La camioneta de la UNP que le sobra al hogar Lafaurie-Cabal

Es un barrio tranquilo en el norte de Bogotá. No es usual ver grandes aglomeraciones de tráfico ni carros parqueados en las aceras o andenes que interrumpan la ruta de los peatones. Sin embargo, ha causado curiosidad e inquietud en los vecinos una camioneta parqueada días y noches sobre el andén de uno de los conjuntos residenciales de la zona. Es una camioneta modelo Duster de color gris, que permanece al lado de camionetas de alta gama.

A diferencia de los otros vehículos mucho más costosos y lujosos, la Duster no es blindada y yace al borde del andén, donde –según dicen los vecinos– solo es movida en contadas ocasiones.

CAMBIO verificó la denuncia y durante tres días pasó por el lugar a diferentes horas del día y de la noche y constató que efectivamente la camioneta estaba parqueada sin que, en apariencia, se le diera uso.

Esta camioneta –al igual que las blindadas junto a las que regularmente se encuentran parqueadas– hace parte de un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Por esta camioneta, los colombianos pagan con sus impuestos $7.423.622 al mes.

Su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, tiene su propio esquema de protección asignado por dicha unidad, además de un vehículo de la Federación de Ganaderos.

Aunque la situación de seguridad de ambos es diferente, el hogar Lafaurie-Cabal cuenta con siete vehículos asignados por la UNP, más 12 escoltas y cuatro policías.

Estos automotores son también utilizados por sus hijos y la camioneta Duster –según los vecinos– se utiliza eventualmente para llevar insumos al próspero negocio de postres de Luisa Lafaurie, hija menor del matrimonio.

Giovanny Gallo, presidente de Analtraseg, sindicato que asocia a escoltas de la UNP, aseguró que este caso contrasta con la situación de miles de defensores de derechos humanos, reclamantes de restitución de tierras y víctimas de violencia que solicitan protección sin que sus peticiones sean atendidas: “Es increíble que las personas no usen los vehículos y los tengan parqueados a sol y agua, mientras hay gente necesitando, esperando a que les asignen unas medidas que nunca les llegan. Hay personas que han muerto esperando esas medidas”.

Los costos de un esquema de protección

Según cifras de la UNP, el costo de un esquema de protección varía de acuerdo con la cantidad de hombres y tipos de vehículos asignados.

Un escolta vale $7.044.667 al mes; un vehículo blindado, $11.991.872; un vehículo sin blindaje, $7.423.622, y una motocicleta, $2.500.000. Pero hay otros valores adicionales: las armas, chalecos y otros implementos asignados a los esquemas de seguridad también tienen un costo mensual por el que la UNP paga: 

Bono por buen servicio: $165.000

Dotación: $135.600

Seguro de vida: $43.870

Teléfono: $66.470

Chaleco blindado: $43.870

Arma de dotación: $110.469

La suma es de $565.281 adicionales por cada escolta.

Así las cosas, un esquema de seguridad como el de la familia Lafaurie-Cabal, que cuenta con 4 camionetas blindadas, 3 convencionales y 12 escoltas de la UNP, cuesta $161.557.730 al mes.

Los colombianos piden protección

Según información entregada a CAMBIO por la Unidad Nacional de Protección, entre julio de 2021 y julio de 2022, 36.365 personas en todo el país solicitaron a la entidad medidas de protección. Solo a 6.644 personas les fueron concedidas.

Las personas que más le solicitaron protección a la UNP en el último año fueron activistas y representantes de organizaciones de derechos humanos, seguidos de servidores públicos y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Las cinco zonas del país en las que más colombianos pidieron medidas de protección a la UNP en ese periodo fueron: Bogotá, con 7.002 peticiones; Valle del Cauca, con 3.924; Cauca, con 3.007; Norte de Santander, con 2.236, y Magdalena, con 1.790.

Otras personas, como miembros de misiones médicas y periodistas, también solicitaron protección a la UNP en ese periodo. En total 47 miembros de misiones médicas pidieron protección, la mayoría en la ciudad de Arauca y en Puerto Rico, Caquetá.

En total, 529 periodistas solicitaron protección a la UNP, entre julio de 2021 y julio de 2022. Las peticiones negadas sumaron 401.

Bogotá es la ciudad del país donde los periodistas solicitaron más esquemas de seguridad, seguido de Arauca y Cali. 

En muchos casos, los esquemas se niegan porque las personas que los solicitan no pertenecen a la población objeto de protección (defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, entre otros). Sin embargo –según afirma el sindicalista Giovanny Gallo–, la UNP ha otorgado durante los últimos años esquemas a personas que están lejos de pertenecer a dicha población: “Acá tenemos personajes que no son población objeto y a veces tienen los beneficios de la UNP. Hay cantantes de vallenato con vehículos y esquemas de la Unidad Nacional de Protección”.

Este año, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública en la que participaron líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes de la UNP, la Fiscalía, la Procuraduría, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Presidencia de la República.

El motivo de la audiencia fue analizar las falencias en la protección de defensores de derechos humanos. En ese momento, el Alto Tribunal estudiaba nueve tutelas interpuestas por 18 defensores a quienes el Estado les había negado la protección.

Augusto Rodríguez, el nuevo director de la UNP, tendrá entre sus manos resolver el espinoso asunto de los esquemas de protección. De un lado, busca solucionar la petición del senador Gustavo Bolívar de anular los esquemas vitalicios que dejó asignados el presidente Duque a miembros de su gabinete; y de otro, la optimización de recursos, es decir, otorgar esquemas a quienes realmente los necesiten.

La senadora María Fernanda Cabal fue consultada por CAMBIO, pero a la hora de publicación de este informe no había respondido a la solicitud.