27 Julio 2022

El petrismo propone reformar el Congreso. ¿Tendrá la fuerza para hacerlo?

El senador Roy Barreras acompañó a Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao, ponentes del proyecto.

Crédito: Yamith Mariño

Solo un día después de que se estrenara la “aplanadora” petrista con la aprobación del Acuerdo de Escazú en el Senado, el Pacto Histórico presentó este miércoles su proyecto de reforma constitucional para modificar el Congreso. Una propuesta clave en los intereses del petrismo, pero cuyo trámite puede que no sea tan sencillo como parece.

Solo un día después de que la coalición de gobierno aprobara como una “aplanadora” la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Senado, el Pacto Histórico presentó este miércoles su proyecto de reforma constitucional para modificar el Congreso. Una propuesta clave en los intereses del petrismo, pero cuyo trámite no será tan sencillo como parece.

La iniciativa fue presentada por los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, junto a la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. Se trata de un acto legislativo mediante el cual se espera hacer algunas reformas claves como modificar los periodos de sesiones del Congreso, ajustar el salario de los congresistas y fortalecer las causales de pérdida de investidura de los legisladores.

En rueda de prensa, en la que estuvieron los tres ponentes, y el senador Roy Barreras, los legisladores explicaron que el proyecto busca “que se acabe la guachafita” y trata de crear confianza sobre la labor parlamentaria y establecer un trámite “más limpio, transparente y eficaz”.

“El Pacto Histórico ha decidido, con los senadores y representantes que nos acompañan, que eso se vuelva norma. Que se transforme el funcionamiento del Congreso”, expresó Barreras, anticipando que sería una iniciativa polémica entre los congresistas.

En el proyecto de acto legislativo, una de las medidas busca limitar la reelección indefinida de los Congresistas, estableciendo un límite de tres (3) periodos. Con esto, se busca lograr una renovación gradual del Congreso que dé lugar al surgimiento de nuevos liderazgos, y ponga fin a los congresistas “atornillados” que tienden a crear redes de clientelismo y corrupción en el interior de la institución.

En otro de los apartes del proyecto, el petrismo busca disminuir de manera drástica el periodo de receso del Congreso de la República con el fin de ampliar el semestre de sesiones que compone cada legislatura. 

Así las cosas, el Pacto Histórico busca que el primer período de sesiones se inicie el 20 de julio y termine el 20 de diciembre, lo que llevaría a que el segundo período comience el 20 enero y concluya el 20 de junio. 

Uno de los puntos que seguramente será polémico dentro de los pasillos del Congreso será el de la remuneración mensual de los legisladores. El proyecto de ley contempla que el sueldo de los congresistas no exceda los 25 salarios mensuales (aproximadamente 28 millones de pesos). Hoy día su sueldo está por encima de los 34 millones de pesos.

Así mismo, dice el proyecto, la remuneración de los congresistas de la República “no se entenderá como un criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los demás funcionarios públicos”. En la actualidad sueldos como los de los magistrados de las altas cortes, fiscales delegados ante las altas cortes y procuradores se fija con base en el de los congresistas.

El proyecto también busca modificar el artículo 183 de la Constitución, el cual establece las causales de pérdida de investidura de los congresistas. 

La propuesta contempla que los legisladores saldrían del Congreso en caso de violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades o el régimen de conflicto de intereses.

También considera que la investidura se pierda por la inasistencia injustificada en una misma legislatura a seis sesiones plenarias en las que se discutan proyectos de actos legislativos de ley o mociones de censura, o a seis sesiones de las comisiones constitucionales permanentes. 

Por último, pero no menos importante, los congresistas perderían su curul por la indebida destinación de los dineros públicos, por el tráfico de influencias, por obtener prebendas como contraprestación a su participación en la discusión y votación de un proyecto de ley.

 

Prueba de fuego para la bancada petrista

Al contener no solo una, sino varias reformas al Congreso, se espera que el trámite de este proyecto de ley no sea tan rápido ni sencillo como el que se espera tendrán otras iniciativas del nuevo gobierno (por ejemplo la ratificación del Acuerdo de Escazú). Ya en el pasado reformas de este tipo se han hundido por falta de voluntad política.

Si bien la conformación de este nuevo Congreso es distinta, las mayorías las siguen teniendo los partidos tradicionales que históricamente han hundido las propuestas que buscan reducir los privilegios de los congresistas. Convencer a las bancadas conservadoras, liberales y de partidos como la U no será fácil para el petrismo, pues hay temas sensibles como el de la remuneración que los pueden frenar.

Un elemento importante que hay que tener en cuenta es que, al tratarse de reformas constitucionales, tanto el recorte de las vacaciones como la reducción de salarios de los congresistas deben superar ocho debates y no cuatro, como los proyectos ordinarios.

Pero además, estas reformas necesitan mayorías especiales, lo que puede hacer más difícil su aprobación y la conformación del quórum. Esto sin contar que generalmente los congresistas se declaran impedidos para tramitar este tipo de proyectos, pues consideran que están legislando en causa propia.

No obstante, los autores de esta reforma se mostraron optimistas frente al futuro de estas iniciativas y confían que las mayorías que acordaron, y que quedaron en evidencia este martes con Escazú, permitan que la reforma avance.