18 Mayo 2022

Abogados de Daniel Quintero solicitan medidas cautelares ante la CIDH

Los abogados defensores del suspendido alcalde de Medellín presentaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de conocer la decisión de la Procuraduría General de la Nación.

Durante una rueda de prensa, los abogados defensores Carlos Rodríguez y Héctor Carvajal, explicaron que las decisiones tomadas por la procuradora Margarita Cabello son irregulares y representan falta de competencia, por lo tanto, esperan presentarse la próxima semana ante la CIDH para que se establezca un debido proceso y se tomen las medidas necesarias. 

"Una suspensión provisional es una restricción a los derechos. Lo que prohíbe la convención es que se restrinjan derechos por una autoridad administrativa, y la suspensión impide que el alcalde ejerza sus derechos y que los electores vean reflejada su voluntad en los ejercicios del alcalde", expresó Rodríguez. 

Según los abogados, la Procuraduría falló al momento de ejercer competencias que no se le permiten cuando se trata de funcionarios públicos de elección popular, pues “la Convención Interamericana protege los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos popularmente y son derechos tan reforzados como el derecho a la vida, a la integridad personal y no se pueden suspender”, agregó el abogado Rodríguez. 

La suspensión al alcalde Daniel Quintero está decretada inicialmente por un periodo de tres meses, aunque podría prorrogarse, los abogados esperan que esta decisión pierda vigencia en el menor tiempo posible porque se trata de “la violación a una norma muy sólida, reiterada en dos sentencias de la Corte (...) es una medida absolutamente arbitraria e ilegal”, apuntó Carvajal.

Rodríguez y Carvajal apelan a que la suspensión prospera solo cuando se utilizan los bienes de la administración pública para ponerlos al servicio de una causa política en unas elecciones, pero el derecho a la libre opinión no se puede restringir. 

Sin embargo, Sergio Estrada, abogado y especialista en Derecho Constitucional, explicó que a los funcionarios públicos se les prohíbe intervenir en política con el fin de buscar la imparcialidad, puesto que esa intervención puede afectar el correcto desarrollo de las elecciones. Dicha imparcialidad se debe garantizar a través de varios mecanismos como asegurar que los bienes de la administración pública no se pongan al servicio de políticos, así mismo, asegurar que no se generen opiniones que puedan afectar, influenciar o alterar de alguna manera la voluntad del elector.

“Si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la libre expresión, tienen unos límites establecidos en materia electoral con el fin de determinar la imparcialidad mencionada anteriormente. Si aceptamos que los funcionarios pueden opinar y participar en política, entonces estaríamos aceptando que los militares también pueden participar y expresarse en este campo”, mencionó Sergio Estrada, quien agregó que este es el punto más débil en cuanto a la defensa que han presentado los abogados del suspendido alcalde Daniel Quintero