Despenalizar consumo y eliminar licencias: ¿quimera o realidad?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) califica al cannabis como “la droga más utilizada en todo el mundo” y estima que, durante 2019, el 4 por ciento de la población mundial (cerca de 200 millones de personas) lo consumió por lo menos una vez. En Colombia la tendencia se replica. La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de ese mismo año, realizada por Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló que es la sustancia psicoactiva prohibida más utilizada, que el 8,3 por ciento de los encuestados lo había probado por lo menos en una ocasión y que a los 18 años es cuando la mayoría de las personas inician su consumo.

Los números dejan claro que el cannabis cada día es menos un tabú. Basta caminar por cualquier parque de las principales ciudades del país para identificar su característico olor. Su consumo, que anteriormente se asociaba con el crimen y la drogadicción, se ha ido normalizando gradualmente y en algunos círculos se equipara con el tabaco y el alcohol. Es innegable que las generaciones más jóvenes no lo ven con el temor y sospecha de sus padres, y así se confirma en miles de películas, series y canciones que hablan de su consumo con total naturalidad. Malta, México, Uruguay, Canadá, Sudáfrica, Holanda, Jamaica y buena parte de Estados Unidos ya despenalizaron y reglamentaron su consumo recreativo y en otros países el debate se está dando. Colombia es uno de ellos.

Como ya es costumbre nacional, sobre el tema se ha cortado mucha tela y poco se ha hecho. La discusión al respecto se popularizó sobre todo después de la aprobación del proyecto de ley que reguló el uso del cannabis con fines terapéuticos en 2016. En ese momento, quizá por la animosidad que generó la consecución de ese “primer paso”, se creyó que lo que venía después era la despenalización total de su consumo. Seis años más tarde el panorama es otro. La industria del cannabis medicinal está estancada, los millones de dólares que se prometieron en ganancias no se han materializado y no se ha avanzado para que el consumo recreativo sea una realidad.

“A la gente se le vendió una idea de que esto iba a ser un fenómeno como el de Silicon Valley a nivel empresarial y un generador de riqueza. Las expectativas estuvieron muy infladas. Desde una perspectiva personal, creo que lo de Colombia es un evidente fracaso que tiene mucho que ver con el gobierno de Iván Duque y su posición solapada. Decía que apoyaba a la industria, pero no se podían hacer cosas realmente. Y quizá lo más diciente y triste es que seis años después de que se legalizó el uso de la marihuana medicinal, ninguna persona en Colombia puede comprar en una droguería o farmacia unas góticas con cannabis para dormir mejor o tratar un dolor crónico”, señala Matías Gaviria, CEO de NuSierra Colombia, la filial de una compañía estadounidense que incursionó en el negocio del cannabis.

Buena parte de la inversión aterrizó en el país en los meses posteriores a la despenalización del cannabis medicinal, es decir, antes de la presidencia de Iván Duque. Colombia era, para entonces, el primer país cercano a la línea del Ecuador que tenía un marco regulatorio favorable para la industria. Contar con amplios recursos hídricos y cerca de 12 horas de sol diarias otorga unas ventajas competitivas que resultaron atractivas para decenas de compañías americanas y canadienses que rápidamente se instalaron en el territorio nacional. El desencanto llegó con el cambio de gobierno en 2018. Por ejemplo, las exigencias del Manual de Usuario de Mecanismo de Información para el control de Cannabis (MICC) se endurecieron y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en vez de ayudar a las empresas, fue un palo en la rueda al imponer requisitos exagerados e innecesarios en algunos casos. 

“Cuando usted compra gotas de valeriana o té de manzanilla, esos productos tienen unos requerimientos por parte del Invima que son 20 veces inferiores en comparación con el viagra. En el caso del cannabis, si usted quiere hacer un té a base de cannabis, le van a exigir como si se tratara de viagra”, advirtió Gaviria. 

Pero la llegada de un nuevo inquilino a la Casa de Nariño puede ser el punto de quiebre en este aspecto. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro son, por lo menos, un motivo para así creerlo. En un evento con alcaldes en Cali, el mandatario recalcó que el cannabis es legal en muchos países y cuestionó el demorado proceso burocrático que se tiene que surtir ante las autoridades nacionales para obtener alguna de las licencias requeridas para incorporarse a la industria. 

"Hablemos: ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa", dijo ante el auditorio. 

Sus palabras fueron bien recibidas por aquellos que propenden por la despenalización del consumo. Es una propuesta que con el tiempo ha ido ganando adeptos hasta en los sectores más inesperados. Gabriel Santos, exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático, colectividad caracterizada por sus posturas conservadoras, ha manifestado abiertamente su apoyo a la despenalización y fue crítico de sus compañeros de bancada por satanizar el cannabis. 

