6 Septiembre 2022

Una nueva audiencia para pedir la libertad de los presos detenidos por protestar

Crédito: Yamith Mariño Díaz

En más de 40 intervenciones, distintas organizaciones sociales, ONG y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron la arbitrariedad de las capturas y los cargos desmedidos contra los detenidos.

Por: Maria F. Fitzgerald

En una audiencia pública, celebrada el 5 de septiembre ante la Cámara de Representantes, la Comisión Accidental para la verificación de garantías y derechos humanos de personas capturadas durante la protesta pidió una vez más la liberación de las personas encarceladas con cargos relacionados con las manifestaciones. 

Durante la audiencia, que contó con más de 40 ponencias, la comisión denunció la falta de pruebas contundentes contra los detenidos y los tratos violentos durante los traslados a los centros de reclusión. 

Bandera abajo

La audiencia, que tomó cinco horas, se tornó tensa cuando la Policía Nacional decidió desmontar la bandera que habían colgado los colectivos que solicitaban la libertad de los presos.

Los líderes de las distintas organizaciones, entre las que estuvieron el Congreso de los Pueblos, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los presos políticos (CSPP), insistieron en que la Fiscalía les ha atribuido a los detenidos –injustificadamente– delitos que van desde daño a bien ajeno hasta cargos por terrorismo y crimen organizado, sin ninguna evidencia.

“La utilización de tipos penales graves, como el concierto para delinquir y terrorismo no resultan adecuados para sancionar conductas violentas en el marco de las protestas: resultan excesivas e imprecisos”, dijo Juliette de Rivero, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). De Rivero denunció los ataques a las personas encarceladas. Aseguró haber registrado casos de tortura, golpizas, daños a sus bienes y aislamientos sin motivos claros en los centros de traslado y en los centros carcelarios donde están retenidos los presos. Además, aseguró que la represión no ha quedado únicamente en actos físicos: para ellos, es de especial preocupación notar la estigmatización que existe alrededor de grupos que se destacaron durante la protesta, como es el caso de la Primera Línea: “La estigmatización generada a asociaciones como la primera línea ha llevado a la tendencia de criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social. Es necesario que se garantice el debido proceso”.

Finalmente, los denunciantes se quejaron del poco avance que han tenido estos casos en el terreno judicial. 

La organización Defender la Libertad ha registrado al menos 3.546 detenciones durante los días del estallido social de 2021, todas ellas –según la organización– de carácter arbitrario y todas ellas en lugares donde las capturas no eran procedentes.