19 Septiembre 2022

“Con narcos no se habla de paz”: exvicefiscal Jorge Perdomo

Exvicefiscal Jorge Perdomo.

Crédito: Suministrada

En diálogo con CAMBIO, el exvicefiscal Jorge Perdomo, quien asesora al gobierno en las iniciativas de sometimiento con el multicrimen, dijo que sin una nueva política de drogas no se podrá lograr la paz total.

 

Jorge Perdomo tiene amplia experiencia en la estructuración jurídica de las leyes relacionadas con la terminación de los conflictos armados. Se desempeñó como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa; y luego, fue vicefiscal y fiscal general encargado. Desde esos cargos, lideró proyectos legislativos como la reforma a la Ley de Justicia y Paz y el Marco Jurídico para la Paz. El gobierno de Gustavo Petro lo buscó para que los asesore sobre cómo deben ser las iniciativas jurídicas que permitan el sometimiento o acogimiento de las organizaciones multicrimen.


CAMBIO: ¿Cuál es su concepto sobre la paz total? ¿Qué organizaciones pueden entrar en ese concepto y cuáles no?


JORGE PERDOMO: Yo creo en un concepto amplio de paz total en el que se generen espacios para consensos y deliberaciones sobre temas sociales estructurales para que todos los factores de violencia puedan gestionarse. En temas de delincuencia, la paz debe apuntar a acabar con los focos generadores de violencia y muerte, de manera que paremos de matarnos y violentarnos de todas las formas que lo hacemos actualmente. Para eso se necesitan decisiones políticas audaces, que a veces no son populares por no rendir tributo a la doble moral. Mejor dicho, dialogar con todo el mundo. Hay que conversar con todas las organizaciones ilegales. Por supuesto que será más fácil con las grandes estructuras, porque tienen mandos y jerarquías más claras. Será más difícil con las que funcionan, por ejemplo, como redes criminales que se alían entre iguales. En todo caso, la forma de aproximación y el marco jurídico de esos sometimientos o acogimientos será diferente dependiendo del interlocutor y en eso radica gran parte del reto de quienes van a formular las normas para ello. Aquí toca repensar la política criminal de la revancha, en la cual la justicia se asimila a la venganza.

CAMBIO: La semana que pasó, Sergio Jaramillo, quien fue el comisionado que lideró la negociación de paz con la extinta guerrilla de las Farc, expresó varias preocupaciones sobre el concepto que ha escuchado de los delegados de este gobierno sobre cómo será la paz total. Dijo, por ejemplo, que en este nuevo modelo de país se tiende a desplazar el proceso de paz y a dejar huérfano el acuerdo. ¿Usted piensa lo mismo? ¿En qué parte de ese modelo de paz total debe plantearse la continuación de la implementación de los acuerdos?


J. P.: Todos los aportes de personas con experiencia como el excomisionado Jaramillo son importantes. Por lo que he visto, el gobierno del presidente Petro tiene un compromiso claro y decidido con el acuerdo de Paz con las Farc, no entiendo entonces esa preocupación de Jaramillo, ¿por qué la paz total debería entenderse excluyente del acuerdo con la antiguas Farc? Pensar en la paz total solo es posible si se cumple el acuerdo y se generan nuevos espacios con otros actores. Además, en el gobierno del presidente Santos nunca se dejaron de lado los acercamientos con organizaciones delictivas como el Clan del Golfo; yo mismo hice parte de esa gestión que nunca se atravesó con la negociación del acuerdo que se firmó con la guerrilla.


CAMBIO: La gran bandera del gobierno, por ahora, es lograr un acuerdo con el ELN y un proyecto de sometimiento con los narcotraficantes. Eso, de alguna manera, termina poniendo en un tercer puesto en la lista de prioridades la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. ¿No cree que es un riesgo?


J. P.: No lo veo así, no se trata de poner a competir los distintos acuerdos de pacificación sino de su complementación y convergencia. Eso es precisamente paz total, por lo menos como yo la entiendo. Es que no se puede perder de vista que el Acuerdo de Paz con las Farc fue un acuerdo social, económico, político y judicial. Si este se desarrolla y se cumple, se sientan las bases para seguir acabando violencias, que es lo que importa. Ahora toca enfocarse en otros grupos concretos que desestabilizan y el ELN y las organizaciones delincuenciales que se lucran del negocio de las drogas ilícitas son focos de violencia que hay que erradicar.


