedar siempre bajo el radar. “Es un servicio realmente importante, pero no está entre las prioridades de la agenda pública”, señala Botero.

*Cambio intentó contactar a todos los contratistas mencionados, pero a excepción de Carlos Alberto Andrade, no obtuvo respuestas.