2 Septiembre 2022

¿Gobernando o en la oposición? El confuso discurso de los funcionarios de Petro

Declaraciones como la de citar a una manifestación pública si no se aceleran el trámite de la reforma tributaria, las denuncias sobre los costos de las casas en Providencia y la invitación a los países a decrecer sus economías hacen ver a los funcionaros de Petro como si todavía no se dieran cuenta de que los que gobiernan son ellos.

Una vez se consumó el triunfo de Gustavo Petro, era claro que una reforma tributaria se avecinaba. El 8 de agosto, a menos de 24 horas de haber asumido el mando, la nueva administración radicó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria que planea recaudar 25,9 billones de pesos, una cifra alta pero considerablemente inferior a los 40 billones de pesos de los que hablaba Petro cuando todavía era candidato.

Tramitar una iniciativa así de ambiciosa no es fácil. A Iván Duque se le cayeron dos proyectos de reforma tributaria. Uno se lo tumbó la Corte Constitucional; el otro desató una oleada de protestas sin precedentes que llevó a la renuncia de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Aunque Duque posteriormente presentó las reformas con un nombre nuevo, disminuyó las expectativas de recaudo y logró que fueran aprobadas, tuvo que soportar el peso político de haber fracasado en su primer intento. 

A la ciudadanía le cuesta digerir que se implementen más tributos. Sin embargo, la sensación ahora es diferente. A los electores de Petro les parece que por fin la reforma les cobrará más impuestos a los ricos y menos a los pobres. Y poco importa lo que opinen los gremios económicos, que andan asustados porque creen que la reforma, tal y como está, ahorcaría la economía hasta dejarla casi sin respiración, y así se lo han hecho saber al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, durante las audiencias del proyecto que cursaron en el Congreso.

Temiendo que el Congreso les haga caso a los dirigentes gremiales, el ministro del Interior, Alfonso Prada, insinuó que convocaría a una gran movilización social para presionar, en caso de que no acelere el trámite de la tributaria. El pasado 31 de agosto, durante un evento en Padilla, Cauca, el jefe de la cartera del Interior resaltó la importancia de la tributaria para la hoja de ruta que se ha trazado el Gobierno. Luego, pronunció las palabras que hoy lo tienen como protagonista de una polémica nacional: “En 10 o 12 días, entre el 10 y 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras en Cámara de Representantes y de Senado, porque tiene mensaje de urgencia. Listos, incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió”.

Y más adelante agregó: “Necesitamos apoyo popular, el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer”.

La oposición recibió el mensaje como una amenaza. A raíz del rechazo a sus declaraciones, el ministro tuvo que aclarar a qué se refería cuando habló de “movilización popular”.

Nuestro discurso no es para nada incendiario ni amenazante. No convocamos movilizaciones para presionar, solo apelamos al apoyo popular que eligió al presidente y rendimos informe a la comunidad para que se mantenga vigente ese sentimiento democrático de apoyo al cambio”.

Pese a la salvedad, en el aire quedó la impresión de que su tono era más el de un opositor indignado que el de un funcionario del Gobierno. Este episodio no es el único de ese estilo que ha ocurrido en las últimas semanas. El pasado 22 de agosto, Petro denunció en su cuenta de Twitter que las casas de la reconstrucción de Providencia habían costado en promedio 600 millones de pesos y acusó del precio exorbitante al gobierno de Iván Duque. Su discurso, una vez más, fue el de un senador en la oposición que la de un presidente en ejercicio.

Algo similar pasó con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el Congreso Nacional de Minería que se llevó a cabo en Cartagena. Vélez indicó que, en paralelo al plan de reducir la explotación de recursos naturales en el país, había que solicitarles a otras naciones "que comiencen a decrecer sus modelos económicos". Sus palabras no eran las de una jefe de cartera sino las de una activista de los derechos del medioambiente que está en contra de los servicios del ministerio que dirige.

Petro y algunos de los miembros de su gobierno están detenidos en el tiempo, quizás por actuar en la oposición, en la que históricamente se ha situado la izquierda; y parecen haber contagiado advenedizos como Alfonso Prada. 

CAMBIO conversó con Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, y Sergio Guzmán, director de la firma de riesgo político Colombia Risk Analysis, sobre esta actitud del gobierno. 

El proceder de Prada, Vélez y el propio presidente, para Jaramillo, responden a las mismas corrientes ideológicas que catapultaron su victoria electoral.

Es normal, hasta cierto punto, porque el progresismo no deja de ser contestatario ni crítico del Establecimiento, por más de que ocupe el poder. La visión que el progresismo tiene de la protesta es distinta y su visión de la movilización social es mucho más tolerante y benevolente”, aseguró.

En su criterio, lo que sí es extraño es que el gobierno busque presionar al Congreso a pesar de que goza de una amplía mayoría.

No cuadra que se apele a la movilización social cuando tienen mayorías. Además, tampoco tiene mucho sentido que lo haga alguien como Alfonso Prada. Si lo hubiese hecho alguien más de la entraña del Pacto Histórico, alguien más identificado con el movimiento social como Iván Cepeda o María José Pizarro, sería normal. Pero Prada representa a sectores más moderados, más de centro, y eso es lo que genera ruido”, apuntó.

Por su parte, Guzmán afirmó que no es común que un gobierno pida a sus votantes salir a la calle para lograr sus objetivos y enfatizó en la importancia de que la ciudadanía no se deja instrumentalizar.

No es normal que se hagan estos llamados. Los movimientos sociales y el poder ejecutivo son dos cosas diferentes. Cuando usted los une obtiene la mezcla de ahora, mucho combustible y populismo. El gobierno de Petro se debe, en gran parte, al movimiento social, pero eso hay que manejarlo con pinzas porque esa misma veeduría ciudadana debería buscar controlar el poder y no volverse un instrumento del poder para atacar a los sectores políticos con los que no se está de acuerdo. Esa es un poco la dinámica que plantea el gobierno de Petro y me parece que es negativa”, aseveró.

Recordó que existen antecedentes de presidentes que convocaron marchas, pero con matices diferentes a los de ahora.

No es el primer político en utilizar la manifestación social para encontrar apoyos. Lo hizo Álvaro Uribe con el movimiento de no más Farc y lo hizo Juan Manuel Santos con el acuerdo de paz. Lo que pasa es que ahora se está revirtiendo esa búsqueda de apoyos en la manifestación social a objetivos legislativos y no visiones de políticas grandes o eventos coyunturales”, concluyó.

Todavía es demasiado pronto para emitir un juicio contundente sobre el gobierno y su narrativa. Hasta el momento, se ha asemejado a la de un grupo de detractores, pero es probable que cambie una vez empiecen a implementar sus reformas. De lo que no cabe duda es que Alfonso Prada e Irene Vélez pueden pasar a la historia como los primeros dirigentes que llaman a la ciudadanía a las calles para que apoyen la creación de nuevos impuestos e invitan a otros países a mermar su desarrollo. De eso no hay antecedentes.