9 Octubre 2022

Compañero José Félix

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán desde hace 18 años, hoy es protagonista del acuerdo para hacer la reforma rural.

Crédito: Jorge Restrepo

La historia secreta de la negociación entre Fedegán y el gobierno para la compra de tres millones de hectáreas que serían el comienzo de una reforma agraria. CAMBIO revela el llamado “Acuerdo para la materialización de la paz territorial”, que deja muchas preguntas pendientes.

Por: Alfredo Molano Jimeno

José Félix Lafaurie no solo es el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, quizás el gremio económico más derechista de Colombia, sino que está casado con la senadora María Fernanda Cabal, líder de la línea más radical del uribismo. En poder de la Fiscalía y de la JEP hay declaraciones que vinculan personalmente a Lafaurie con paramilitares en operaciones de despojo de tierras y de desplazamiento de campesinos. Por eso, en diversos puntos del espectro político hay desconcierto por el anuncio de un acuerdo entre Fedegán y el gobierno de Gustavo Petro para la compra de tres millones de hectáreas. Desde la izquierda algunos ven el pacto con ilusión, otros con desconfianza —de eso tan bueno no dan tanto—; y otros como una claudicación ante quienes consideran despojadores históricos. Desde la derecha, los más optimistas piensan que el acuerdo es una garantía a la propiedad privada pero también hay algunos que lo ven como una traición.

Los economistas de todas las tendencias están preocupados por los 60 billones de pesos que se calculan como costo de la operación, casi tres reformas tributarias, un dinero que no está en ninguna parte y que solo podría financiarse con más deuda, lo cual para muchos significa la ruptura de la regla fiscal, la pérdida de confianza en la estabilidad macroeconómica y, en últimas, la bancarrota de las finanzas nacionales.
¿Cómo pudo uno de los voceros más recalcitrantes de la derecha convertirse en aliado del gobierno en uno de los aspectos más álgidos del programa del presidente Petro? ¿Es sincero Lafaurie en este acuerdo? ¿Terminará el gobierno endeudando al país para enriquecer a los ganaderos en lugar de expropiar los terrenos baldíos ilegalmente ocupados y de recuperar tierras robadas a los desplazados? ¿O la audaz operación será la forma más expedita para resolver un problema que ha afectado históricamente a Colombia?

Las preguntas aún no tienen respuesta pero la historia detrás de la firma del acuerdo arroja algunas luces. Los protagonistas eran hasta hace unos días rivales irreconciliables: por un lado José Félix Lafaurie y por otro el senador Iván Cepeda. La historia de su enfrentamiento público ha dejado huellas en las redes sociales. Apenas en febrero de este año, Cepeda publicó un trino en estos términos: “No bastó con arrebatarle las tierras a los campesinos, quemar sus casas y desplazarlos, como lo relata Benito Osorio. Cuando ellos reclaman la restitución a la que tienen derecho, José Félix Lafaurie los acusa de ser “guerrilleros”. Vean el video”.

Por su parte, José Félix Lafaurie ha presentado repetidamente a Cepeda como un agente de las Farc para cobrarle su papel en las denuncias sobre presuntos delitos de Álvaro Uribe, alianzas de políticos con paramilitares y violaciones a los derechos humanos por la fuerza pública.

 

 

CAMBIO reconstruyó los pormenores de los acercamientos entre dos contradictores pertinaces que terminaron en un acuerdo del gobierno con el gremio ganadero para poner en marcha un ambicioso programa de reforma agraria, que algunos califican como ingenuo y otros como histórico.

Todo empezó con un mensaje de WhatsApp enviado por el senador izquierdista al dirigente gremial derechista:

 
 

“¿Cómo le va, José Félix? Soy perfectamente consciente de lo dura que ha sido nuestra confrontación. Pero, como se lo he dicho en otros momentos, siempre estoy dispuesto a buscar caminos de diálogo. 

Escuché con mucha atención su declaración sobre la disposición que tiene a contribuir con la reforma rural. Creo que sería un mensaje alentador que pudiera abrirse el camino un pacto agrario que constituiría un aporte real a la paz política y social en el país. Si usted está dispuesto, con gusto podríamos reunirnos y dialogar al respecto”.


