14 Septiembre 2022

La cuota del Partido Conservador en la Aerocivil genera muchas suspicacias

Crédito: Yamith Mariño

Adriana Ramírez Suárez es la más opcionada para dirigir la entidad, a pesar de que su nombre genera varias dudas por la poca experiencia en el sector y algunos enredos en su trayectoria pública.

El pasado 8 de septiembre, el Ministerio de Transporte envió una carta al secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, solicitando revisar la viabilidad de nombrar a Adriana Ramírez Suárez como nueva directora de la Aerocivil y terminar el periodo de encargo de Francisco Ospina Ramírez.

Carta del Ministerio de Transporte al Secretario Jurídico de la Presidencia

Ospina estaba al frente de la entidad desde el 7 de julio de 2022, después de que Jair Orlando Fajardo fuera declarado insubsistente por la entonces ministra Ángela María Orozco, con el aval del presidente Iván Duque. 

Debido a esta sorpresiva salida fueron varios los cuestionamientos que empezaron a caer sobre la figura de Fajardo, así como las especulaciones sobre las razones de su salida. Estas giraron en torno al lento avance de las obras del Aeropuerto del Café, irregularidades en contratos de la entidad y poca ejecución en obras como las del Aeropuerto de Popayán.

Según reveló en su momento la periodista Paola Herrera, la Contraloría publicó un informe en junio de 2022 en el que se reportaron 21 hallazgos fiscales y disciplinarios en la Aerocivil, entre ellos el no cumplimiento de la austeridad en el gasto ordenada por el presidente Duque.

Además, Herrera también dio a conocer que Fajardo había firmado –durante su año como director de la entidad– 835 contratos por prestación de servicios, varios de ellos entregados a supuestos recomendados del Partido Conservador.

Uno de esos nombres es precisamente el de Adriana Ramírez Suárez, quien desde el primero de octubre de 2021 se ha desempeñado como secretaria del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), una institución universitaria encargada de la capacitación y formación de los funcionarios de la Aerocivil.

La cercanía del Partido Conservador con la Aerocivil –con el Ministerio de Transporte– no es nueva. El mismo Jair Fajardo fue apadrinado por el expresidente del Senado Juan Diego Gómez y la excongresista Esperanza Andrade. Por su parte, el actual ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tiene cercanía con Carlos Trujillo, presidente de los conservadores.

Por ello, no sorprende que desde el mismo ministerio se haya decidido escoger a Ramírez en la Aerocivil, para mantener así a una ficha clave de la administración de Fajardo y del Partido Conservador, que hace unos días sorprendió al declararse partido de gobierno.

¿Idónea para el cargo?

Es extraño que el gobierno de Gustavo Petro haya decidido relevar a Francisco Ospina de la dirección encargada, pues tiene más de 18 años de experiencia en el sector, además de haber sido piloto comercial e ingeniero mecánico. En cambio, más allá de su cercanía con las toldas azules, sobre Adriana Ramírez Suárez recaen dudas sobre su experiencia en el sector. Prácticamente su trayectoria en temas aeronáuticos es la del CEA, del que hace parte desde octubre del año pasado.

Según la hoja de vida publicada en el portal de talento humano de la Aerocivil, Ramírez es abogada con tres especializaciones: una en derecho administrativo, de la Universidad del Rosario; otra en derecho constitucional, de la misma institución; y la tercera, en contratación estatal. Además, cuenta con una maestría en dirección de empresas.

Respecto de su experiencia laboral y profesional, Adriana Ramírez fue inspectora de Policía, secretaria de Gobierno, personera y dos veces alcaldesa encargada del municipio de Silvania (Cundinamarca), personera municipal y alcaldesa de Une (Cundinamarca).

De 2012 a 2016, fue secretaria de Gobierno en la Gobernación de Cundinamarca, durante el periodo de Álvaro Cruz, quien está hoy recluido en la cárcel La Picota por su participación en el carrusel de la contratación y el intento de sobornar a un procurador delegado para dilatar el proceso en su contra. 

En 2020, regresó a la Gobernación para dirigir la Secretaría de la Mujer y la Equidad de Género, en el mandato de Nicolás García, y salió del cargo un año después, en febrero de 2021. Su perfil de LinkedIn dice que ha hecho varios diplomados relacionados con la Aeronáutica y aviación desde que está al frente del CEA.

Sombras sobre su pasado

Para las elecciones a la Alcaldía del municipio de Une, en 2015, uno de los candidatos más fuertes era Álvaro Gómez, exesposo de Ramírez y quien aspiraba en representación de la coalición entre el Centro Democrático y el Partido Conservador.

En octubre de ese año, Noticias Uno reveló las denuncias de varios líderes de la zona acerca del favorecimiento de Adriana Ramírez, que por esa época era secretaria de Gobierno de Cundinamarca, a la candidatura de su expareja. Incluso, se supo que el matrimonio se divorció tan solo unos días antes de las elecciones, evitando así que Gómez quedara inhabilitado por el cargo de su entonces esposa.

Por estos hechos, la presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la época, María Eugenia Carreño Gómez, le llamó la atención a la funcionaria, como quedó registrado en el boletín 1063 de la Procuraduría de octubre de 2015.

Procuraduría llama la atención a Adriana Ramírez

Ramírez tuvo que asistir a una citación de la Procuraduría, en febrero de 2016, para que entregara su versión en la indagación preliminar que se adelantaba y de la cual salió bien librada.

Otro episodio cuestionable de su paso por la Gobernación de Cundinamarca es un informe de auditoría entregado por la Contraloría de Cundinamarca en octubre de 2015. Allí se reportó un hallazgo administrativo y otro fiscal relacionado con el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 073 (017) del 21 de diciembre de 2012.

Informe auditoría

En el documento se afirma que la Secretaría de Gobierno, liderada en ese momento por Ramírez, no presentó los informes de ejecución avalados por el supervisor designado por la misma secretaría que permitieran verificar el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista, en este caso el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun).

Según el informe, se constituyó un detrimento patrimonial al departamento por más de 3.000 millones de pesos. El contrato tenía como objetivo establecer una red de comunicaciones de apoyo para fortalecer la seguridad en Cundinamarca utilizando una plataforma y dispositivos móviles con geolocalización.