Iván Duque y el Acuerdo de Paz: No lo hizo trizas, pero casi

En entrevista con El Tiempo, Iván Duque asegura que será recordado como el presidente de la paz con legalidad. Sin embargo, si de algo ha sido acusado Iván Duque es de ser indiferente al asesinato de los líderes y al recrudecimiento del conflicto armado en todo el territorio nacional, luego de la firma de los Acuerdos de Paz. 

“Dado que los acuerdos están respaldados constitucionalmente y que además tienen el respaldo de las agencias internacionales, Duque no pudo acabar con ellos totalmente. No pudo borrarlos de la faz de Colombia”, asegura María Emma Wills, politóloga y una de las analistas más respetadas del conflicto armado en el país. Para ella, lo que Duque hizo con los acuerdos fue sabotearlos. El resultado es el atraso de los compromisos del acuerdo, que andan todavía en pañales.

Por el lado de la reforma agraria, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, reconoció que, del millón y medio de hectáreas que han debido ser entregadas a las comunidades más vulnerables durante el gobierno de Iván Duque, solo pudieron ser entregadas 100.000. Y de los 7 millones de hectáreas que el gobierno ha debido formalizar mediante procesos de titulación, la cifra llegó solo a 9.901, que corresponden a 8.026 títulos.  

El gobierno tampoco avanzó en la adjudicación de nuevas tierras para las comunidades indígenas, ni en la creación de reservas campesinas. Tampoco, en la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que debían ser una prioridad para permitir accesos a empleos adecuados para excombatientes. Se presentaron 7.282 iniciativas, pero no hay un sistema que monitoree qué ha pasado con ellas.

Acerca de la participación política de los exmiembros de las Farc, contemplado en el segundo punto del acuerdo, el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) señala que el avance fue del 32 por ciento en el objetivo de crear suficientes organizaciones y movimientos sociales con reconocimiento político. En cuanto a las 16 curules creadas para las víctimas del conflicto armado, estas solo pudieron entrar en vigor cuando la Corte Constitucional falló a favor del proyecto en 2021. Aun así, una de las personas que se quedó con una de las curules de víctimas fue Rodrigo Tovar Vélez, hijo del reconocido paramilitar Jorge 40. 

Para el tercer punto del acuerdo, que buscó consolidar procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y permitió la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el Registro Único de Víctimas, que reconoce a más de 9 millones de personas afectadas por el conflicto, arroja que únicamente el 4 por ciento  ha tenido medidas reparativas. 

La solución integral para el problema de siembra y consumo de drogas ilícitas también falló. A pesar de que, según Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hay 5.516 familias integradas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, y de que la erradicación llegó a más 480.000 hectáreas en 4 años, la UNODC calculó que el país cerrará 2022 con cerca de 290.000 hectáreas cultivadas de coca, por cuenta de las discrepancias entre el gobierno y las comunidades, que se negaron a participar en la sustitución voluntaria si la erradicación se hacía con glifosato, como quería Duque.

Así, el programa para las familias cultivadoras también se vio afectado. Un informe de la Procuraduría señaló que al menos 3.600 familias fueron suspendidas del programa sin causa justa, y otras 10.248 fueron excluidas del programa. Naciones Unidas ha advertido que las zonas del programa de sustitución de cultivos se han convertido en focos de recrudecimiento para el conflicto armado, dada la inacción estatal para respaldar los Acuerdos. 

Finalmente, los procesos de reincorporación de los combatientes a la vida civil no se cumplieron a cabalidad, lo que propició la fuga de reinsertados a las nuevas disidencias de las Farc. Naciones Unidas añadió al respecto que la falta de respaldo a los excombatientes para acceder a la tierra o a proyectos productivos ha dejado a muchos de ellos en una penosa situación de desprotección.

El recrudecimiento del conflicto 

Entre las organizaciones sociales hay consenso alrededor del recrudecimiento del conflicto. De acuerdo con la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes, 367 firmantes de la paz han sido asesinados. Al menos 256 de estos asesinatos ocurrieron durante el período de Iván Duque. Según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, 7,7 millones de personas presentan necesidades de atención humanitaria en Colombia, de los cuales 5.8 millones se encuentran en situación humanitaria crítica por vivir bajo el control de grupos armados en 373 municipios.

Además, se duplicaron los desplazamientos internos en el país. De acuerdo con la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, se alcanzaron las cifras más altas de los últimos 10 años. Durante 2021, más de 73.000 personas fueron desplazadas por la violencia; y otras 65.000 600 personas vivieron el confinamiento obligado por el recrudecimiento del conflicto armado en el país. 

Como cierre, una investigación de Blu Radio reveló que distintos funcionarios de la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación, y congresistas del Partido Conservador, se habrían apropiado de 500.000 millones de pesos destinados para el organismo Ocad-Paz, una organización encargada de gestionar el dinero que sería utilizado para ayudas humanitarias en los municipios PDET, es decir, las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país.