La feria de los millones con la entrada de Bogotá a la Región Metropolitana

Con 11 votos a favor y 3 en contra, los concejales de la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá aprobaron el sábado 29 de octubre el ingreso de la ciudad a la Región Metropolitana. 

Se trata de una decisión trascendental porque incidirá directamente sobre lo que suceda con los habitantes y los territorios de Bogotá y buena parte de Cundinamarca en las próximas décadas.

Lo que en principio suena como una maravilla, porque armoniza los intereses de la capital con los de los municipios vecinos en temas como seguridad alimentaria, transporte público, vías de acceso, educación y redes de servicio, para los opositores es una decisión cercana a la tragedia, porque concentra el poder en pocas manos, deja por fuera de las decisiones a los municipios más débiles y les deja mucho margen a maniobras como el volteo de tierras, que multiplican exponencialmente las ganancias de los urbanizadores pero muy poco les dejan a los habitantes locales.

La Región Metropolitana de Bogotá comenzó a gestarse el 22 de julio de 2020, a través de un acto legislativo que modificó el artículo 325 de la Constitución Política y le dio vida a la entidad administrativa de régimen especial que ordenará y definirá temas de vital importancia para los bogotanos y habitantes de los municipios de Cundinamarca.

Aunque la aprobación de la Región Metropolitana en el Congreso ocurrió hace dos años, en plena pandemia, era necesario que el Concejo de Bogotá y la Asamblea de Cundinamarca aprobaran los respectivos ingresos, tanto del departamento como del Distrito Capital a la Región Metropolitana.

Esta es quizá una de las decisiones más importantes tomadas en Bogotá durante los últimos 20 años. Definirá el futuro de la ciudad y la región en materias tan importantes como urbanización, movilidad, seguridad y medioambiente. A pesar de las amargas experiencias que ha tenido Bogotá con los cobros de valorización, este proyecto contempla nuevos cobros por esa vía, por obras que se ejecuten en los diferentes municipios de la Región Metropolitana. 

La Región Metropolitana contará con autonomía administrativa financiera y jurídica y será presidida por un Consejo Regional, el cual estará conformado por el alcalde de Bogotá, los municipios que se asocien, el gobernador de Cundinamarca, un delegado del Gobierno nacional y otro del Comité Intergremial de Bogotá, en el que se destacan, entre otros, miembros del sector de la construcción y la hotelería y el turismo. “Esto tiene una afectación directa en la vida de los bogotanos y en la vida política. Cualquier cosa podría ser sujeto de decisiones en esta Región Metropolitana, justamente porque el diseño institucional que crearon es sumamente abierto y poco democrático. De una gobernanza cerrada, oculta tras bambalinas, yo no puedo más que pensar mal", opinó Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático y uno de los más fuertes opositores al proyecto.

Otros concejales de Bogotá que lo rechazan aseguran que el proyecto puede representar una tragedia para la región, especialmente para los municipios más pequeños: “Esta Región Metropolitana es autoritaria porque su conformación no fue profundamente participativa ni tuvo en cuenta a los más vulnerables”, aseguró Diego Cancino, concejal de Bogotá por el Partido Verde. 

¿En qué consiste la Región Metropolitana? 

El objetivo principal de este régimen especial es conseguir que Bogotá y toda la sabana se conviertan en una gran región que diseñe políticas públicas para los más de 10 millones de habitantes que viven en esta zona. 

Tendrá competencias en:

Ordenamiento territorial y hábitat

Formulará y coordinará los programas y proyectos de vivienda, incluyendo las Vivienda de Interés Social y las Viviendas de Interés Prioritario. 

Seguridad ciudadana, convivencia y justicia

Diseñará y pondrá en marcha un plan integral de seguridad, coordinará acciones conjuntas entre Bogotá y los municipios para el control de delitos y formulará un plan de inversiones para la adquisición de material tecnológico y de seguridad.

Seguridad alimentaria

Pondrá en marcha planes y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas agropecuarias y la generación de valor agregado a productos agrícolas. Tendrá también a cargo la gestión técnica y administrativa para la creación de nuevas centrales de abastos y plantas de beneficio animal en los municipios de Cundinamarca asociados a la Región Metropolitana.

Servicios públicos y domiciliarios

Tendrá a su cargo ejecutar acciones para gestionar los recursos hídricos, mejorar la prestación y la calidad de las empresas públicas de la región y poner en marcha una política regional para el manejo y disposición de basuras.

Desarrollo económico

Definirá un plan estratégico para consolidar el desarrollo económico de los municipios teniendo en cuenta la vocación productiva de cada uno.

