Acomodados desde su orilla: así defienden en Colombia a Pedro Castillo y Jair Bolsonaro

Diciembre y lo que va de enero han sido tiempos convulsos para la política latinoamericana. Especialmente por lo acontecido en Perú, tras la salida de Pedro Castillo de la presidencia, y Brasil, en donde miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la casa de gobierno y las sedes del Tribunal Supremo y el Congreso. Los hechos en ambos países, y sus repercusiones, ocuparon las portadas de los principales diarios del mundo y todavía son tema de conversación en redes sociales. Su magnitud obligó a los líderes de diferentes naciones a pronunciarse al respecto y los dirigentes colombianos no se quedaron atrás en la tendencia. Desde la izquierda y la derecha se trinó sobre lo sucedido y se realizaron afirmaciones imprecisas, las cuales –en más de una ocasión– justificaban las acciones de sus aliados ideológicos.

El pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, que operaría a través de decretos de ley y sería la antesala de nuevas elecciones para reformar la Constitución. La polémica decisión llegó unas pocas horas antes de que los congresistas debatieran una moción de vacancia en su contra por “incapacidad moral”. El entonces primer mandatario, hasta ese momento, había nombrado cinco gabinetes, por el que desfilaron más de 80 ministros, desde su posesión en julio de 2021. Tanta inestabilidad no era un buen presagio y la jugada de Castillo fue su estocada. Ejército, jueces, oposición y hasta miembros de su administración aseguraron que se trataba de un atentado del presidente al orden constitucional, el Congreso aprobó holgadamente –la ley exigía 87 votos a favor y finalmente fueron 101– y las autoridades apresaron a Castillo, quien ahora enfrenta cargos por abuso de autoridad y conspiración.

Es natural que, al tratarse de un país vecino, el Gobierno colombiano emitiera un comunicado frente a lo sucedido. Pero, contrario a la prudencia diplomática que suele recomendarse en tiempos inciertos y cambiantes, el presidente Gustavo Petro compartió su parecer en su cuenta de Twitter al día siguiente. En una serie de trinos hizo público su rechazo a la salida de Castillo, la cual calificó de “golpe parlamentario”, y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expidiera medidas en su favor.

También reconoció que el exmandatario peruano se equivocó al disolver el Congreso, aunque agregó que los legisladores ya habían “decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular”.

El poder Ejecutivo en Perú ahora es presidido por Dina Boluarte, quien fue la fórmula vicepresidencial de Castillo en las elecciones de 2021. Bajo este nuevo liderazgo fue que la cancillería de ese país profirió un comunicado quejándose por las declaraciones del presidente Petro, al señalar que sus palabras “constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas”.

El jalón de orejas, sin embargo, no fue motivo suficiente para que el líder del Pacto Histórico dejara de pronunciarse sobre la situación. “Es un exabrupto que un presidente elegido popularmente esté preso”, señaló el 17 de diciembre, bajo la misma línea argumentativa que había empleado semanas atrás en su Twitter, durante un encuentro con cocaleros en Norte de Santander.

Ha pasado más de un mes desde la salida de Castillo del gobierno peruano y la postura de Petro parece inamovible. Paradójicamente la CIDH, la misma institución a la que solicitó tomar medidas al respecto, cuestionó el proceder de Castillo y celebró “la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”. Es decir, el mayor tribunal de derechos humanos de la región reconoció que no se cometió ninguna injusticia y que, por el contrario, prevaleció la Constitución por encima de la arbitrariedad del mandatario de turno.

Posiciones en el mismo sentido se dieron desde espacios académicos y ONG. Human Rights Watch, organización que vigila los derechos en el planeta, condenó categóricamente “el intento de Pedro Castillo de socavar el estado de derecho en Perú”. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), igualmente criticó “la alteración del orden constitucional” planteada por el entonces presidente.

Petro no es el único jefe de gobierno que defendió a Castillo, el mismo camino tomaron México, Argentina y Bolivia. En esas tres naciones, al igual que en Colombia, la izquierda está en el poder y todo indica que hace parte de una estrategia conjunta producto de una cercanía ideológica. Chile, cuyo presidente es Gabriel Boric, elegido también por una coalición de partidos de izquierda, tomó distancia de sus homólogos.

Y la situación política de Brasil también ha llevado a declaraciones en tono justificatorio sobre los actos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 8 de enero. Videos e imágenes registraron cómo miles de personas luciendo prendas verdes, alegóricas a la campaña de Jair Bolsonaro, entraron a los edificios de las tres diferentes ramas del poder en Brasilia y arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Fue necesario que se decretara una intervención de orden federal para que la intervención de la fuerza pública acudiera al lugar y recuperara el control de las instalaciones.

El episodio, ocurrido solo una semana después de la posesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, transporta inmediatamente al asalto al Capitolio de Washington D.C, en enero de 2021. Una horda compuesta por votantes del derrotado Donald Trump ingresó violentamente al recinto y saqueó decenas de oficinas, dejando un saldo de cinco fallecidos y 45 detenidos. El accionar violento fue prontamente repudiado por todo el planeta y se creyó que sería un precedente lo suficientemente fuerte como para que no se repitiera en ningún otro país. Lastimosamente no fue así y Brasil protagonizó otro penoso capítulo de menosprecio a la democracia por cuenta del fanatismo político.

Pero el aparente consenso que se esperaba alrededor de la importancia de condenar los hechos se disipó prontamente en redes sociales. En esta ocasión por cuenta de la senadora María Fernanda Cabal, quien ha hecho pública su cercanía con la familia del expresidente Bolsonaro y le dedicó varios trinos a la coyuntura. La congresista del Centro Democrático restó importancia a los sucesos de Brasilia, acusando a la izquierda de reaccionar de forma “sobreactuada”, y compartió una grabación de una marcha bolsonarista, acompañada de un mensaje que afirmaba que “el fraude electoral de la izquierda es el meollo del problema”.

La legisladora vallecaucana también retuiteó al expresidente Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde que abandonó el gobierno, y a otros usuarios de las redes sociales que criticaban la falta de coherencia del gobierno de Gustavo Petro frente a sus declaraciones con respecto a Perú y Brasil.

Las épocas en las que la cautela y moderación eran los principios que regían las relaciones internacionales del país parecen haber quedado en el pasado. La inmediatez que exigen las plataformas digitales son opuestas a esa cordura de antaño y algunos líderes del país, sin importar su partido e ideología, abrazaron esa lógica hace mucho. Más escenarios como el actual están por verse.