27 Agosto 2022

Fuerzas desarmadas

La salida de otro grupo de generales del Ejército y de la Policía llena de zozobra a las Fuerzas Armadas, pone en entredicho la autoridad de sus comandantes y levanta interrogantes sobre la estrategia y la identidad del autor de los bruscos cambios.

Lo más extraño sucedió en la Policía. Parecía un episodio de dimensión desconocida. Tres coroneles que hace menos de cuatro días habían sido promovidos por el gobierno a la dirección de las tres divisiones más importantes de la institución, fueron súbitamente “desnombrados” sin explicación alguna. El lunes 22 de agosto un comunicado de la dirección general anunció la nueva línea de mando de la Policía. Por muchos años fue una tradición que mayores generales –o al menos brigadieres generales– ocuparan la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol; la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin; y la Dirección Antiextorsión y Secuestro, Gaula. Sin embargo esta vez los designados fueron tres coroneles. El comunicado asigna como director de la Dipol al coronel John Harvey Alzate; como director de la Dijin al coronel Juan Miguel Thiriat; y como director de Gaula al coronel Gelber Cortés. La celebración apenas duró cuatro días. La noche del viernes no había nombramiento oficial y los nombrados no sabían a ciencia cierta si los iban a devolver a sus antiguos cargos o si tendrían que pasar al retiro.

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Las únicas evidencias de que esos nombramientos existieron quedaron en el comunicado y en las páginas oficiales de la Dipol y del Gaula que muestran las fotos de los coroneles Alzate y Cortés como directores. Un alto oficial, consultado por CAMBIO, afirmó que realmente el nombramiento jamás se hizo oficial porque no se produjo el acto administrativo que lo legaliza. Sin embargo, el comunicado expedido por la dirección general sigue a la vista de todos. 

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Lo innegable es que la palabra del nuevo director de la Policía, general Henry Sanabria, se desvalorizó ante sus hombres. Los nombramientos anunciados por él no se hicieron efectivos o –aún peor– alguien más poderoso los echó abajo y con ellos buena parte de su autoridad. El propio nombramiento del general Sanabria tiene cierto sabor a provisionalidad. El deseo del presidente Gustavo Petro era poner una mujer al frente de la institución, pero la oficial con más alto rango era la brigadier general Yackeline Navarro. Para nombrarla subdirectora el gobierno tuvo que sacrificar 22 generales, muchos de los cuales se fueron pensando que por ser hombres los sacaron de la Policía, truncando tempranamente sus carreras. 

A esos 22 se sumaron otros tres brigadieres generales. Son el general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta; el general Luis Carlos Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; y el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Los tres salieron porque la nueva línea de mando no los contempla en ningún cargo. En la práctica, a los tres generales les comunicaron el retiro por descarte.

Minutos después de que se conociera el nuevo remezón en la Policía empezó a circular en cadenas de WhatsApp un largo mensaje titulado “Los reyezuelos depuestos” en el que celebraban la salida de los 25 generales, y el “desnombramiento” de los 3 coroneles como una forma de librarse de lo que llaman “la triada maligna Serrano-Naranjo-Vargas”. El texto afirma que la purga desaparece una rosca representada por los generales Rosso José Serrano, quien fue director de la Policía hace 22 años; Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia y quien dejó la dirección de la Policía hace 10 años, y el recién retirado director Jorge Luis Vargas, yerno del primero y discípulo del segundo.

El paso por la institución de los generales Serrano y Naranjo fue muy celebrado por sus resultados y por la depuración de muchos de los males de corrupción que afectan la institución. En ese proceso también dejaron enemigos tendidos en el camino. Dos de esos adversarios han sido mencionados por su cercanía con el hoy presidente Gustavo Petro: los generales Jesús Antonio Gómez Méndez y Humberto Guatibonza.

