Gobierno se echa para atrás sobre nuevo Código Electoral

Hace 15 días el gobierno nacional había enviado un mensaje de urgencia al Congreso para agilizar la aprobación de la reforma al Código Electoral, un nuevo intento después de que, el año pasado, la Corte Constitucional tumbara el que se aprobó en el pasado periodo legislativo.

Sin embargo, las críticas se vinieron intensificando, principalmente esta semana, por parte de varios sectores políticos, incluso desde la coalición de gobierno en el Legislativo.

Por un lado, Cambio Radical denunció que se habían repartido más de 100 cargos en la Registraduría a personas cercanas de congresistas actuales. Y por otro, los apretados tiempos de la actual legislatura, que viene de un intenso debate de la reforma tributaria, obligaban a que en tres semanas se discutiera y aprobara el proyecto, algo que para muchos congresistas era inaceptable al tratarse de un proyecto de acto legislativo con 380 artículos.

Incluso, el mismo movimiento político del presidente Petro, el Pacto Histórico, le presentó una carta con varias críticas al proyecto, entre ellas, los aparentes poderes adicionales que tendría el cargo del registrador nacional, que hoy es desempeñado por Alexander Vega, mismo al que Gustavo Petro calificó de mentiroso y no neutral en las elecciones de este 2022.

Al final, la presión de las fuerzas políticas hizo efecto, y el Gobierno decidió este 24 de noviembre retirar el mensaje de urgencia. Las razones desde el Ejecutivo y de las bancadas en el Congreso son diversas.

El Gobierno reconoce que hace falta tiempo

En diálogo con CAMBIO, el ministro del Interior y portavoz Oficial del gobierno, Alfonso Prada, dijo que la decisión obedece a que ha habido “centenares de observaciones por parte de organizaciones con conocimiento electoral, sectores académicos, partidos políticos, congresistas”, y que solo restan tres semanas para que se acabe el periodo legislativo.

Por ello, según Prada, la decisión del presidente es la de “escuchar estas voces que piden profundizar el debate y darle el tiempo suficiente para que el Código Electoral resulte siendo un texto que profundice la democracia”.

En ese sentido, Prada confirmó que el nuevo Código Electoral ya no alcanza a estar vigente para las elecciones regionales de 2023 como lo tenía planeado inicialmente el gobierno.

El senador Humberto de la Calle ya le había pedido al gobierno nacional que reconsiderara tramitar esta reforma con mensaje de urgencia precisamente por tratarse de un proyecto robusto que necesita de una revisión más extensa. Al respecto, De la Calle dijo que “esto lo tenemos que mirar con cuidado” y que “ese código tiene cosas buenas pero otras nefastas como el voto anticipado”. También mencionó el tema de los registradores municipales y dijo que estos deben ser elegidos por “razones técnicas y no a dedo con fines políticos”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia hizo eco de la polémica intervención de la representante Catherine Juvinao el pasado 23 de noviembre en la Cámara, en la que preguntó si el gobierno “le estaba pagando las elecciones al registrador Alexander Vega” con la aprobación del Código Electoral.

Para Valencia, el gobierno le firmó “un cheque en blanco” a la Registraduría en el presupuesto general para la construcción de nuevas sedes y la adquisición de sistemas tecnológicos, tal como lo denunció en su momento en octubre de este año:

La sombra de Alexander Vega

No es un secreto que la figura de Alexander Vega, registrador nacional, y quien es uno de los autores de la reforma al Código Electoral, genera mucha resistencia en la mayoría de los sectores políticos con representación en el Congreso.

El senador por el Partido Verde, Ariel Ávila, le dijo a CAMBIO que “Alexander Vega le hace daño donde esté a la institucionalidad colombiana” y que su figura le ha restado más que aportado a la reforma al Código Electoral.

Sin embargo, afirmó que sus críticas al proyecto no obedecen a un tema personal, pues si bien en el pasado ha hecho serias denuncias en contra de Vega, resaltó que los cuestionamientos surgen de un estudio riguroso que el y su equipo han hecho al texto.

Por ejemplo, para el senador y politólogo, uno de los temas más delicados es el que tiene que ver con el hecho de convertir a los registradores municipales en autoridades electorales, lo que los ubica en cargos de libre remoción y nombramiento.

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“Imagínese a Alexander Vega con 1.122 cargos entregados a dedo a los clanes políticos” dijo Ariel Ávila.

Otro de los puntos que le preocupan a Ávila y a la bancada verde es del voto anticipado. Para el senador es muy difícil saber si una persona, en una región apartada de Colombia, que envía su voto anticipadamente no fue presionada por un grupo armado o si realmente fue ese ciudadano el que envió su voto y no otra persona.

El representante por el Pacto Histórico Alirio Uribe se había declarado en contra de la ponencia del proyecto, al considerar que tenía "vicios de inconstitucionalidad y va en contravía del programa de gobierno”.También manifestó en días pasados que “no es posible que el registrador que no ha explicado al país las irregularidades de las elecciones en las que se refundieron más de 500.000 votos del Pacto Histórico en Senado, se reúna con políticos en el Congreso y en el ministerio para liderar esta reforma”. 

Con el anuncio del gobierno de retirar el mensaje de urgencia, Uribe celebró que las críticas hayan sido escuchadas y felicitó al presidente Petro y al ministro Prada.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, también calificó como "acertada" la decisión del gobierno y dijo que "esta reforma debe darse con toda la calma que este tema amerita, sin afán de ningún tipo".

Lo que sigue para el proyecto

Al retirarse el mensaje de urgencia, el proyecto de reforma al Código Electoral ya no se discutirá en comisiones conjuntas y seguirá su trámite ordinario como ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado de la República, donde originalmente se radicó.

Esto implica que por lo menos este año solo tendría un debate, y que la discusión más álgida se daría a partir de marzo de 2023. Siendo así, las elecciones de octubre del próximo año seguirán con la normativa actual.