La respuesta fue positiva y dos días después se vivía una imagen imposible: los enconados antagonistas estaban sentados en la sala del elegante apartamento de la familia Lafaurie tomando café en las tacitas de porcelana de la senadora Cabal. A Cepeda lo acompañaban dos abogados y al presidente de Fedegán, otros dos. A primera vista parecían aproximarse a una agotadora controversia jurídica.

Para Lafaurie la meta consistía en lograr que el acuerdo fuera una aceptación implícita por parte del gobierno de los derechos de los dueños de tierras. Conjurar así las temidas expropiaciones que el presidente descarta pero que siguen angustiando a los terratenientes. Si es un proceso concertado podría terminar siendo un buen negocio para sus agremiados. 

Para Cepeda, el propósito es encontrar un camino más corto y menos confrontacional para lograr durante el gobierno Petro una reforma rural que a la vez entregue tierras a campesinos y aumente la capacidad productiva para lograr la soberanía alimentaria. Los pleitos por la propiedad de la tierra suelen ser largos y difíciles, mientras que una compra concertada puede entregar una solución en tiempo y costos razonables, según la visión del senador.

A pesar de que arrancaron en las antípodas en sus visiones sobre el problema, pronto identificaron algunos puntos en común. Después Cepeda le expuso la audaz iniciativa al gobierno que le dio inmediatamente luz verde para empezar a concertar un texto. El representante del Ministerio de Agricultura fue Darío Fajardo, experto en desarrollo rural designado hace unos días como viceministro, quien le puso dientes técnicos al acuerdo.

Un asistente al encuentro aseguró que la reunión fue “cordial, franca y respetuosa”. Se plantearon algunas de las diferencias de concepción, pero trabajaron para hacer un diagnóstico compartido y definir un objetivo del diálogo: “Ponerle punto final a los problemas que no dejan que el país avance en lo rural”. 

En total se realizaron cuatro reuniones en las que se trabajaron las bases de un texto, luego empezó el intercambió de redacciones. Muchas consultas avanzaron por WhatsApp. CAMBIO revela el acuerdo que tiene seis páginas, 14 consideraciones políticas y técnicas, seis puntos que describen cómo deben ser las tierras, dónde estarán ubicadas, el valor y la forma de pago, así como la destinación que tendrán. También contempla nueve compromisos expresos por parte del gobierno y cuatro de Fedegán, cuyo papel se describe en el documento como “facilitador” de los procesos del acuerdo.

El texto del acuerdo 

Lo primero que llama la atención en el documento, es el título: “Acuerdo para la materialización de la paz territorial, que recuerda un poco la teoría de cambiar tierra por paz que ha estructurado los fallidos intentos de los últimos años por lograr un acuerdo palestino-israelí. 

En este caso el documento señala que el gobierno, representado por los ministerios de Agricultura y del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, acuerda con la Federación Colombiana de Ganaderos un mecanismo de compra directa de tierras para desarrollo rural. Entre las primeras consideraciones está la necesidad de honrar el Acuerdo de paz con las Farc, del cual Fedegán, su presidente y el uribismo han sido los más caracterizados detractores.

acuerdo agrario

Dicho acuerdo establece que el gobierno de Colombia tiene la obligación de crear un Fondo de distribución de tierras que dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros 12 años. Las tierras deben ser “fértiles” y aptas para  el desarrollo rural. 

Quizás aquí está la columna vertebral del plan porque el acuerdo reconoce que el problema del campo no se soluciona únicamente repartiendo tierras a campesinos sino que se necesita crear infraestructura física como vías, electrificación, acueductos y conectividad. También infraestructura social como centros de salud, escuelas, vivienda en condiciones dignas y apoyo en asistencia técnica, crédito y comercialización.