Sin embargo, la declaración del presidente no se debe tomar a la ligera ni creer que es una alternativa que se puede concretar de la noche a la mañana. De entrada, más allá de expresar su deseo, Petro no especificó cómo piensa poner en marcha la despenalización y se limitó a sugerir que acabaría la expedición de licencias, lo cual sería razón suficiente para causar descontento en las empresas que ya están en la industria. Es una controversia similar a la que existe hoy entre el gremio de los taxistas y plataformas como Uber y DiDi. Los taxistas basan su queja en el millonario cupo que se les cobra para poder transportar pasajeros mientras que las plataformas operan sin tener que pagarlo. Las empresas que actualmente siembran cannabis medicinal protestarán respecto de las licencias que obtuvieron después de bastante esfuerzo y capital invertido si el gobierno llega a eliminarlas y permite que el cannabis se cultive sin restricciones como la papa o el arroz.

Pero Matías Gaviria no lo ve así. Según señala, luego de años de decepciones, ser precursor de la industria en Colombia no trajo ningún provecho empresarial y la legalización del consumo recreativo, así como la supresión de las licencias, puede traer más ganancias que pérdidas.

“Terminar con las licencias sí puede ser un poco injusto para los que entramos de primeros. Aunque, ya de por sí, en la realidad que hemos vivido en estos seis años, son muchas las desventajas que padecimos por ser pioneros. Hemos perdido plata, estamos desgastados y perdimos credibilidad frente a los inversionistas. En eso hay que ser sincero. Si la decisión de acabar con las licencias sirve para que podamos usar la infraestructura que montamos y que haya un camino más allanado para los que vienen atrás, yo no lo vería inconveniente. Las licencias son el 0,5 por ciento de la inversión que hay que hacer, entonces tampoco es que les estén ahorrando mucha plata a la gente que hasta ahora va a empezar”.

Por su parte, Julián Quintero, sociólogo e investigador en temas de drogas de la Corporación Acción Técnica Social, no ve el fin de las licencias como algo totalmente positivo. En su criterio, en vez de eliminarse, las licencias deberían incluir unos requerimientos más blandos y perseguir un mercado en el que quepan todos: grandes y pequeños productores.

“Las licencias, de alguna manera, van a permitir que haya una trazabilidad de los productos y que se garanticen buenas prácticas de manufactura, inclusión y buena calidad. Creo que lo ideal no sería regular el cannabis sin licencia. Lo prudente es hacerlo pero con licencias más democráticas y que beneficien a las personas cultivadores y víctimas de la guerra contra las drogas”, afirmó. 

Modificar la ley es el primer capítulo que abre la puerta al consumo recreativo sin restricciones, pero otras aristas también deben contemplarse. Al tener un consumo tan masivo, una transición responsable hacia la despenalización del cannabis implica tener en cuenta factores de seguridad, salud pública y derechos del consumidor. Así el presidente lo haya planteado como un cambio que ocurrirá pronto, la realidad de otros países ha demostrado que difícilmente eso sucede. Pueden transcurrir dos o tres años desde el día en que se despenalice y reglamente el consumo hasta que se abran las primeras tiendas para adquirir productos de cannabis. Y, mientras tanto, Colombia puede ir tomando decisiones encaminadas a desmitificar el consumo y hacer su reglamentación lo menos traumática posible.

“Una buena señal sería excarcelar a todas las personas que han sido retenidas por delitos menores y no violentos relacionados con la siembra, porte y venta de sustancias psicoactivas. Especialmente si se trata del cannabis. La mayoría de estas personas son gente pobre y mujeres cabeza de familia. Eso mandaría un buen mensaje y ayudaría, incluso, a la descongestión del hacinamiento carcelario”, agregó Quintero.

Otro punto clave es la pedagogía alrededor del consumo. El temor de muchos colombianos es que esta apertura ocasione adicciones y problemas de salud. La experiencia internacional deja claro que para evitarlo es indispensable que se realicen campañas sobre la importancia de un consumo responsable. Quintero coincide. A su modo de ver, es fundamental que los consumidores tengan acceso a suficiente información para que, llegado el día, no se expongan a una dependencia o enfermedad de salud mental.

“Antes de despenalizar, la gente tiene que aprender a drogarse. Una de las responsabilidades del Estado es poner en marcha un programa de gestión de riesgos y placeres para las personas adultas que consumen sustancias psicoactivas legales e ilegales. Aquí se necesita que para cuando las sustancias estén legalizadas, la sociedad haya tenido suficiente información respecto de los daños, riesgos, placeres, beneficios y desventajas de este tipo de sustancias”, añadió.

Los próximos meses darán una idea sobre cómo planea el nuevo gobierno manejar la despenalización del consumo de cannabis recreativo y en qué posición se ubica en su lista de prioridades. Puede ser que sus esfuerzos por volverla una realidad sean fructíferos o, por el contrario, los lleve a un desgaste innecesario que debilite su posición frente a otras reformas más estructurales y con las que el presidente fue insistente durante la campaña. Es previsible que las drogas se legalicen en Colombia y, seguramente, el cannabis será la sustancia pionera. Lo que no es claro es si se trata de un cambio que se verá en el corto o mediano plazo. De Petro depende.