Timbiquí: lo que deja una masacre

Por María Fernanda Fitzgerald

“Es la zozobra todo el tiempo y usted ya no sabe con quién puede hablar y con quién no, porque en este momento no sabemos a quién le estamos respondiendo”, dice Martha, una de las lideresas más fuertes en el municipio de Timbiquí y que ha llevado desde hace más de 20 años diversos procesos con mujeres de la región. Hoy siente miedo por lo que le puedan hacer y su nombre fue cambiado para proteger su identidad. 

La primera masacre ocurrió hace un poco más de un año. “Ahí fue cuando empezamos a sentir que la violencia había regresado en forma”, dice ella. Mataron a cuatro miembros de la comunidad e hijos de las compañeras de trabajo de Martha. Eran muchachos jóvenes, todos criados en el pueblo, pero de eso no se supo mucho, porque a todos en el pueblo les dio mucho miedo hablar. No salió a la prensa. No tuvo cubrimiento. 

La segunda masacre ocurrió hace unos días, el 26 de enero. Asesinaron a tres hombres el primer día, y justo al día siguiente asesinaron a dos más. Este nuevo hecho se suma a las casi 200 masacres que se han reportado en todo el territorio nacional desde principios de 2020, de acuerdo con cifras de Indepaz. 

Timbiquí es un municipio del suroccidente del país que junto con Guapi y López de Micay componen buena parte del pacífico caucano. Siempre ha sido una zona en disputa, pues su ubicación cercana a la costa lo convierte en uno de los puntos clave para el paso del narcotráfico y la minería ilegal. Por eso, controlar esta región es estratégico. Y, de acuerdo con Kyle Johnson, cofundador e investigador de la fundación Conflict Responses (CORE), el control actual y casi hegemónico lo tiene el frente 30 de la columna móvil Jaime Martínez, de las disidencias. Ellos, al parecer, son los autores de la última masacre. 

“Según ellos, que los mataron porque eran infiltrados. Eso fue lo que le dijeron al pueblo. Porque los mataron, además, al frente de las personas del pueblo. En la cabecera. Usted antes sabía que esas cosas pasaban, pero casi siempre los metían al monte. Ahora no. Ahora fue frente a todos”, dice Martha sobre esta masacre. Y es que, como ella lo ve, lo hacen así para mantenerlos callados. Para tenerlos controlados: “y lo están logrando”, dice. 

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Las noches en Timbiquí, al menos en la cabecera, solían llenarse de música hasta hace algún tiempo. Sobre las cinco de la tarde, las discotecas ponían música a todo volumen para convocar a las personas que llegaban de trabajar... “Ahora son las siete de la noche y no se ve un alma en las calles”.

Las noches en Timbiquí, al menos en la cabecera, solían llenarse de música hasta hace algún tiempo. Sobre las cinco de la tarde las discotecas ponían música a todo volumen para convocar a las personas que llegaban de trabajar. El pueblo entero empezaba a reunirse en la plaza principal para disfrutar el fin de la jornada, aprovechando también que la temperatura por fin había bajado. Las noches se extendían hasta la madrugada, cuando ya era tiempo de descansar para salir a trabajar temprano al día siguiente. 

“Ahora son las siete de la noche y no se ve un alma en las calles”, asegura Martha. Para ella, todos estos hechos los tienen con mucho miedo e incertidumbre. Camilo Posso,  director de Indepaz, considera que la disputa que hemos visto en zonas del suroccidente del país ocurre “por confrontaciones que tienen los grupos armados con las comunidades étnicas, que resisten defendiendo el territorio, la autonomía y que buscan defenderse contra el reclutamiento”. 

El suroccidente es una de las zonas más golpeadas por las masacres. Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó registraron 51 masacres en 2020 y 48 en 2021. “Aunque se ha venido dando un aumento en las masacres y sus víctimas desde 2017, es cierto que en los últimos dos años ha habido un mayor incremento. Esto ha ocurrido por la reestructuración territorial de distintos grupos que han entrado a disputarse el control de las zonas. Pero, este nuevo fenómeno tiene una particularidad y es la cantidad de víctimas por masacre”, señala Kyle Johnson. 

