Vivir en una caja de fósforos: el auge de los microapartamentos

Los apartamentos en Bogotá son cada vez más pequeños. Los sofás están al lado de la cama, el televisor en el mesón de la cocina –y debajo del mesón, la lavadora–, la nevera al lado del baño, la cama está encerrada entre dos muros. Y pese a sus tamaños cada vez más reducidos, los precios continúan elevándose. La sobredemanda en ciertas zonas de la ciudad, los topes de expansión que ha tenido Bogotá y la sobrepoblación son algunas de las razones detrás de estos proyectos. Sin embargo, dadas sus condiciones, en Cambio quisimos adentrarnos en estas construcciones, para entender si están garantizando los mínimos requeridos para llevar una vida digna.

Fabio Vinasco, arquitecto, investigador asociado de Colciencias y director del Programa de Arquitectura de la Universidad Agustiniana, piensa que estos proyectos no están generando una buena condición de vida para sus habitantes. Para él, lo que se ha priorizado en estos nuevos espacios es la ganancia de los inversionistas y no el bienestar de sus habitantes:

frase-destacada

“Es un problema complejo, pues es algo que ocurre porque el Estado tampoco ha dado buena respuesta a las necesidades básicas de los habitantes”. 

¿Y cuáles son las necesidades básicas que deberían ser satisfechas para garantizar la calidad de vida? Tener acceso a parques, a comercio, vías adecuadas y centrales, además de un sistema de transporte eficiente, entre otras comodidades, que en realidad son necesidades para los habitantes de la ciudad. Justamente, el acceso a este tipo de servicios es lo que termina por elevar el precio de ciertas zonas residenciales, como ocurre con localidades como Chapinero, Teusaquillo y algunas zonas del centro de Bogotá. 

Pero, como lo señala Vinasco, ni la ciudad, ni mucho menos las constructoras privadas, están cubriendo estas necesidades: “Estos son proyectos que responden de manera similar a como lo hicieron en su momento los conjuntos privados. Crean áreas internas que le dan esas condiciones a quien las puede pagar, pero el resto de la ciudad termina por quedar sin ese acceso mínimo”. 

Y eso parece haberlo ratificado la alcaldía de Claudia López en el último Plan de Ordenamiento (POT) que presentó al Concejo de Bogotá. Allí, en el artículo 348, radicó una propuesta que prohíbe la construcción de apartamentos menores a los 42 metros cuadrados, lo que le pondría un freno inmediato a varios de los proyectos anteriormente mencionados. Esto, principalmente, para los proyectos considerados Vivienda de Interés Social (VIS) que cuentan con un subsidio por parte del Gobierno nacional, que permite a personas vulnerables tener mayores posibilidades de acceder a la vivienda propia. 

La secretaria de Hábitat, Nadya Milena Rangel, asegura que el proyecto se presentó para proteger los intereses de las distintas necesidades de vivienda de los bogotanos: “ Definir un área mínima es coherente con el concepto de vivienda de interés social que implica el cumplimiento de estándares de calidad en diseño urbanístico y arquitectónico, e incorpora el principio de ‘Vivienda digna y de calidad’ que obliga a las entidades públicas a implementar mecanismos que permitan la mejora de la calidad de vida de la población menos favorecida, entre otros, a través de vivienda nueva que permitan vivir en condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad y calidad”.

Sin embargo, el sector de la construcción se opone a parte de esas ideas. Alejandro Callejas, quien es el actual presidente de Camacol, una asociación gremial de constructores, asegura que la altísima regulación del sector de la construcción en Colombia no permitiría que ellos, los constructores, terminaran por crear proyectos que fueran en contra de las mejores condiciones para los habitantes de la ciudad. 

Adicionalmente, Callejas señala que ha sido la demanda del mercado la que irremediablemente ha llevado a que las constructoras asuman este tipo de lugares como una nueva opción para ofrecer: “Aquí hay que decir que el censo del Dane 2018 evidenció la tendencia en la disminución en el tamaño de los hogares en Bogotá, aumentando la participación de los hogares de uno, dos y tres integrantes. El promedio hoy es de 2,8 personas por hogar y se proyecta que para 2035 este promedio sea de 2,2 personas”. 

Sin embargo, ¿será que lo más apto para los habitantes de Bogotá son espacios donde el sofá está justo al lado de la cama y la cocina queda en el mismo mesón que el televisor, porque el área total del apartamento es de 32 metros cuadrados? Que cuesta, además, 400 millones de pesos.

O será que puede ser este lugar en el que la nevera queda justo al lado del baño porque no cabe en la cocina, la lavadora está empotrada en el mesón de la cocina y la cama está encerrada entre dos muros, porque el área total del apartamento es de 31 metros cuadrados. Al que es posible acceder desde 190 millones de pesos. 

O también podría ser este apartamento en el que la habitación, la sala, el comedor y la cocina son un monoambiente, con una cosa pegada a la otra y sin mucho espacio para circular porque tiene apenas 32 metros cuadrados. 

Aquí es importante mostrar un desbalance adicional: las construcciones VIS empezaron a beneficiar a hogares que no requerían este incentivo. Rangel señala que encontraron construcciones que no cumplían con las condiciones determinadas para el incentivo VIS: “Hicimos un análisis de la denominada falsa VIS, evaluando el tipo de vivienda y la capacidad de pago de los hogares, y encontramos vivienda dentro del tope de los 150 SMMLV pero en estrato 4, 5 y 6, con valores del metro cuadrado entre $3.200.000 y 9.000.000, y con áreas incluso de 17 m2, las cuales no serían viviendas para atender la necesidad de los hogares vulnerables y se está subsidiando la oferta –porque existen exenciones tributarias para la VIS”.

El arquitecto Vinasco considera que la manera en que se han elevado los precios de estos proyectos no es proporcionada ni a las áreas que ofrecen, ni mucho menos a las condiciones de vida que terminan creando para sus habitantes. Señala que hay zonas donde se han hecho estos proyectos, cuyo metro cuadrado está entre los 10 y 12 millones de pesos. Esos precios, señala Vinasco, son tremendamente elevados para el promedio de ganancia que puede tener un colombiano: “Eso lo único que está causando es que las personas de clase media, media-baja y baja no puedan tener acceso a comprar vivienda nueva. Ellos deben acudir, entonces, a los incentivos estatales, que nuevamente terminan beneficiando una vez más a las constructoras de este tipo de lugares”. 

Casallas piensa que estos precios son simplemente una respuesta a distintos factores, entre ellos el riesgo financiero que implica desarrollar un proyecto en el sector de la construcción. Explica que un desarrollador debe proyectar los precios, usualmente, a dos años hacia el futuro para ser competitivo, pero evitar tener pérdidas. Sin embargo, pone por ejemplo lo que ha ocurrido en el último año y medio: “Cuando los costos de construcción han crecido por encima de la inflación. Esta circunstancia, sin lugar a dudas, ha generado más incertidumbre al desarrollador que ahora debe revisar con mayor cuidado sus precios”.

Si en algo sí coinciden es en que la tendencia hacia los microapartamentos seguirá creciendo. Con demandas cada vez mayores, y cada vez más personas queriendo habitar espacios centrales, es posible que veamos estos lugares apareciendo más y más. Vinasco considera que lo que veremos a futuro serán ciudades de edificios delgados, cada vez más amontonados y viviendas más pequeñas que, de no crearse un plan de vivienda y calidad de vida que coordine a las constructoras privadas con el Estado, terminará configurando una ciudad que afecte gravemente a sus habitantes.