10 Mayo 2022

Hecha la ley, hecha la trampa: la participación política de funcionarios públicos ha aumentado en estas elecciones

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, publicó un video por el que ha sido acusado en redes de favorecer a la campaña del Pacto Histórico.

Crédito: Colprensa

El alcalde de Medellín se suma a una larga lista de funcionarios, entre las que están el presidente Iván Duque, el general Eduardo Zapateiro y varios mandatarios locales, que han hecho caso omiso a las prohibiciones de interferir de manera explícita en las elecciones.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se sumó este martes a la larga lista de funcionarios públicos en ser cuestionados durante esta campaña electoral por presuntamente participar de manera indebida en política. Un video, publicado en horas de la mañana a través de su cuenta de Twitter, abrió de nuevo el debate sobre cómo los políticos estarían tomando partido de manera abierta sin que haya un verdadero castigo.

 

 

El video, de unos pocos segundos, muestra a Quintero montado en un carro. El alcalde mueve la palanca de los cambios y dice: “el cambio, en primera”. Un mensaje más bien abstracto, pero que tiene una relación casi directa con la campaña que adelanta el Pacto Histórico para impulsar la victoria de Gustavo Petro en primera vuelta.

Si bien el alcalde no se pronunció de manera directa, la sola insinuación significó para muchos usuarios en Twitter una verdadera intromisión en política de un gobernantes, cuando la ley lo prohíbe. Pero Quintero no ha sido el único. 

Hace poco fue el general del Ejército Eduardo Zapateiro quien estuvo en la palestra por responder a un trino de Gustavo Petro en el que mencionaba que algunos miembros de la milicia estaban en la nómina del Clan del Golfo. El comandante de la institución castrense publicó un memorial de agravios de varios puntos en el que defendió a los soldados y recordó el polémico episodio del video en el que el líder del Pacto Histórico recibe una alta suma de dinero en bolsas de basura. 

 

 

El general, a quien la Procuraduría le abrió una investigación, fue respaldado por el presidente Iván Duque y por varios de sus ministros. Un apoyo que también fue visto por sus críticos como una indebida participación en política. No obstante, esta no ha sido la primera vez que el mandatario ha sido acusado de violar la ley de Garantías Electorales, que prohíbe al presidente de manera expresa referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas.

Cuidándose de no mencionarlo directamente por el nombre, el presidente se ha referido a propuestas específicas de la campaña de Gustavo Petro en varias oportunidades. El mandatario, en varios de sus discursos, ha hecho referencia al peligro que –según él– representa el aspirante de izquierda por una posible llegada al poder del "populismo". Duque, por su parte, afirma que, cuando se le pregunta sobre las elecciones, no habla de candidatos sino de “las políticas públicas y lo que le convienen al país”.

 

Participación en política de funcionarios va en aumento

 

A lo largo de la campaña electoral, tanto para Congreso como para Presidencia, son decenas las denuncias de supuesta participación indebida en política de funcionarios públicos que, por ley, tienen prohibida cualquier actividad de ese tipo. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado por un inusual aumento de estas conductas durante este periodo electoral.

Vale la pena recordar que el artículo 127 de la Constitución establece un régimen especial para algunos servidores públicos (presidente, alcaldes, gobernadores, militares y miembros de los cuerpos electorales) que les prohíbe intervenir en actividades o controversias políticas; esto es cuando sus declaraciones o actuaciones tienen incidencia directa en la dinámica y el proceso electoral, apoyando o rechazando una causa, una organización política o una candidatura, con independencia de si esta se menciona expresamente o no.

Sin embargo, tal parece que los funcionarios han hecho caso omiso de la ley. Aunque la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, hizo un llamado para acatar las normas constitucionales y legales que regulan su participación en política, de acuerdo con la MOE se han registrado más de 207 reportes sobre irregularidades en la función pública durante esta campaña electoral. 

Esto en general abarca dos conductas: la intervención en política, cuando de manera presencial o a través de redes sociales se muestra simpatía o se beneficia una campaña o partido (117 reportes), y el uso del cargo para presionar a subalternos o particulares a votar de cierta manera, no votar, o participar en actividades de una candidatura o partido (86 reportes). 

“El uso de las redes sociales es un aspecto que no está hoy regulado, pues no se sabe hasta qué punto las comunicaciones de los funcionarios hacen parte de sus funciones o de su esfera privada y del manejo que hace cada persona a sus cuentas personales”, explica para CAMBIO Danilo Sepúlveda, subcoordinador del área jurídica de la MOE.

Uno de los episodios que mejor ilustra lo anterior lo ha protagonizado la alcaldesa de Bogotá Claudia López. En diciembre, tras el cónclave que dio a luz a la Coalición Centro Esperanza, trinó la foto de un árbol de Navidad con una leyenda que fue interpretada como una alusión a la reunión.

 

 

Días después, luego del anuncio que hizo el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de no formar parte de la Coalición Equipo por Colombia e ir en solitario a la primera vuelta presidencial, López reaccionó con un trino que levantó la polvareda.

 

 

Por ese trino, la Procuraduría informó que había abierto una investigación en contra de López. El problema es que rara vez estas indagaciones terminan en alguna sanción. El vacío existente por la no expedición de una ley estatutaria que reglamente el ejercicio de la actividad política por parte de los servidores públicos ha dificultado que realmente estos comportamientos, claramente inconstitucionales, tengan algún tipo de castigo.

“Hay una cierta sensación de impunidad, pues pasan los años y se permite que se sigan presentando estos comportamientos porque no existe un verdadero ente de control visible. Por eso es importante establecer diferentes mecanismos de control y de prevención para que al interior de las entidades públicas estas conductas sean desincentivadas”, concluye Danilo Sepúlveda, de la MOE.