CAMBIO: Otro de los cuestionamientos de Jaramillo es que, por ejemplo, el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, está hablando de insurgencias, de organizaciones con carácter político, y que ahí, pareciera, están incluyendo a organizaciones criminales. ¿Percibe lo mismo? ¿Cree que eso puede demostrar un desconocimiento del gobierno sobre la criminalidad en el país?


J. P.: Yo quisiera responderle con una pregunta. Si mañana el denominado Clan del Golfo decide someterse o acogerse y aparecen 7.000 personas que quieren dejar la organización, ¿cómo los debemos tratar? ¿Los mandamos a que acepten el Código Penal tal como está hoy con penas de hasta 60 años? Obvio que así no se logrará nada, así sean narcotraficantes, habrá que darles un tratamiento especial, eso no es nada nuevo. ¿Cómo se hizo con Justicia y Paz? ¿O es que los paramilitares no tenían negocios ilícitos? El Código Penal colombiano permite la justicia negociada también para el narcotráfico y así se hace en todas partes del mundo. Los tratamientos especiales son posibles, más cuando lo que se busca es acabar con los focos de crimen. Yo creo que la experiencia colombiana de las últimas décadas nos hace un país maduro para discutir sobre esto. Con el crimen organizado no se podrá nunca hablar de procesos de paz y justicia transicional en el sentido tradicional de los términos, pero entonces ¿nos quedamos solamente con el Código Penal? Yo creo que cualquier oportunidad que exista para desarmar en masa a los particulares y sacarlos de la obtención de cuantiosas rentas ilícitas debe ser aprovechada sin miramientos formales.


CAMBIO: ¿Cuál debería ser el orden en el que el gobierno Petro construiría la paz total?


J. P.: En Colombia tenemos tantos problemas de violencia que no creo que haya un orden ideal para esto. Se debe avanzar con aquellas agrupaciones que demuestren una verdadera voluntad de someterse o acogerse, y lo digo en serio, con quienes den muestra de un verdadero interés. Más que el orden, lo verdaderamente importante es la voluntad de todas las instituciones del Estado de cara al objetivo: parar la violencia.


CAMBIO: ¿Cuáles cree que fueron las fallas de la Ley de Justicia y Paz y de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, que no pueden replicarse en este modelo de paz total?


J. P.: Ya le decía. Para mí, no hay un modelo único de paz total, hay diversas soluciones y aproximaciones dependiendo del tipo de organización delictiva. La solución no puede ser solo judicial. En eso falló Justicia y Paz y lo hizo muy bien el acuerdo con las Farc; las víctimas deben siempre estar en el centro de cualquier proceso y todo debe ser un sistema integral, que tenga en cuenta aspectos de reintegración, reparación, etc. No se puede pretender un acuerdo efectivo y exitoso si seguimos utilizando las herramientas tradicionales. El derecho penal y la idea de justicia retributiva deben ser revalorados. Como lo escuché de un académico en días pasados: para alcanzar la paz hay que dejar en paz el derecho penal y su populismo.


CAMBIO: Uno de los cuestionamientos de la opinión pública, en general, es que se hable de paz con narcos, ¿Se debe hablar de paz con grupos narcotraficantes? ¿Por qué?


J. P.: Desafortunadamente nosotros hemos sufrido tanto con ese flagelo que nos cuesta pensar en concesiones para los agentes narcotraficantes. Pero el narcotráfico es un delito respecto del que el sistema penal, como pasa con muchos otros, permite beneficios relacionados con rebajas de penas, preacuerdos y negociaciones. De modo que negociar con este tipo de delincuencia no debe asustarnos. Por el contrario, deberíamos conocer más de ese negocio ilícito, actores económicos detrás, rutas de envío de cocaína al exterior, etc., y eso solo se logra con entrega de información dentro de la colaboración. Con narcos no se habla de paz, pero con una nueva política de drogas se avanzará hacia la paz total.


CAMBIO: Pero, teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que el narcotráfico mueve gran parte de la economía, ¿no cree que los narcos podrían acogerse a la justicia para lograr beneficios y luego, simplemente, continuar delinquiendo?


J. P.: Por eso le digo que la solución no es tener normas de acogimiento o negociación, hay que pensar diferente el tema de la lucha contra el narcotráfico.


