29 Julio 2022

Alerta en el gobierno de Petro por licitación del Canal del Dique

Gobierno de Gustavo Petro y su bancada en el Congreso alertan sobre riesgos de adjudicar el Canal del Dique.

Crédito: Colprensa

Ministra de Ambiente de Petro se va contra la adjudicación del Canal del Dique. Calificó el proceso licitatorio como una vergüenza y dijo que tiene muchas irregularidades. Al tiempo, la bancada de gobierno dejó constancias en la Cámara y en Presidencia de la República sobre la inconveniencia de adjudicar esta obra de 3,1 billones de pesos.

Por: Alfredo Molano Jimeno

A menos de una semana de que la Agencia Nacional de Infraestructura adjudique por 15 años el Canal del Dique a una firma española, el descontento con la licitación sigue creciendo. En el Congreso de la República, la bancada del Pacto Histórico solicitó un debate de control político al presidente de la ANI, Juan Felipe Gutiérrez, y 65 congresistas firmaron un pronunciamiento de rechazo a la insistencia del gobierno de Iván Duque en dejar cerrado el negocio de 3,2 billones en su último día en la Casa de Nariño. Además, la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad, afirmó que es una “vergüenza la forma como están adjudicando esto”.

La declaración de Muhamad se dio durante la cumbre que realiza la bancada del Pacto Histórico en Santa Marta. “Hay un tema grave que vimos en el empalme y es que en nuestro criterio ese proyecto (el del Canal del Dique) necesitaba licenciamiento ambiental o instrumento de manejo ambiental. Se han inventado un instrumento que no existe en la norma para justificar la APP y acelerar su trámite, cosa que este gobierno la pueda adjudicar y además, de forma muy interesante, no en cabeza de los ministros sino en cabeza de la vicepresidenta. Vamos a ver qué dejan en este contrato”, agregó la ministra designada por el presidente electo, Gustavo Petro.

Para profundizar

Muhamad calificó de “vergüenza que adjudique esto el 6 de agosto”, y aseguró que la licitación tiene irregularidades en materia ambiental y en el proceso de concertación con la comunidad afectada.  “Es una vergüenza que se hayan pasado por encima los instrumentos ambientales, que hayan forzado un instrumento que no existe en la norma para justificar que sí hay un instrumento ambiental”, dijo, en referencia a que la estructuración del proyecto no contempla licencia ambiental, y en cambio, presentaron un plan de manejo hidrosedimentológico.

Y concluyó la ministra: “Creo que el gobierno, conjuntamente, tiene que trabajar en la concertación social con los territorios de los mega proyectos y lograr acuerdos para que la gente sienta que eso va a beneficiarlos. Si sentimos que hay irregularidades que tendremos que ver cuando lleguemos al gobierno. Y entiendo que solo hay un licitante para un proyecto de casi 3,1 billones. Tampoco es lo más transparente un proceso donde solo se presenta uno, entonces es un proceso complejo. Hemos solicitado en el empalme que se frenara pero el gobierno decide continuar a pesar de todas las quejas y los cuestionamientos que tiene”.

En el proceso de licitación hubo al menos cuatro firmas interesadas, una china y tres españolas. Las empresas ibéricas fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM) de España por violación a la libre competencia, una práctica que comúnmente se conoce como cartelización. Al final la única que presentó oferta es Sacyr. Una compañía experta en mega obras de infraestructura pero también en grandes pleitos de arbitraje. En Colombia ha ganado millonarias licitaciones, como la autopista al mar o la vía Cali-Buenaventura, pero también ha estado envuelta en fuertes polémicas, como el puente Hisgaura, en Santander, el cual se entregó con evidentes errores de construcción, entre ellos un inexplicable rizado que le valió el apodo del puente ondulado. Proceso por el cual la Contraloría hace unas semanas abrió investigación a esta empresa.

Las preocupaciones de la ministra Muhamad también llegaron al Congreso de la República, donde durante toda la semana las Organizaciones por la Defensa del Canal del Dique, apoyados por VisoMutop, estuvieron denunciando los riesgos de que se adjudique el contrato. Sus denuncias fueron oídas y ya se agendaron debates de control político tanto en Cámara como en Senado. De igual forma 65 congresistas del Pacto Histórico dejaron constancia de estas alertas.

En dicha constancia se denuncia que “la Agencia Nacional de Infraestructura, promotora del megaproyecto ruta Fluvial 5 G, restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique incumplió la obligación de presentar, socializar y garantizar la participación ambiental de las comunidades y autoridades territoriales; incumplió con la obligación de adelantar el trámite de licencia ambiental; incumplió los principios rectores de la consulta previa, libre e informada, en aquellas comunidades priorizadas  por la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior”, entre otras.

Desde la Cámara de Representantes un grupo de congresistas también enviaron una carta al presidente Iván Duque y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en la que les piden suspender la audiencia de adjudicación del Canal, citada para el 4 de agosto. En la carta, los parlamentarios enumeran sus preocupaciones, entre ellas la limitada socialización del proyecto a las comunidades, las tutelas que cursan para que se realice la consulta previa de algunos consejos comunitarios no priorizados, la falta de licencia ambiental y otros detalles del proyecto.

Y sostienen los congresistas: “Su gobierno modificó en dos oportunidades el cronograma del proceso licitatorio, ajustando los tiempos de diversas acciones precontractuales a cargo de las entidades estatales sin que se moviera la fecha de adjudicación del contrato, acción que abiertamente afectó el proceso precontractual en detrimento de la moralidad administrativa y el patrimonio público, limitando además la posibilidad de tener varias firmas oferentes y así obtener una mejor propuesta económica para los intereses del Estado. Si se movieron las etapas precontractuales, se debió mover la fecha de audiencia de adjudicación independientemente de si se superaba el 7 de agosto y se dejaba el proceso al gobierno entrante”.

Para completar el ambiente de adversidad del proyecto, el comisionado de la verdad Leyner Palacios también manifestó su angustia por los derechos de las víctimas del conflicto armado que fueron lanzadas a las aguas del Dique. “Alertamos sobre el grave riesgo de violación de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el Canal del Dique, y de sus familias, si se lleva a cabo el proyecto de restauración del Canal a partir del 4 de agosto, sin que exista una ruta de exhumación de los cuerpos”, escribió el comisionado que ha acompañado a familiares de torturados y desaparecidos por el paramilitarismo en los peregrinajes de reconstrucción de la memoria histórica en el Dique.

Así la cosas, la licitación del Canal del Dique sigue su curso, en cuyo cronograma está adjudicarse el próximo jueves, mientras el gobierno entrante y su bancada en el Congreso le piden al presidente Iván Duque que permita que ellos estudien el proyecto y analicen sus pertinencia, para evitar salidas jurídicas de emergencia y un pleito comercial millonario. Sin embargo, el presidente de la ANI, Juan Felipe Gutiérrez, dijo en la W que no hay razones para frenar el proceso licitatorio, y que, como quien dice, tiene más reverse el mismísimo río Magdalena.