El general Gómez Méndez fue retirado de la institución en 2008 por decisión del general Óscar Naranjo. Su salida fue antecedida por informaciones sobre sus presuntas relaciones con los capos Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Daniel 'el Loco' Barrera; así como por su presunta proximidad con un cuestionado personaje llamado Reynel Gaitán Tangarife, alias el Gurre. El general Gómez Méndez jamás fue condenado por estas relaciones y durante años ha tratado de reivindicar judicialmente su nombre, pero el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa. En la campaña presidencial de 2018, el general Gómez Méndez le manifestó su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro, quien lo aceptó. En la más reciente campaña presidencial de Petro no hubo menciones del general Gómez Méndez pero fuentes próximas al presidente aseguran que conservó una discreta cercanía. En las últimas horas, y ante el "desnombramiento" del coronel Gelber Cortés como director del Gaula se empezó a mencionar para ese cargo a la coronel María Elena Gómez Méndez, hermana del general, y quien fue reincorporada a la Policía por decisión judicial después de haber sido llamada a calificar servicios en el mismo año en el que salió su hermano. 

Para profundizar

Otro de los adversarios de los exdirectores de la Policía que hoy se mueve en círculos cercanos al del presidente Gustavo Petro es el general Humberto Guatibonza, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y quien ya estando retirado fue capturado por interceptaciones ilegales de las que presuntamente fueron víctimas el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez y los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. El general Guatibonza fue señalado como el operador de una empresa de chuzadas que presuntamente tenía entre sus clientes al entonces senador Armando Benedetti. Guatibonza salió de la cárcel por vencimiento de términos pero el caso judicial sigue activo. Algunas fuentes le aseguraron a CAMBIO que el nombre del general Guatibonza estuvo en la lista de posibles jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia pero que fue descartado por mantener un proceso penal abierto.

Nadie puede asegurar que los generales retirados Gómez Méndez y Guatibonza hayan participado en la más reciente purga, pero como se habló de la eliminación de la rosca, más de un integrante de la institución pensó en ellos. Algunos piensan que el gobierno se dejó usar para cobrar viejos odios en cabeza de oficiales competentes. Otros creen que el gobierno tiene especial desconfianza con los miembros de la inteligencia que ha sido vital para operaciones conjuntas con las fuerzas militares. Entre otras las operaciones en las que murieron los jefes de las Farc Raúl Reyes, El Mono Jojoy y Alfonso Cano. Como sea, la Policía Nacional tiene hoy apenas 8 generales para dirigir una fuerza de 168.000 miembros, uno por cada 21.000 policías.

El terremoto no se quedó únicamente en la Policía.  El jueves había arrancado con una orden del ministro de Defensa, Iván Velásquez, referente a los bombardeos. La fuerza pública considera desde hace años que el copamiento aéreo y el bombardeo han sido las herramientas más eficaces para golpear a la guerrilla. Así cayeron los tres cabecillas de las Farc ya mencionados y otros célebres por su peligrosidad como Tomás Medina Caracas, alias el negro Acasio. Las operaciones aéreas y los bombardeos le dieron la vuelta a la ecuación de la guerra contra las Farc. Mientras los combates fueron terrestres y cuerpo a cuerpo, la guerrilla tenía las de ganar porque podía desaparecer tan rápidamente como aparecía y mimetizarse entre la población civil. El uso de helicópteros, aviones fantasma y sobre todo bombarderos significó una ventaja táctica que cambió para siempre la correlación de fuerzas, aunque también causó muertes de muchos civiles y en especial niños porque los llamados "bombardeos quirúrgicos" en realidad no existen. El riesgo de bajas civiles en una operación de bombardeo aéreo es altísimo.