A esas masacres él las llama masacres selectivas, que ocurren por diversos motivos: “Entre ellos hay mucha especulación, lo cual también se convierte en otro motivo de incertidumbre y es que en realidad muchas veces no se sabe por qué ocurrió una masacre”. Sin embargo, también hay algunos motivos ya definidos y sistematizados. 

Uno de los principales es tener familiares vinculados con un grupo armado, fenómeno que ocurre sobre todo en Nariño, en donde han masacrado a familias enteras porque uno de ellos fue reclutado por un grupo enemigo. 

El segundo motivo es por el control del narcotráfico, sus cadenas de producción y las economías ilegales: “Si de pronto una familia vende pasta de coca a quien no es, o roba plata de alguna transacción, eso les puede significar la muerte”. 

El tercer y último motivo es el de la gobernanza. Aunque no es tan común, sí suele suceder cuando es necesario instaurar el orden porque alguna persona está infiltrada, cobrando vacunas donde no debería hacerlo, o incluso haciéndose pasar por miembro de los grupos cuando no lo es. Pero ante todo, la masacre en sí misma manda un mensaje muy claro al resto de la población. Ese mensaje, por supuesto, es para que se sepa quién controla la región y cuáles son sus reglas. 

“Es un ambiente muy hostil. Hay demasiado infiltrado. La gente entra, sale, no se sabe quiénes son en realidad. Eso es muy cruel. La violencia que estamos viviendo en todo el Cauca y en el Pacífico es muy cruel”, dice Martha, quien además considera que los pusieron más en riesgo al no aplicar correctamente los Acuerdos de Paz. A su perspectiva se unen Camilo Posso y Kyle Johnson, quienes consideran que una correcta implementación habría permitido mitigar mucha de esta violencia y no habría dejado a las comunidades con tanto desamparo. 

Para Emilio Archila, actual consejero presidencial para la estabilización y la implementación, el Gobierno de Iván Duque ha aplicado de manera correcta los Acuerdos de Paz y los ha reforzado con la política de Paz con Legalidad. El consejero aseguró en entrevista con este medio que la voluntad de implementación se ha mantenido durante todo el período presidencial y que han: “Ratificado de múltiples maneras la voluntad del presidente Iván Duque en favor de las víctimas. Hemos impulsado las curules de las víctimas y hemos renovado nuestra voluntad política a favor del proceso de reincorporación. El presidente ha dicho ‘estoy jugado con la implementación’”. 

De acuerdo con el consejero, lo que ha venido ocurriendo con las masacres no es algo que pueda solucionarse con los acuerdos, ni con su implementación, pues es un fenómeno que ya se presentaba de tiempo atrás y tiene actores armados antiguos: “Los que están causando las violencias hoy en día son grupos que ya existían de tiempo atrás: el ELN, los Caparros, los Pelusos, el Clan del Golfo, los Contadores. A estos se sumó la desgracia de las disidencias y es absolutamente imposible que unas violencias que existían antes de la firma del acuerdo, se le pretendan achacar de alguna manera al posible incumplimiento de ese mismo acuerdo”. 

Lo cierto es que el miedo sigue rondando por todo Timbiquí. Lideresas como Martha no saben muy bien qué deben hacer, ni con quién deben hablar, pues saben que sus vidas se pueden poner en riesgo. A ella, que ya la han llamado y la han ido a visitar para que acomode sus labores a las nuevas leyes del grupo, la invade la incertidumbre y pide una intervención más clara por parte del Estado: “Me parece  que el Estado debe promover estrategias reales de protección para las lideresas defensoras de derechos humanos. Es importante garantizar el quehacer organizativo y comunitario de las mujeres, que somos la base para que los actores no se lleven a nuestros hijos, otra vez, para la guerra”.