Cruzar la frontera, una sentencia (casi) de muerte para las mujeres venezolanas

Desde hace cuatro años el paso por la frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en una tortura para las mujeres migrantes venezolanas.  Según ellas mismas, si pasan por el puente, los agentes de Migración Colombia y los ejércitos de los dos países les exigen pagar sumas elevadas de dinero. Si no tienen cómo pagarlas, son sometidas a violaciones, violencia física o, en el menor de los casos, registrado recientemente, deben cortarse el pelo y pagarles con él. 

Si cruzan por la trocha, el panorama no mejora. Los grupos armados ilegales, tanto venezolanos como colombianos, secuestran a las mujeres más jóvenes (niñas y adolescentes de entre 11 y 16 años) para someterlas a violencia sexual. Muchas de ellas son asesinadas. Las pocas que sobreviven, deben continuar su camino sin tener forma alguna de denunciar. 

CAMBIO viajó hasta Cúcuta, donde habló con cuatro sobrevivientes de las dos rutas. Nos contaron el terror que ha significado para ellas dejar su país, la violencia desmedida que han enfrentado, y el profundo abandono estatal al que han estado sometidas. Pero, sobre todo, nos contaron que los de ellas son casos muy comunes entre las mujeres migrantes. Sus nombres han sido modificados para proteger su identidad.

“Yo logré escapar, pero ella no sobrevivió”

Diana tiene 20 años hoy en día, pero cuando cruzó, hace ya cuatro años, tenía apenas 16. Salió con una amiga, un año menor que ella, porque les dijeron que en Colombia podrían trabajar como niñeras y conseguir un buen empleo. Tuvieron que cruzar por la trocha, porque no tenían sus papeles al día y, como menores de edad, debían tener un permiso de sus padres. 

“Ellos no querían que nosotras viniéramos y por eso decidimos pasarnos así las dos. Lo primero fue que los del Tren de Aragua nos quitaron todo. Luego, ya en Colombia, nos cogieron los grupos de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidos como el Clan del Golfo), así nos dijeron que se llamaban. Nos dijeron que teníamos que quedarnos con ellos. Nos tuvieron como unas dos semanas. Nos violaban entre todos. Luego una noche nos dijeron que saliéramos a correr. A ella le dispararon en la cabeza. Yo no supe cómo, pero logré esconderme. Yo me logré escapar, pero ella no sobrevivió. Cuando por fin llegué, solo me ayudaron organizaciones internacionales”. 

Para Sofía fue diferente. Recuerda que venía cruzando por la trocha por segunda vez, a sus 36 años, cuando de su grupo se llevaron a tres niñas, de entre 14 y 16 años, antes de que terminaran de salir de Venezuela: “Nos dijeron que era el Tren de Aragua. Que nos iban a cobrar una cuota. A varias de las mujeres nos tocó acostarnos con ellos, para que no nos mataran. Pero con las niñas se quedaron. Y eso que les rogamos mucho que las soltaran. Finalmente, no terminamos de saber qué pasó con ellas, pero no las volvimos a ver”. 

“Nos han dicho que al menos 70 mujeres que viven en esa zona de trochas y espacios irregulares y que muchas de ellas son niñas y adolescentes. Nos preocupa que estas jóvenes a temprana edad ya están expuestas a escenarios de explotación sexual y de consumo de drogas, y muchas de estas niñas y adolescentes no se sabe desde dónde llegaron. Nadie las reporta, nadie sabe en dónde están”, asegura Gabriela Chacón, directora del Observatorio de Género de Norte de Santander, que emitirá próximamente un boletín en el que denuncia el comercio de explotación sexual en la región.

Son mujeres a las que marcan con tatuajes, ponen horarios de tránsito y, además de obligarlas a trabajar en prostitución, exponen al consumo de drogas para volverlas dependientes. Chacón dice que en este momento la violencia en la frontera es especialmente preocupante, pue ha notado un aumento significativo de denuncias. 

“En medios de comunicación se han reportado, sobre todo, casos de mujeres que son asesinadas, que están desaparecidas o cuyos cuerpos aparecen en ciertos puntos de la zona fronteriza sin ningún tipo de explicación. Muchas veces estos cuerpos están relacionados o hay indicios de relacionamientos con grupos de actores armados ilegales. Pero no se conoce la identidad de las mujeres, ni de dónde provienen”, afirma. 

