Iván Duque y la protesta social: la gente quiso hacerse oír pero el presidente no la quiso escuchar
Crédito: Yamith Mariño Diaz
En vez de dialogar, Iván Duque le dio a la protesta social un tratamiento de guerra que no solo dejó cientos de víctimas, sino que profundizó la desconfianza de la ciudadanía hacia la fuerza pública.
Por: Maria F. Fitzgerald
Buena parte del cuatrienio de Iván Duque estuvo marcado por la protesta social y por la reacción oficial a esa protesta. La gente quiso hacerse oír, pero el presidente no la quiso escuchar. El símbolo de ese diálogo sordo fue la aparición de Iván Duque, vestido de policía, días después de las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020, motivadas por el homicidio del abogado Javier Ordóñez por agentes de la Policía en Bogotá. La gente protestaba contra la brutalidad policial y el presidente le contestó disfrazándose de policía. Fue su modo de decir de qué lado estaba. El resultado se tradujo en miles de denuncias contra el abuso de la fuerza, más de 100 casos de mutilación ocular, más de 300 desapariciones relacionadas con las manifestaciones y al menos 60 asesinatos a manos de la fuerza pública.
“El gobierno de Iván Duque les dio a las protestas sociales un tratamiento de guerra. La justificación fue decir que las manifestaciones eran motivadas por el terrorismo, por una conspiración internacional, relatos que justificaron darles un tratamiento de movimientos insurgentes o infiltrados por la guerrilla”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz. Este tratamiento provocó la visita de urgencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), motivó una propuesta para reformar la Policía y terminó con una desfavorabilidad del 73 por ciento hacia el presidente al final de su cuatrienio.
Contra el estallido social, la represión
El primer estallido lo causó una noticia: el bombardeo en Cartagena del Chairá en el que murieron al menos ocho niños y por el cual terminó renunciando el ministro de Defensa Guillermo Botero. Miles de personas se volcaron a las calles el 21 de noviembre de 2019, en un paro que se extendió por más de dos semanas y que terminó con cientos de denuncias de abusos policiales y la muerte de cuatro ciudadanos, entre ellos el joven estudiante Dilan Cruz.
El confinamiento derivado de la pandemia del covid-19 aplazó las protestas, pero las exigencias de la ciudadanía continuaron: el cese de los bombardeos contra la población civil, la protección de los líderes sociales, la intervención del Estado para frenar las masacres y la implementación plena de los Acuerdos de Paz.
El segundo estallido lo causó la revelación del video que mostraba el asesinato a golpes de Javier Ordóñez, a manos de la Policía de Bogotá, el 8 de septiembre de 2020. La noche siguiente, cientos de personas salieron a rodear los CAI de Bogotá y Soacha. Veintidós CAI resultaron incinerados; y 14 civiles muertos por la actuación irregular de la Policía.
El tercer estallido ocurrió el 21 de abril de 2021, cuando se hizo pública una propuesta de reforma tributaria que, luego de los efectos económicos causados por la pandemia, terminaría por gravar con impuestos los alimentos básicos de la canasta familiar. Con el pasar de los días, lo que inició como una reacción contra la reforma derivó en la reivindicación de nuevas banderas, dentro de las que primó la urgencia de una reforma policial que pusiera fin a las miles de denuncias contra la arbitrariedad y el abuso de la fuerza. En noviembre de ese año, el senador Iván Cepeda denunció que en 36 operaciones del Ejército habían sido bombardeados al menos 22 menores de edad. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los niños se habían transformado en máquinas de guerra al servicio de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con cifras de la ONG Temblores, en los dos meses del estallido social de 2021 se registraron al menos 5.340 casos de violencia policial. Entre ellos, ocurrieron 40 casos de homicidio, 35 de violencia sexual, 1.747 de violencia física, 103 de lesiones oculares, 898 intervenciones violentas, 66 montajes judiciales y más de 300 personas desaparecidas. La Fiscalía, por su parte, reconoció al menos 68 homicidios culposos ocurridos en esos días. Durante 2022, Temblores ha registrado 161 hechos de violencia policial, siete casos de violencia homicida, ocho casos de violencia sexual y nueve montajes judiciales.
En cuanto a los hechos relacionados con la falta de voluntad para la implementación del Acuerdo de Paz, el saldo durante la presidencia de Duque, según Indepaz, es de 273 masacres, que dejaron 1.144 víctimas fatales; y el asesinato de al menos 823 líderes sociales.
