El nuevo round de Petro con los megacontratistas Ríos Velilla

En 2012, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, propuso un nuevo modelo de gestión de las basuras mediante el cual un operador público se encargaría de la recolección y la disposición de los desechos, para quitarles el negocio a los privados, entre los que se encontraba la empresa de los Ríos Velilla. Hoy, diez años después, pero ya en la Casa de Nariño, la administración Petro tendrá que enfrentarse de nuevo a los megacontratistas por cuenta de un "chicharrón" heredado por el gobierno Duque en la Superintendencia de Notariado y Registro.

Se trata de Bachué, un aplicativo que modernizaría en términos tecnológicos la Superintendencia a través de un contrato por más de 26.000 millones de pesos con Unión Temporal Super Data, conformada por Supercom y Data Tools. Esta última es propiedad de Francisco Javier Ríos Velilla, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de recaudo en TransMilenio.

Hoy, la Superintendencia no goza de tal modernización tecnológica, pero sí una demanda de la empresa de Ríos Velilla, que interpuso solo 12 días después de que la misma entidad, que antes lideraba Goethny Fernanda García, liquidara por mutuo acuerdo con ellos el contrato. Si bien una liquidación busca verificar el cumplimiento de las partes y lograr un paz y salvo, la administración de la entonces superintendente García aprobó una liquidación en la cual aceptó pagarle al contratista más de 5.315 millones de pesos por una fase inconclusa que la misma acta reconoce al avalar más de 120 actividades para ejecutar posteriormente.

García aseguró a CAMBIO que, durante el período que ejerció como superintendente, encontró un contrato pendiente de ser liquidado por anteriores administraciones: “Se hizo un ejercicio riguroso, que duró meses, en el que se evaluó lo entregado por parte del contratista con todo un equipo interdisciplinario… Dado que se trataba de un contrato terminado en vigencias de anteriores administraciones, el mismo no contaba con un respaldo presupuestal, hasta tanto no culminara el proceso administrativo sancionatorio”.

La exsuperintedente dijo que no avaló actividades posteriores a la liquidación, sino que hizo observaciones, que considera normal que se presenten. "Lastimosamente la administración pasada, a la que le correspondía verificarlo, no lo hizo en el tiempo oportuno, por lo que nos correspondió a nosotros verificar y formular estas observaciones, luego de recibido el producto que está necesitando la entidad desde que se expidió el estatuto registral en 2012", agregó.

El contrato con la Unión Temporal Superdata se firmó en 2016 con un plazo inicial de 18 meses y una ejecución de 8 fases (de la 0 a la 7), que iban desde la entrega del código fuente y licencias de uso hasta el funcionamiento total de la aplicación, pero el contratista solo llegó hasta la fase 2 y la fase 3, que debía concluir después del acta de liquidación, la entregó incompleta. Según la Superintendencia, el 36 por ciento de las actividades no fueron entregadas por Superdata, que solicitó una nueva prórroga que le fue negada.

El superintendente de Notariado y Registro, Roosevelt Rodríguez, le confirmó a CAMBIO que el desarrollo del aplicativo fue entregado por parte del contratista con actividades pendientes para ser considerado 100 por ciento funcional y por ello actualmente la entidad no lo está utilizando.

Dentro de la ejecución del contrato, Superdata solicitó al menos cuatro prórrogas, una de ellas concedida por 14 meses; las demás fueron negadas. Adicionalmente, el contrato se suspendió por nueve meses.

Según la Unión Temporal Superdata, el motivo de sus reiterados retrasos obedeció a que la complejidad y el tamaño del sistema requerido para atender el proceso misional de registro de la Superintendencia resultó muy superior, argumento que no dio a conocer como único proponente antes de presentar su oferta a la Supernotariado en 2016.

“La ejecución del contrato se suspendió en varias ocasiones precisamente con el ánimo de buscar las soluciones que se requerían para lograr el cumplimiento total del contrato, por limitaciones de recursos de la propia entidad, integraciones con terceros y otras entidades del ecosistema registral que no se tuvieron en la oportunidad establecida para poder avanzar”, agregó Superdata.

Como la Superintendencia y Superdata, por mutuo acuerdo, decidieron liquidar el contrato, Superdata demandó a la Superintendencia porque afirma que esta no le pagó los 4.614 millones de pesos correspondientes a la fase tres, como quedó acordado en la liquidación. La Superintendencia alega que no le pagó el monto de la fase tres porque, sencillamente, no la entregó, como era su responsabilidad.  

La Superintendencia de Notariado y Registro aún no ha sido notificada del proceso ejecutivo, que ya pasó a despacho el 25 de julio de 2022 para que se decida sobre la expedición de mandamiento de pago. Actualmente la entidad está estudiando la posición que asumirá frente a la defensa judicial.

Antes de dejar su puesto en la Superintendencia de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García también archivó el proceso sancionatorio contra la Unión Temporal Superdata a través de la resolución 06962 del 16 de junio de 2022, firmada por su directora de contratación, Camila Montes. Dicho proceso sancionatorio se  inició en 2020 en la administración del superintendente Rubén Silva.

Funcionarios de la entidad  –consultados off the record– consideran que, a pesar de haberse probado el incumplimiento del contratista, la entidad no solo no lo declaró sino que dejó de hacer efectiva la cláusula penal para obtener el pago de los perjuicios, que inicialmente se calcularon en 14.970 millones de pesos. De haberlo hecho, la Superintendencia se habría ahorrado un pleito con la empresa de los Ríos Velilla; pleito que ahora deberá capotear el gobierno Petro.

La exsuperintendente García aseguró que, con base en los informes de interventoría y de los funcionarios encargados del tema, se determinó no declarar el incumplimiento. También reafirmó que en su administración no hubo ningún tipo de erogación a favor del contratista o algún movimiento financiero a su favor. 

En la resolución donde se archiva la investigación contra Superdata, también se ordena compulsar copias a los entes de control y a la Fiscalía, debido a que se identificaron "posibles acciones u omisiones por parte de funcionarios públicos y/o colaboradores de la administración, las cuales redundaron en la imposibilidad de éxito del proyecto Bachué". Vale aclarar que en 2019 la actual procuradora Margarita Cabello, era jefa de la cartera de Justicia, ministerio del cual depende la Superintendencia de Notariado y Registro. Existe un concepto de ella y de su equipo sobre la no viabilidad para que se continuara con el contrato de Superdata, debido a los riesgos extremos detectados de incumplimiento.  

Cabello acaba de nombrar a la exsuperintendente Goethny García como procuradora judicial II.

Mientras tanto, la Superintendencia de Notariado y Registro sigue retrasada en términos tecnológicos y Data Tools, de Francisco Javier Ríos Velilla, ya alista baterías para quedarse con un nuevo contrato en Fiduprevisora relacionado con el manejo del archivo de esta entidad.