En un informe presentado en diciembre de 2020, la Organización Crisis Group reclama atención prioritaria a esta situación. Según esta organización, la tensión política entre Venezuela y Colombia ha causado que los habitantes de frontera y los migrantes hayan quedado sometidos a las violencias de los grupos armados ilegales de lado y lado. Señalan también que las mujeres, los niños y los adultos mayores son los principales afectados. 

“Al final tuve que acceder a estar con uno de ellos. Ahí le queda a uno la dignidad”

Andrea, otra de las sobrevivientes, cuenta que salió desde el estado de Maracaibo hacia Colombia porque ya la situación en su país, sobre todo en temas de seguridad, era insostenible. Ella era dueña de una peluquería y fue secuestrada tres veces desde que se inició la crisis venezolana. Finalmente, decidió partir hacia Colombia cuando tenía 28 años. “Me llamó una amiga y me dijo que acá podía conseguir algo mejor”, asegura. 

Pero no fue así. Ella cruzó legalmente, con sus documentos al día, en uno de los pocos momentos en que era posible hacerlo a través del puente. Pero ahí fue cuando empezó a padecer un largo proceso que hasta el día de hoy le cuesta contar: “Los agentes me dijeron que tenía que pagarles para que me dejaran cruzar. Yo tenía poco dinero y se los ofrecí. Ellos dijeron que no era suficiente, que les tenía que pagar con algo más. Yo tenía mis implementos de trabajo, mis planchas, mis cepillos, les di algunos, pero me dijeron que eso tampoco era suficiente. Dos de ellos me llevaron a un hotel que quedaba cerca y me abusaron. Yo no quería, nunca quise. Pero me obligaron. No tuve con quién denunciarlos, porque cuando intenté hablar con la Policía, no me creyeron”, asegura ella. 

Algo similar le pasó a Camila. Recuerda que tenía 24 años cuando decidió cruzar por el puente, y que ni siquiera le dieron opción de pagar primero: “Directamente me dijeron que tenía que irme con ellos porque, si no lo hacía, me dejaban sin papeles y me regresaban por la trocha. Yo ya había oído lo que pasaba por la trocha con los grupos armados, entonces tuve mucho miedo. Al final tuve que acceder a estar con uno de ellos. Ahí le queda a uno la dignidad”. 

La violencia no se detuvo. Ella, que solo pudo desempeñarse como trabajadora sexual, cuenta que los agentes de Migración Colombia han hecho redadas en la madrugada y, en una de estas redadas, le rompieron sus papeles. Desde entonces, varias veces, a ella y a sus compañeras las han botado en las trochas y deben regresar como pueden: “Muchas veces nos cogen los grupos y, para dejarnos pasar, nos tenemos que acostar con varios de ellos. Es algo que te rompe”. 

En el Observatorio de Género reconocen que este no es un caso aislado. De hecho, saben que es común que las mujeres migrantes no confíen en los funcionarios de la institucionalidad, pues temen que las violencias en su contra se multipliquen: “Son vistos como cómplices, ya sea por indiferencia o por complicidad con los crímenes cometidos. Entonces, muchas de estas mujeres no permiten y no desean ser atendidas por instituciones, por la misma desconfianza que hay, por la misma complicidad que ellas ven en las instituciones”, asegura Chacón. 

CAMBIO se comunicó insistentemente con Migración Colombia para intentar obtener una respuesta a estas denuncias, pero hasta ahora no fue posible.

La agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, ha registrado en sus informes que el paso entre Venezuela y Colombia se ha convertido en un espacio de muchas violencias reunidas, en las que las mujeres son las principales víctimas. Según Acnur, La violencia sexual, las torturas, las desapariciones y los asesinatos se han hecho algo común para los migrantes. 

Informes similares ha expedido Human Rights Watch, para quienes estas violencias, además, no han recibido suficiente atención por parte de ninguna entidad, ni de Venezuela, ni de Colombia. La organización denuncia que la situación de las mujeres venezolanas, sobre todo las más jóvenes, es especialmente delicada, pues además de toda la violencia que enfrentan en la frontera, una vez entran a Colombia la única salida que les queda es someterse a la explotación sexual y laboral. 

Sin duda, este deberá ser uno de los principales temas en la agenda entre Colombia y Venezuela, una vez se restablezcan las relaciones y se abra la frontera.