Medioambiente

Junto con la CAR, pondrá en marcha un plan de seguridad hídrica y acción climática en la región, podrá aprobar la inclusión de estructura ecológica principal en el plan de ordenamiento metropolitano, y ejecutar estudios de amenaza y riesgo natural.

Las objeciones al proyecto

El origen de la Región Metropolitana en el Congreso surgió gracias a una inusual alianza entre el Partido Verde, Cambio Radical y el Centro Democrático. El proyecto de acto legislativo fue aprobado mientras el Congreso sesionaba desde la virtualidad. 

“Que el proyecto se haya aprobado casi a pupitrazo justo en ese instante, cuando las sesiones legislativas se hacían de manera remota y no existían garantías democráticas verdaderas, da muestras de este proceso autoritario y desmedido que se quiere consolidar”, aseguró el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa. Para él, la forma en que se impulsó la aprobación del proyecto no dio las garantías suficientes para que la voz de los habitantes de la sabana de Bogotá fueran escuchadas. 

Para Cuesta, que no se hayan adelantado consultas populares suficientes es una primera señal de alerta para todos los problemas que podría acarrear el acto legislativo. Diego Cancino, además, radicó una carta firmada por varios profesores de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional que tampoco están de acuerdo con la conformación del proyecto. Al menos no con la forma de gobernanza que han planteado. 

En la carta, los firmantes aseguran que este proyecto no tiene una visión compartida con los intereses de toda la comunidad y que terminará por crear un modelo de poder centralizado que dará mayores facultades a quien sea alcalde de Bogotá, y, por medio de una junta que no sería de elección popular, tomará decisiones cruciales sobre los proyectos que ocurran en la Región Metropolitana. 

“La Región Metropolitana definida en la Ley Orgánica es una apuesta de concentración de poder que busca instaurar un modelo de cogobernanza cerrada donde quedan por fuera del sistema de decisiones las organizaciones, las redes, los actores colectivos y los territorios de la región”, aseguran los profesores en la carta, en la que añaden otra serie de riesgos ambientales y de uso de la tierra.

¿De qué riesgos están hablando? 

El proyecto plantea la construcción de al menos un millón de viviendas en suelos que, de acuerdo con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), son de uso prioritario agrícola. De acuerdo con el Instituto Humboldt, Cundinamarca concentra 3.391 humedales y 6 de los 36 páramos que hay en Colombia. Estas últimas son zonas de protección hídrica y ambiental. Cambiar el uso del suelo para construir urbanizaciones alteraría el uso del suelo registrado en los PBOT. 

Iván Carrillo, periodista e investigador de la ONG Ruralia Urbana, lleva años siguiéndole la pista al proyecto Bogotá Región, y teme que el proyecto sea letal para la estructura ecológica de los municipios. Para él, resulta contradictorio que se proteja la fracción de la sabana que pertenece a Bogotá de la voracidad de los urbanizadores, pero se deje expuesta la que corresponde a los municipios vecinos.

“La reserva Van Der Hammen se convirtió en una una bandera politiquera. Dicen vamos a proteger, vamos a sembrar el bosque más grande de América Latina, pero usted llega allá y ve carpas y canchas por todo lado. Aquí hay un discurso de protección que no concuerda con lo que se hace, es como decir 'mientras no toquemos a Bogotá, no importa lo que esté pasando en los municipios vecinos. O si no, vea lo que está pasando en Chía o en Cota, municipio que ya es prácticamente una extensión de Suba”.

Por otro lado –dicen los opositores–, el proceso de urbanización que se avecina terminará por expulsar a los campesinos y actuales habitantes de los municipios. Es decir, que quienes lleguen a vivir a estos nuevos desarrollos urbanos lo harán en veredas que por siglos han sido de vocación campesina, y los habitantes originales tendrán que irse, expulsados por el costo de los servicios y la especulación de la tierra. Más si –como ya lo advierten los expertos en el tema– esas viviendas son parte de urbanizaciones de lujo, como ha venido ocurriendo en los municipios vecinos de Bogotá. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) es la encargada de vigilar todo lo que atente contra el medioambiente, pero en el proyecto no se plantea el papel que tendría la CAR en la Región. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitó al Gobierno de Gustavo Petro incluirla en el proyecto, pero la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, le respondió en una carta que, para poder incluirla, era necesario retirarlo del Concejo. 

Los nuevos impuestos

El ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana trae consigo nuevas cargas tributarias para los bogotanos. En el proyecto quedó establecida la construcción de obras a través de recursos de valorización.

Los bogotanos han tenido mala experiencia con este tipo de obras. Algunas han tardado años en materializarse; otras, sencillamente, no se hicieron y las devoluciones de dinero fueron de larga espera para los contribuyentes y de enormes costos para la ciudad. En algunas ocasiones, tampoco ha quedado claro que dichas obras, en efecto, contribuyan a la valorización de los inmuebles afectados por el cobro.