El acuerdo también establece que el desarrollo rural debe acompasarse con la realidad del cambio climático y que es necesario reducir la contaminación, sacar un mayor provecho de la tierra y ejercer la propiedad con sentido social. Es decir que la actividad a la que esté destinada ayude a superar la pobreza del país como un todo.En todo el mundo la ganadería viene siendo revisada por la cantidad de emisiones contaminantes que produce y por la gran extensión de tierra que requiere. El acuerdo plantea cambiar la tradicional forma de explotación ganadera en Colombia, que dedica grandes extensiones a pasto, que en algunas regiones pueden ser de dos hectáreas o más por cada vaca.

Lo establecido en el acuerdo que firmaron este sábado los ganaderos con el gobierno Petro consiste en la creación de sistemas silvopastoriles intensivos para aprovechar más la tierra y cumplir acuerdos internacionales de descontaminación. Los sistemas silvopastoriles vienen creciendo en Europa y Estados Unidos y combinan la siembra de árboles, la producción de forrajes, la agricultura de comestibles y el pastoreo de ganado.


Dicho en palabras sencillas se trata de reemplazar potreros por áreas en las que el ganado pueda pastar y moverse entre bosques, que también lo alimenten, para lograr mayor carga animal por hectárea y liberar tierra fértil para reforestación y agricultura. El acuerdo asegura que un millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles liberarían entre dos y tres millones de hectáreas que podrían usarse para otras actividades sin afectar la producción de carne y leche. 

De esta manera se incrementará la capacidad de captura de carbono en esas áreas, y se aumentará la fijación de nitrógeno en el suelo, con lo cual disminuiría la utilización de abonos químicos. En el mediano plazo el plan mejorará el ingreso de los pequeños, medianos y grandes productores del campo. Según el papel se puede producir la misma cantidad de carne y de leche en 20 millones de hectáreas y no en 34 millones, como hoy. La liberación de esas 14 millones de hectáreas busca aumentar la tierra dedicada a la reforestación y a la producción de alimentos. 

El acuerdo establece que Fedegán actúa como facilitador en la compraventa directa de tres millones de hectáreas respetando siempre la voluntad de los ganaderos. Es decir, que solo venderán quienes estén de acuerdo con las condiciones del negocio. Las tierras que compre el gobierno no pueden estar inmersas en procesos de restitución, ni conflictos agrarios ni en limitaciones ambientales. Adicionalmente, los terrenos deben estar saneados fiscalmente y con títulos de posesión claros.  

Sobre el valor y la forma de pago, el documento advierte que los ganaderos que vendan obtendrán el valor comercial y agrega que el pago se efectuará con títulos de deuda pública. Esos títulos, conocidos como TES,  son bonos emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República. Se consideran una inversión de rentabilidad entre baja y moderada pero muy seguros por estar respaldados por el Estado.

El acuerdo consagra que las tierras se compran para reconocerle derecho territorial a los campesinos, los pueblos afrodescendientes y los indígenas. Que la infraestructura necesaria para el desarrollo rural tendrá el compromiso del Estado colombiano y que la asistencia técnica se dedicará a cultivos como el maíz, la soya, el cacao, el café, los frutales y la producción de carne y leche a partir de sistemas silvopastoriles. El objetivo final es lograr el autoabastecimiento alimentario del país y la generación de excedentes exportables para que el campo sea un buen negocio y así saque de la economía del narcotráfico a miles de personas.  

El gobierno se compromete a hacer mapas para un “plan de choque” en las zonas más necesitadas y a trabajar en la dotación de infraestructura física y social en esas áreas. Igualmente a coordinar con Fedegán la asistencia técnica y la transferencia de tecnología necesarias para cambiar, donde sea posible, los sistemas de ganadería tradicional por sistemas silvopastoriles. El gobierno mejorará el acceso al crédito y facilitará la participación de organizaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas  en  los territorios priorizados.   

