La Corte Constitucional: el tatequieto del próximo presidente

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández producen incertidumbre entre los indecisos que no les votaron en primera vuelta. La percepción, como lo dijo el historiador Malcolm Deas en su reciente entrevista con El País, es que sus discursos son populistas, de manera que no sería raro que la segunda vuelta del 19 de junio se vuelva, para muchos colombianos, un ejercicio de descarte entre dos populismos opuestos.

Aunque ninguno de los dos es un principiante en la administración pública, sobre ambos pesan reparos imposibles de borrar. El principal es que ambos en algún momento han mostrado visos autoritarios y, en consecuencia, son poco dados al consenso. La pregunta que surge en los dubitativos es hasta dónde Petro o Hernández estirarán la institucionalidad para gobernar.

Quienes todavía no se han contagiado de la emoción comunal del "cambio", probablemente votarán aferrándose a la ilusión de que el próximo presidente no vaya a gobernar sin contrapesos. 

Las mayorías del Congreso suelen acampar en la orilla del mandatario de turno. Salvo un escenario inédito, es posible que esto se repita en los cuatro años que vienen. Los anteriores gobiernos han presentado iniciativas abiertamente inconstitucionales y con vicios de trámite, y aún así pasaron sin inconvenientes por la Cámara de Representantes y el Senado gracias a la mermelada. Es claro que a muchos legisladores los mueve el interés y no sus deberes. Por eso resulta ingenuo esperar que frenen los delirios del nuevo presidente.

Históricamente, el rol de la contención lo ha cumplido la Rama Judicial, más específicamente la Corte Constitucional, y es sobre ella que reposan muchas expectativas ante los eventuales gobiernos de Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. 

La creencia general apunta a que la Corte es una defensora de minorías y causas impopulares. Para reforzar el argumento, se suelen citar sus fallos en materia social, como la despenalización del aborto y el consumo de la dosis mínima, la unión entre parejas del mismo sexo y el reconocimiento de derechos a los hijos extramatrimoniales. Sin embargo, esta postura, al mismo tiempo contramayoritaria y democrática, se extiende a terrenos económicos y políticos también. Quizá el ejemplo más claro fue lo que sucedió con el referendo que se pretendía convocar para legitimar un tercer periodo presidencial de Álvaro Uribe.

En febrero de 2010, cuando el entonces presidente gozaba de niveles de aprobación cercanos al 80 por ciento, los magistrados de la Corte le mostraron la puerta de salida de la Casa de Nariño al no permitirle llevar a cabo esa consulta ciudadana. Además de que identificó irregularidades en la recolección de firmas, el fallo resaltó que un nuevo periodo presidencial violaría principios estructurales de la Constitución como la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la alternancia democrática. En ese momento la Corte contrarió la voluntad de la mayoría de colombianos y, sobre todo, la del político más influyente y poderoso de las últimas tres décadas. La posición del Alto Tribunal era coyunturalmente impopular, pero ajustada a derecho y comprometida con el equilibrio institucional. 

Los periodos de los magistrados son de ocho años. De los que firmaron la sentencia que acabó con el sueño reeleccionista del uribismo, ninguno está hoy en la Corte Constitucional. Esas salidas, sin embargo, no han hecho que su espíritu de contrapoder se pierda. Si no, que lo diga el presidente Iván Duque, quien ha tenido que ver cómo muchos de sus principales proyectos de ley se hunden en la Corte. Su primera derrota la sufrió por cuenta de sus objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando la Corte determinó que habían sido rechazadas previamente en el Congreso. Misma suerte corrieron la Ley de Financiamiento, la cadena perpetua para violadores de menores de edad, varios artículos del nuevo Código de Policía, la suspensión de la Ley de Garantías y la reforma al Código Electoral, entre otras. Y todas las decisiones respondieron a argumentos jurídicos certeros que no dieron espacio a cuestionamientos. 

Pero ante los temores populistas que despiertan Petro y Hernández, el aporte más valioso de la Corte puede ser su reciente deseo por hacer cumplir a rajatabla el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Los magistrados últimamente se han concentrado en evaluar qué tan económicamente viables son las leyes que aprueba el Congreso, de tal forma que las arcas estatales no se vean afectadas. Cada vez que se presenta un proyecto de ley para crear un subsidio o una nueva transferencia social, es necesario que se especifique cuál será su fuente de financiación. Los magistrados, tras estudiar el texto presentado y los conceptos rendidos por el Ministerio de Hacienda, concluyen si dan o no el visto bueno para que entre en vigor. Esta rigurosa postura obliga al gobierno de turno a mantener una disciplina en materia fiscal e impide que propuestas que implican un gasto alto, como la renta básica universal o el subsidio de desempleo, se pongan en marcha sin un respaldo técnico y financiero. 

La reforma al régimen mediante el cual se liquidaban los honorarios de los concejales de los municipios con menos de 30.000 habitantes es uno de los precedentes recientes. Cuando apenas comenzaba el año, dos días después del festivo de Reyes, el Congreso aprobó que los honorarios de estos cabildantes aumentaran y que, además, se les pagara su seguridad social con dineros del presupuesto municipal. La Corte estudió el caso, declaró su inconstitucionalidad y le jaló las orejas a los congresistas —de paso, enviándole un mensaje claro al gobierno— por no tener en cuenta los impactos económicos del proyecto de ley. 

Así las cosas, no la van a tener sencilla Petro y Hernández. Sus ansias desbordadas necesitarán ser apaciguadas porque cada una de sus reformas eventualmente pasará por los despachos de los magistrados que concienzudamente analizarán el cumplimiento de todos los requisitos que exige la Constitución. Incluso, así declaren los ya anunciados estados de excepción —emergencia económica en el caso de Petro y conmoción interior en el de Hernández—, llegará el momento en que la Corte determine si existían las condiciones imprevisibles y extraordinarias para que el presidente pudiera emitir decretos con fuerza de ley. Tal y como ambos han justificado su deseo de declarar su respectivo estado de excepción, señalando al hambre y la corrupción como causas suficientes, es muy probable que la Corte no esté de acuerdo y deje sin efecto todo lo que se ordene durante la emergencia o conmoción. 

Este será el panorama de entrada. Más adelante puede que se trastoque a medida que el nuevo presidente se acople a su cargo y los magistrados vayan cambiando. De ahora al 2025, seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional serán reemplazados. De hecho, ya comenzó el proceso en la Corte Suprema de Justicia para suplir la vacante que deja Gloria Stella Ortiz. Los únicos que permanecerán de inicio a fin durante el periodo presidencial que se avecina, son los conservadores Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses y la liberal Natalia Ángel. Todos los demás se habrán ido y el presidente que llegue, bien sea Petro o Hernández, tiene la obligación de ternar a los reemplazos de Alejandro Linares y Cristina Pardo, quienes fueron postulados, a su vez, por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Dicha elección, lejos de garantizarle dos jueces de bolsillo, ayuda a que la balanza ideológica se mantenga equilibrada. Afortunadamente la Corte no ha servido de acólita de ningún mandatario.

Debido a estas entradas y salidas, una es la Corte que recibirá al nuevo mandatario y otra será la que lo despida. Lo que continuará seguramente invariable es su permanente vigilancia al respeto de la Carta Política. En tiempos políticos tan turbulentos e inciertos, la Corte Constitucional es un seguro más que confiable.