El concejal Carlos Carrillo ha advertido que con la entrada de Bogotá a la Región Metropolitana sobrevendrá un aumento de hasta 5 por ciento en el costo del predial y que el proyecto abre las puertas para otros recaudos como los cobros por congestión a través de los peajes urbanos.

La dupla López-García

Antes de su llegada a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López era una dura detractora del partido Cambio Radical y sus alfiles. En 2015, cuando el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz fue acusado por varios delitos, ella aseguró que dicho partido se había dedicado a cogobernar tanto en La Guajira como en Cundinamarca al lado de corruptos y mafias.

Sin embargo, ahora funge como coequipera –en el proyecto de Región Metropolitana– del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien hace parte de un grupo político que lleva décadas ostentando el poder en el departamento. García ha sido señalado como pupilo avanzado del exgobernador Jorge Emilio Rey, denunciado en procesos de volteos de tierras por el exsenador Carlos Fernando Galán. 

Dichas denuncias llegaron a manos del exfiscal Gustavo Moreno, procesado por corrupción y recientemente dejado en libertad. Las denuncias no prosperaron ni durante la Fiscalía de Martínez Neira ni en la de Barbosa.

En su momento, Daniel Coronell también publicó una documentada investigación sobre los nexos de Jorge Emilio Rey, miembros de su equipo y alcaldes de la región en procesos de volteos de tierras.

El volteo de tierras consiste en multiplicar el valor de un terreno cambiando su uso con una simple firma. Así, un lote de uso rural multiplica automáticamente su valor cuando se convierte en un lote urbano. El primer gran escándalo por este caso fue protagonizado en 2009 por los hijos del expresidente Álvaro Uribe, a quienes la decisión administrativa del alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Álvaro Rozo, multiplicó de inmediato el valor de unos lotes rurales que se convirtieron en zona franca. Con el cambio de uso, los lotes pasaron de valer 33 millones de pesos a 3.000 millones de la época. 

El escándalo ocurrió durante la gobernación de Álvaro Cruz, quien fue condenado por delitos en contra de la administración pública. Entre sus aventajados pupilos se encontraba Jorge Emilio Rey, mentor de Nicolás García, actual gobernador y ahora coequipero de Claudia López en el proyecto de Región Metropolitana.

“¿Cómo hizo Claudia López para cambiar de opinión, –se pregunta el concejal Carlos Carrillo– de pasar de decir que estos señores eran los mayores volteadores de tierras del país a decirles que son maravillosos, que son nuestros nuevos amigos, que nos pusimos de acuerdo? Quieren cambiar los suelos de vocación agrícola en urbanizables y con esto obtienen la herramienta perfecta para hacerlo. ¿Y quién celebra? pues los constructores, ellos son los que celebran y ellos son excelentes financiadores de campaña, nadie que quiera ser presidente de la república se va a enemistar con esos cacaos”.

Cuesta tiene una opinión similar a la de Carrillo. Cree que con estos nuevos proyectos de urbanización se legalizarán procesos anteriores de volteo de tierras y vendrán unos nuevos, en los que predios de poco valor terminarán siendo enormemente costosos por cuenta del cambio de uso : “Sería darle vía libre al volteo de tierras y se terminaría validando el cambio forzado que le han dado al uso de los suelos que previamente eran utilizados para priorizar el agro y la protección ambiental. En medio de la crisis por el cambio climático, no tiene ningún sentido exponer la protección del agua y de las tierras para darles cabida a proyectos urbanísticos desmedidos”.

Sin embargo, estas voces son minoría en el Concejo de Bogotá. La aprobación del proyecto en Comisión de Gobierno con 11 votos a favor y 3 en contra dan idea del balance de las fuerzas.

El proyecto también deja dudas sobre la duración. Aunque en principio hay una cláusula de permanencia de cinco años, aún no se sabe por cuánto tiempo estaría Bogotá amarrado al mismo si las cosas no salen bien.

Los expertos están de acuerdo en que la integración entre Bogotá y la región ha sido necesaria desde siempre. Sin embargo, el actual proyecto está claramente desequilibrado. Aspectos como educación y salud no aparecen incluidos de manera explícita, como sí sucede con el sector de la construcción. 

El proyecto de acuerdo firmado el sábado pasará ahora a la plenaria del Concejo, donde rara vez un acuerdo aprobado en comisión ha sido negado. Por lo tanto, la entrada de Bogotá a la Región Metropolitana puede darse por hecho, sobre todo si se tiene en cuenta que los integrantes del actual Concejo han aprobado la mayoría de proyectos presentados por la administración de Claudia López.