Justicia: un ministerio de reparto

Wilson Ruiz quería ser procurador, no ministro. O, por lo menos, eso parecía. En agosto de 2020, cuando el actual gobierno llegaba a la mitad de su periodo, Ruiz fue ternado por los magistrados de la Corte Suprema como el posible reemplazo del saliente procurador Fernando Carrillo. No era su primera vez en una terna, ya sabía lo que era estar candidatizado para la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Solo para este último salió elegido en 2012 aunque renunció tres años después. Pero lo particular de su empeño por llegar a la Procuraduría es que compartió terna con Margarita Cabello, quien todavía era ministra de Justicia cuando el presidente Iván Duque postuló su nombre. En esa elección se dio una movida que pocos veían venir.

El desenlace fue el siguiente: Cabello renunció a su cartera, el Congreso la eligió con una mayoría aplastante —Ruiz no cosechó un solo voto—, se erigió como la máxima cabeza del Ministerio Público y terminó ocupando su silla en el gabinete ministerial. Wilson Ruiz no fue sucesor de Carrillo, pero sí de su “contrincante” en el poder ejecutivo. “Unos vienen y otros van”, como reza la canción. 

Luego de casi un mes de interinidad, el presidente oficializó su nombramiento en el ministerio. Fue el tercero en llegar a ese puesto después de Gloría María Borrero, quien inauguró el gobierno y duró los primeros nueves meses, y Cabello. Heredó, como todos sus antecesores, las problemáticas históricas del sector (congestión judicial, altos índices de impunidad, dificultades en el acceso y hacinamiento carcelario) y otras más coyunturales como la virtualidad obligada por la pandemia y los proyectos de ley abiertamente inconstitucionales que Duque se empeñó en impulsar. En sus manos estaba la posibilidad de devolver el vigor y protagonismo de otras épocas a una cartera que cada vez es menos relevante en el debate público y que no despierta interés por fuera de los colegios de abogados y las facultades de Derecho. Pero la tarea titánica que significa arreglar el sistema judicial, que con el paso de los años se ha convertido en un cúmulo de remiendos insuficientes, resultó siendo demasiado.

De su paso por el Ministerio de Justicia, Ruiz puede sacar pecho por algunos avances. La entrega de 50.000 títulos de propiedad a familias de escasos recursos, por ejemplo, es una acción que tiene mucho peso en un país con casi cinco millones de desplazados por el conflicto armado. Otro de sus logros es la celeridad en la aprobación de licencias para el cultivo de cannabis, que por razones burocráticas recae sobre este ministerio. Evacuó más de 1.000 solicitudes que estaban represadas y hoy se expiden un promedio de 1,91 licencias por día. Este es un espaldarazo a la golpeada economía nacional dado que las proyecciones indican que, para 2026, este mercado generará ingresos entre 47 y 59 millones de dólares y más de 24.400 empleos. 

En otros temas su paso puede ser calificado como gris y discutible. La situación de las cárceles es la prueba reina. El ministro Ruiz redujo la sobrepoblación carcelaria notablemente al pasar del 54,5 por ciento en 2020 a 20,1 por ciento en la actualidad y creó un nuevo Plan de Política Criminal que dejó una asignación de recursos de 42.895 millones de pesos para el sistema penitenciario. Sin embargo, el desorden que ocurre al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), institución adscrita al Ministerio de Justicia y que ahora es sinónimo de escándalos y no de autoridad, le pasó factura e impide que su gestión en esta materia sea aplaudida.

Solo basta fijarse en los últimos meses para concluir que el Inpec es un verdadero dolor de cabeza. El pasado mes de marzo fue destituido su director, general Mariano Botero, después de que una investigación de Noticias Caracol revelara que el empresario Carlos Mattos, quien habría sobornado jueces para que lo favorecieran en un pleito judicial, gozaba de beneficios en la cárcel La Picota que le permitían abandonar el centro de reclusión en vehículos oficiales y reunirse con sus abogados y familiares en su oficina en el norte de Bogotá. Solo unas semanas después se confirmó la fuga de Juan Larrison Castro, alias Matamba, un potentado narcotraficante que era requerido por la justicia de Estados Unidos, y quien huyó de La Picota sin disparar un arma, uniformado como dragoneante y aparentemente con la ayuda de algunos guardias del Inpec. Castro sería abatido a finales de mayo en una operación conjunta de la Policía y la DEA.

Otra papa caliente empezó a cocinarse en las semanas posteriores y otra vez en La Picota.  Más precisamente en su pabellón de extraditables. Una investigación de Cambio, publicada un mes más tarde, contó cómo un domingo cualquiera, destinado a las visitas de familia y allegados, se volvió la excusa perfecta para que algunos presos organizaran una “megarrumba” en la que hubo licor, droga y la presentación de una renombrada cantante de vallenato.  El motivo de celebración era el cumpleaños de uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo. 