CAMBIO: Mencionó usted que, como fiscal encargado, durante el gobierno de Santos, estuvo en los acercamientos que hubo con Otoniel, exjefe máximo del Clan del Golfo, en medio de la intención que había de una eventual negociación o sometimiento. ¿Cómo se planteaba en ese entonces y cuál es la diferencia en cómo se está planteando ahora?


J. P.: Efectivamente, el gobierno del expresidente Santos, de una forma muy audaz, propició acercamientos con representantes de esa organización delictiva. Nos sentamos en el marco de un proceso judicial, representantes del gobierno, de la Fiscalía General de la Nación y del Congreso, para discutir su sometimiento. Fueron pocas reuniones en las que participé antes de salir de la Fiscalía, pero ya se había empezado la interacción sobre cómo hacerlo para sacar del panorama de violencia a esa organización. Recuerdo que ya estábamos visualizando algunos problemas porque no existían los instrumentos jurídicos suficientes, pues el sistema penal colombiano no está pensado para procesos, y menos de sometimientos colectivos. Creo que en eso luego no se avanzó más, se perdió esa oportunidad.


CAMBIO: Entonces, ¿deben ser procesos muy diferentes los que se hagan con el ELN y los grupos narcotraficantes?


J. P.: Yo sí creo. El posible carácter político de una organización armada no es lo mismo que el deseo de lucro criminal que tienen muchas organizaciones delictivas. Por eso no se pueden tratar igual. Lo que pasa es que muchos de los grupos de crimen organizado común se parecen a grupos armados porque tienen mando, dominan partes del territorio y tienen capacidad de enfrentar al Estado, eso los podría equiparar desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario. En todo caso, sí pienso que debe haber un trato diferente.


CAMBIO: ¿Cómo debe ser ese modelo de sometimiento? ¿Cómo se vería una eventual ley de acogimiento en cuanto a desmovilización a cambio de beneficios?


J. P.: Le concreto. Pienso que debe haber un marco especial que regule los procesos de negociación colectiva con grandes estructuras delincuenciales comunes, una verdadera negociación avalada por todos los estamentos estatales. Ese marco debe dar beneficios jurídicos que incentiven el acogimiento y que permitan obtener victorias al Estado y a las víctimas en materia de justicia y de conocimiento de verdad. Para quienes no aplique este marco quedará el sistema penal tradicional, pero con una nueva concepción. Es indiscutible que para avanzar hacia la paz total hay que poner en marcha la política criminal que emana de la Carta Política. Una política criminal humanista que propenda por la justicia restaurativa, como muy acertadamente trajo al debate el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que permita acuerdos, negociaciones, elimine prohibiciones y que tenga en cuenta que el sistema penitenciario no es una bodega de seres humanos. Nada sacamos imponiendo penas si su ejecución no cumple los fines del derecho penal. Ah, y además elaborar y desarrollar una nueva política frente a las drogas ilícitas, avanzar en la regulación tal como lo estamos haciendo actualmente con el cannabis, por ejemplo. Como se da cuenta, estoy pensando en varias cosas y estrategias que considero necesarias, no solamente en normas de paz y sometimiento.


CAMBIO: ¿Cree que el gobierno se está equivocando en cómo está pensando la paz total, o en cómo está hablando de ella?


J. P.: No, por el contrario, creo que abrir al debate hacia consensos y deliberaciones con todo el mundo es el camino correcto, eso solo habla del talante democrático de nuestra nación. El desafío que tiene el gobierno es que eso no se quede en anuncios, sino que se hagan verdaderas estrategias, una muy buena planeación, con funcionarios ejecutivos. Es cuestión de tiempo para que se empiecen a ver los resultados. No es fácil, pero tampoco imposible.


CAMBIO: ¿Cuáles son los riesgos que toman en estos procesos? ¿Usted cree que veremos al país en paz?


J. P.: Los riesgos son muchos y no solo porque se trata de negociar con grupos armados y de delincuencia común, eso ya es riesgoso per se, sino porque la solución del problema nunca será crear o diseñar leyes, políticas penales y estrategias judiciales. La paz solo se logrará cuando se mitiguen o acaben las causas sociales y económicas que generan formas de violencia. Ese día, si llega, habremos avanzado en el logro de la paz.