El impuesto a las bebidas azucaradas: ¿por qué importa?

La nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, señaló durante el encuentro de congresistas del Pacto Histórico que es necesario retomar un proyecto que, por años, ha rondado por los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y ahora el de Gustavo Petro: poner impuestos a las bebidas azucaradas. De acuerdo con Corcho, este impuesto sería incluido en la reforma tributaria de Petro y lo que se logre recaudar sería destinado a fortalecer el sistema de salud  

Sin embargo, el proyecto, que se ha hundido en múltiples ocasiones en el Congreso colombiano, ha probado ser un éxito en otras regiones del mundo e incluso la OMS recomienda aplicarlo para mejorar la salud de los consumidores. 

¿De dónde viene? 

Este proyecto fue impulsado durante el gobierno de Santos por Alejandro Gaviria, cuando fue ministro de Salud. Lo que intentó Gaviria fue incluirlo en la reforma tributaria de 2016 que, en su momento, logró aumentar el IVA del 16 al 19 por ciento. Sin embargo, y pese a presentarlo como una forma de financiar el sistema de salud, el impuesto no pasó del debate parlamentario. 

Ya durante 2020, el proyecto se hundió una vez más en el Congreso. Esta vez, quienes buscaron promoverlo fueron los mismos congresistas: Catherine Miranda, del Partido Verde, presentó una propuesta que buscaba utilizar los recursos recolectados en fortalecer programas de salud y alimentación. Así mismo lo hizo el representante Juan Carlos Lozada, quien además recibió el apoyo de varios representantes de la bancada del movimiento Decentes. No obstante, ambas propuestas se cayeron también. 

Un último intento lo hizo el Colectivo de Abogados Cajar, al intentar incluir este impuesto en la segunda reforma tributaria presentada por Iván Duque en 2021. Sin embargo, el Congreso se negó a darle espacio a este impuesto. 

El 'lobby' de las bebidas azucaradas

Vorágine publicó en abril de 2021 un reportaje en el que señala que, en el Congreso, un voto en contra del impuesto a las bebidas azucaradas puede costar entre 50 y 100 millones de pesos. De acuerdo con la publicación, en 2016, cuando tumbaron el primer intento de Gaviria por establecer este impuesto, él mismo denunció que durante las votaciones, al menos 90 lobbistas acudieron para oponerse y hundir el proyecto. 

Para el caso de 2020, Katherine Miranda explicó a Vorágine que, nuevamente, fueron los lobbistas quienes terminaron asistiendo a hundir el proyecto y que, tanto como la vez pasada y todas las veces en que se propone un impuesto de ese tipo, los lobbistas ofrecen entre 50, 100 y 200 millones de pesos por voto en contra. Asegura que así se lo confirmaron los congresistas que votaron en contra; pero, sostiene también, que no es posible tener pruebas de esos pagos. 

Yessika Hoyos, la abogada que ha liderado esta iniciativa dentro del Cajar, señala que la industria de las bebidas azucaradas ha desarrollado un excelente sistema para lograr cumplir sus cometidos: “Hemos encontrado parlamentarios que citan estudios que niegan la efectividad del impuesto a las bebidas endulzadas, pero luego resulta que esos estudios no existen y que los institutos citados por esos parlamentarios son financiados por la industria. También encontramos medios de comunicación que pertenecen a los mismos dueños de grandes empresas de gaseosas, publicando notas periodísticas que controvierten la efectividad del impuesto. Igualmnte encontramos la reiterada publicación de opiniones de reputados economistas (incluyendo exministros de Hacienda), que cuestionan el impuesto saludable, sin aclarar que tienen consultorías con empresas como Coca-Cola. Mucho del rechazo al impuesto saludable no está basado en evidencia científica y obedece a una narrativa impulsada por la industria de bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados”. 

¿Por qué importa el impuesto? 

De acuerdo con la Organización De Justicia, este impuesto puede significar un cambio importante a los hábitos de consumo de las familias colombianas. En el estudio Impuesto a las bebidas azucaradas: una idea a favor de la salud pública, aseguran: “Las personas que consumen bebidas azucaradas y otros productos nocivos usualmente no son conscientes de los impactos de estos en su salud”. Allí mismo señalan que son los jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes más consumen este tipo de productos, seguidos por los niños de entre 5 y 14 años. 

Justamente, por el consumo tan elevado en estas poblaciones, los expertos están preocupados pues, señalan, son poblaciones que se están viendo expuestas al desarrollo de enfermedades prevenibles, como la diabetes y la obesidad. 

La abogada Hoyos señala que este impuesto ha demostrado ser un éxito en otros países y que Colombia es una de las pocas naciones que no lo ha aprobado: “En buena medida gracias a la oposición y las prácticas de interferencia de la industria de bebidas endulzadas. La inmensa cobertura del impuesto en la región y los respaldos en evidencia científica, con centenares de estudios que respaldan la medida, muestran que es una política costo-efectiva”.

Para ella, quienes han sido críticos a la medida deben empezar por demostrar que no tienen conflictos de interés que los lleven a oponerse: “Buena parte de las dudas sobre el impuesto han venido de opinadores, políticos  e institutos financiados por la industria. En contraste, los promotores del impuesto están respaldados por la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés”.