6 Diciembre 2022

Corte Constitucional admitió demanda contra ley de 'Paz Total'

Crédito: Foto: Colprensa

El despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez será el encargado de revisar la demanda, radicada por el ciudadano Jorge Enrique Pava el pasado 15 de noviembre.

Por: Juliana Ramírez

La demanda admitida por el despacho del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, argumenta que con la ley de "paz total", iniciativa insignia del Gobierno de Gustavo Petro, no solo se estaría violando uno de los puntos de los acuerdos de paz con las Farc, sino también se estaría afectando los derechos de las víctimas. En concreto, el ciudadano Jorge Enrique Pava demandó los artículos 2 (parcial), 12 y 18 de la Ley 2272 de 2022 por medio de la cual se define "la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”.

Según expuso, permitir que personas que han incumplido el acuerdo de paz sean parte de nuevas negociaciones y, con ello, de nuevos beneficios, es una afrenta y "supone un sacrificio en términos de justicia que no se ve compensado con un incremento en la satisfacción de otros derechos de las víctimas”. Considerando la medida desproporcionada e irrazonable, el actor concluye que debe ser declarada inexequible

El demandante también asegura que el texto final que se aprobó en la Cámara de Representantes para reconocer, entre otros, a exmiembros de grupos armados como parte de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, crear una instancia de alto nivel para caracterizar y calificar estas estructuras y establecer la reconciliación con la naturaleza como una forma de reparación, no fue objeto de debate por las comisiones conjuntas ni por parte del Senado, lo que para el demandante constituye una transgresión al principio de consecutividad.

Acuerdo de Escazú también pasa a revisión

En el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez también reposa la revisión constitucional del Acuerdo de Escazú, avalado por la Ley 2273, sancionada el 5 de noviembre de 2022. En esta ocasión, no por existir una demanda, sino por control automático del alto tribunal.