Estos antecedentes, que tuvieron lugar en una de las cárceles más vigiladas y controladas del país, evidenciaron la anarquía que se respira en la institución. Pero la demostración irrefutable de la inviabilidad del Inpec se dio el pasado 28 de junio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, y cobró la vida de 53 personas. Una sangrienta riña entre bandas por el control del expendio de droga al interior del penal se transformó en un incendio que rápidamente se salió de control. La reacción de los guardias que acudieron a frenar las llamas no fue suficiente porque ya decenas de reclusos habían fallecido asfixiados. Así lo corroboró el ministro Ruiz ese mismo día cuando se pronunció sobre la tragedia: "La gran mayoría de fallecidos y lesionados fueron como consecuencia de la inhalación de humo a raíz de la conflagración”. 

Sería injusto afirmar que el Inpec desmejoró a raíz de la llegada de Ruiz. Es una institución que viene en decadencia desde hace mucho rato. Lo que sí es cierto es que es un toro que debía cogerse de los cuernos desde el principio y el ministro no lo consiguió. 

Algo parecido le pasó con algunas iniciativas que su jefe, el presidente, se obstinó en promover. Respondiendo más a intereses políticos y no al sentido común, Duque hizo que la aprobación de la cadena perpetua para violadores de niños fuera una de sus luchas personales. El primer mandatario, que es abogado y necesariamente aprendió unas nociones básicas de derecho constitucional en su etapa de estudiante, tenía claro que un proyecto de ley de ese estilo nunca pasaría exitosamente por un examen de constitucionalidad en la Corte y aun así decidió seguir adelante. Aunque Ruiz todavía no era ministro al momento de aprobarse la cadena perpetua, sí fue el encargado de presentar su reglamentación unos meses después. No se sabe si advirtió al presidente Duque del autosaboteo que el mismo gobierno se estaba haciendo al perseguir una causa perdida, pero es claro que optó por consentir su testarudez. El descalabro judicial estaba cantado. En septiembre de 2021, en una votación de seis contra tres, los magistrados de la Corte Constitucional tumbaron la medida punitiva y el fracaso recayó sobre la cartera de Justicia. 

El Decreto 333 de 2021 proferido por Ruiz en su condición de ministro también es objeto de cuestionamientos debido a que introdujo un cambio respecto de las tutelas que se interponen en contra del presidente. Escudándose en su deseo por desconcentrar el sistema judicial, el decreto dispuso que solo el Consejo de Estado puede conocer los amparos dirigidos al primer mandatario. Muchos lo recibieron como si el propio presidente estuviera eligiendo su juez. Anteriormente eran los juzgados regionales los que recibían estas acciones, pero, luego de una serie de fallos adversos en temas como la protesta social y la erradicación de cultivos ilícitos, el gobierno sacó este as bajo la manga. Actualmente el decreto está siendo revisado por el Consejo de Estado que no se ha pronunciado de fondo sobre su validez.

Y la más reciente jugada fue la solicitud de nulidad de la sentencia que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Aupados por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que determinó que la palabra final sobre la interrupción del embarazo está en cabeza de los estados y no del gobierno central, la Casa de Nariño, a través del Ministerio de Justicia, consideró prudente radicar una petición ante la Corte Constitucional para que rectifique la histórica providencia argumentando que el aborto ya era una cosa juzgada desde hace 16 años. El fallo de los jueces estadounidenses llega cuatro décadas después de la despenalización y equivocadamente el gobierno colombiano pretende que los mismos magistrados que hace solo unos meses reconocieron el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos reversen la determinación.

El margen de maniobra de Ruiz no fue amplio y se dejó arrastrar por los deseos populistas del gobierno Duque. Todas estas acciones, a pesar de que es poco probable que se concreten, son un mensaje para los pocos que aún defienden su visión del país. En el limbo todavía está la reforma a la justicia presentada por Ruiz que está bajo estudio de la Corte Constitucional y que, según logró conocer Cambio, puede que se vea trastocada en varios de sus apartes. La digitalización de la justicia, a su vez, es una realidad que, aunque tardíamente, de a poco se ha ido materializando pero que respondió más a las necesidades del momento y no a un deseo irrestricto del ministerio. Detrás de su puesta en marcha estuvieron colectivos, universidades, organizaciones sociales, colegios de abogados y la misma ciudadanía que la pedía a gritos hace mucho.

La salida de Wilson Ruiz del Ministerio de Justicia el próximo 7 de agosto será sin pena ni gloria. Es verdad que no fue la primera opción de este gobierno y que tuvo que acomodarse a muchas políticas que venían ejecutándose. De seguir este camino, lo que alguna vez fue la cartera que enfrentó de frente al narcotráfico y la violencia, está encausada a jugar un papel de reparto, un ministerio segundón.