Considerando eso, el ministro Velásquez dio una instrucción absolutamente coherente con la defensa de los derechos humanos. Dijo que "no se pueden desarrollar operaciones que pongan en riesgo a la población civil y tampoco a menores reclutados para evitar que se repitan actos dolorosos del pasado". El ministro no dejó ningún margen a la interpretación. "Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en que con una directriz absoluta se puede disponer". La disposición ministerial significa en la práctica que no va a haber más bombardeos. Por un lado, es imposible garantizar con certeza del ciento por ciento la no presencia de civiles en áreas de influencia de los grupos irregulares. Y, por otro, a esos grupos les bastará de ahora en adelante usar niños como escudos humanos. La necesaria humanización de la guerra trae como consecuencia que se revalúen las operaciones militares tal como se venían cumpliendo. El presidente Petro señaló también el jueves en la mañana que "no van a morir más niños bombardeados en Colombia. A mí me preocupa más que maten a los niños reclutados"

Ese mismo jueves en la noche todos los generales del Ejército recibieron un llamado a QSO de su comandante el general Luis Mauricio Ospina. La orden consistía en atender una comunicación radial de manera inmediata. Eran las 10 y 7 minutos de la noche cuando el nuevo comandante del Ejército anunció por la radiofrecuencia que presentaría la nueva estructura organizacional de la institución. Empezó diciendo que la decisión estaba “enmarcada en el concepto de seguridad humana por la paz, el desarrollo y los derechos humanos en todo el territorio nacional”. Enseguida empezó a leer pausadamente la lista de cargos con su respectivo responsable. Y ahí estaba la noticia. Seis mayores generales y cuatro brigadieres generales no tenían misión asignada, lo que significa que deben retirarse. Es decir, desde el día de la posesión de Gustavo Petro hasta hoy, el Ejército ha perdido 23 generales.

El 7 de agosto ya habían salido los generales Luis Fernando Navarro, Carlos Iván Moreno, Luis Emilio Cardozo, Hugo Alejandro López, Wilson Chawes, Jorge Isaac Hoyos, Javier Alonso Díaz, Jaime Agustín Carvajal, Sergio Alberto Tafur y Germán López Guerrero.

Con la barrida de media noche salieron los mayores generales Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, Gerardo Melo Barrera, Juvenal Díaz Mateus, Jorge Eduardo Mora López, Óscar Eduardo Rey Linares y Raúl Hernando Flórez Cuervo. Además serán retirados los brigadieres generales Diego Luis Villegas, Milton Vargas, Erick Rodríguez y Mario González Lamprea.

Entre los que salieron están los comandantes de las primera, quinta, séptima y octava división con jurisdicción en las mayores zonas de operación del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. 

Algunos de esos generales tienen investigaciones judiciales o disciplinarias pendientes pero muchos tienen una hoja de vida limpia. La comunicación radial fue recibida con tristeza por varios de los retirados que se quejaron, con razón, por la forma impersonal para comunicarles su salida. Sin embargo, la noticia fue recibida con disciplina y acatamiento. También con algo de desconcierto porque uno de los que se queda, el general Juan Carlos Consuegra, elevado a la posición de inspector general de las fuerzas militares, fue el más caracterizado defensor de la Operación del Alto Remanso, Putumayo, que en abril de este año dejó 11 personas muertas en circunstancias que aún no han sido aclaradas que fueron contadas al país gracias a una alianza periodística de Vorágine, El Espectador y CAMBIO. 

Después de todos estos cambios, el gran problema dentro de las Fuerzas Armadas es que han sentido dos crisis, dos enormes barridas, en apenas tres semanas de gobierno. Lo peor es que podría no ser la última. Las decisiones de los nuevos comandantes son percibidas como débiles en comparación con las de sus antecesores, la desconfianza hacia el gobierno persiste, no hay explicación pública de las purgas y particularmente en la Policía ha hecho carrera el rumor de que se aproxima una salida masiva de coroneles. Se habla de 50 de los 94 que tiene la institución.

El presidente Gustavo Petro y el ministro Iván Velásquez no han hecho suficiente esfuerzo para hacer entender sus decisiones. En el mismo momento en que el gobierno habla de paz total, de acogimiento a los narcotraficantes y de diálogo con todos los violentos, muchos miembros de la fuerza pública están sintiendo que a ellos, en dramático contraste, les están negando cualquier oportunidad.