Los compromisos de Fedegán consisten en identificar y ubicar tierras que permitan atender al mayor número de campesinos que no hayan tenido acceso a la propiedad o que no tengan tierra suficiente para desarrollar proyectos productivos y ambientalmente sostenibles. A su vez, el gremio ganadero se compromete a poner la experiencia en el diseño y ejecución de proyectos para llevar asistencia y tecnología al campo. Y sobre todo a servir de facilitador de todos los procesos incorporados al acuerdo.  El último punto señala que este proceso estará acompañado por el Banco Mundial y la Misión de Verificación de la ONU.

firma del acuerdo

El nuevo mejor amigo

El acuerdo sobre el papel se ve muy bien pero a algunos, como el exministro de Hacienda y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, les inquieta el costo de la operación  y la ruptura del marco fiscal. También la dependencia de Fedegán, que según su artículo Preguntas Agrarias, publicado por CAMBIO, logra un estatus privilegiado que lo convierte, sin ningún título habilitante, en socio del Estado para cumplir los acuerdos de paz con las Farc, a los que siempre se ha opuesto. Detrás de las observaciones del respetado exministro conservador se percibe la preocupación por quien súbitamente se ha convertido en el nuevo mejor amigo del gobierno. 

Lafaurie tiene 64 años y ha sido vicecontralor, viceministro, superintendente de Notariado y Registro y fallido aspirante a la Contraloría General de la República. En los 90 participó del Movimiento de Salvación Nacional que dirigía el disidente conservador Álvaro Gómez Hurtado. De su paso por la Contraloría le quedó una sanción disciplinaria por nombrar personas para favorecer a políticos y magistrados. De su paso por la Superintendencia y la llegada a la Presidencia de Fedegán le quedaron varias declaraciones ante la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial de Paz que dan cuenta de su presunta relación con paramilitares en operaciones de despojo de tierras.

Las declaraciones de Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, y las del condenado exdirector del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio Villadiego, involucran a Lafaurie en reuniones con los paramilitares, lo señalan de hacerles recomendaciones para despojar de tierras a campesinos y de impulsar con los paramilitares la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la nación.

El exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba dijo en 2014 ante la Fiscalía, y lo ratificó ante la JEP este año, que Lafaurie conoció de primera mano la operación de compra de tierras en la región de Tulapas, ubicada en los límites de Córdoba y Antioquia. Según un documento de la Unidad de Contexto de la Fiscalía, Tulapas ilustra el proyecto paramilitar de despojo violento. 

Mediante amenazas, presiones y ventas fraudulentas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, y Benito Osorio, ejecutaron un ambicioso plan de expansión económica y control territorial.  Al respecto, Osorio Villadiego señaló que fue el propio Lafaurie, en el año 2008, quien le recomendó los términos en que debían comprarse esas tierras

De otro lado, el mismo exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba sostuvo que presenció una reunión entre José Félix Lafaurie y Salvatore Mancuso en la que el primero le pidió impulsar la elección de Mario Iguarán como fiscal. “Llegamos (a la casa de Mancuso) y después de los saludos protocolarios, enseguida Lafaurie le dijo en términos amigables: ‘Mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretelt de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la nación debería ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelt, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes porque él conoce muy bien la Ley de Justicia y Paz que él mismo ayudó a construir’”. La declaración de Osorio fue confirmada por el propio Mancuso, quien próximamente hablará en detalle sobre este y otros temas en la JEP.

Las polémicas de Lafaurie no terminan allí. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se adelantó una auditoría a los recursos del Fondo Nacional del Ganado, dineros públicos que administra Fedegán. El informe arrojó que no existían mecanismos serios de democracia interna, lo que hace que Lafaurie lleve de presidente del gremio ganadero casi 20 años. También identificó manejos irregulares en millonarios giros que recibió Lafaurie en Panamá, la compra poco transparente de la casa donde tiene la sede Fedegán, y algunas irregularidades en la compra y la posterior reventa de vacunas contra la aftosa. De este proceso, uno de sus críticos definió a Lafaurie como alguien que “maneja eso (Fedegán) como su caja menor. Es un encantador de serpientes y es difícil cogerlo en una sola verdad”.

Para algunos los antecedentes de José Félix Lafaurie hacen poco creíble su buena voluntad para este acuerdo, en cambio otros consideran que los pactos de paz se hacen con los enemigos y no con los amigos.