La investigación contra el presidente de Cisa por unas casas que nunca se construyeron

El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en pedir a la Fiscalía investigar a los anteriores directores de la Sociedad de Activos del Estado (SAE), por lo que podría constituir, según él, "uno de los peores escándalos de corrupción de la historia reciente": la desaparición de bienes confiscados a la delincuencia que existen en el inventario pero no en la viva realidad.

Sin embargo, poco ha hablado de las razones por las cuales nombró a Nicolás Corso Salamanca en la presidencia de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), la entidad encargada de vender los activos de la SAE que ya han pasado al dominio del Estado.

Para que se entienda, Cisa es dueña de SAE, que es la entidad encargada de administrar los bienes mientras no han pasado a dominio del Estado. El presidente de Cisa es presidente de la junta directiva de SAE. Así, Corso Salamanca tiene en sus manos el control de Cisa y notable injerencia en las decisiones que toma SAE. Una de las misiones de Cisa es retornarle al Estado los dineros de la venta de los bienes que se les han quitado a mafiosos y a corruptos.

Era lógico esperar que Petro encargara la presidencia de Cisa a alguien de su entera confianza y –además– libre de cualquier sospecha. Sin embargo, sobre Corso se extiende la sombra de un proceso penal por "hechos cometidos contra la administración pública".

Durante la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, Corso se desempeñó como gerente de Metrovivienda –actualmente llamada Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU–, donde firmó un convenio para construir una serie de viviendas que nunca se hicieron realidad.

CAMBIO conoció que en marzo del año pasado, la Fiscalía le expidió un escrito de acusación como presunto responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción; lo que en otras palabras quiere decir que celebró un contrato contrario a la ley.

El trasfondo del tema –más allá del proceso penal– es un convenio para construir en Usme 350 casas que nunca se volvieron realidad pero sobre las cuales se alcanzaron a desembolsar más de 6.000 millones de pesos.

Las casas fantasma

La génesis del problema tiene que ver con el convenio de asociación 144-2013, suscrito por Corso Salamanca como gerente de Metrovivienda el 7 de noviembre de 2013 con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar. El objeto era el desarrollo de un proyecto de vivienda de no menos de 350 soluciones habitacionales en Usme.

Según la Fiscalía, Corso violó la ley porque el proyecto no debió ser contratado directamente sino mediante un proceso regido por la Ley 80 de 1993, que garantizará la selección imparcial y objetiva de la mejor propuesta. 
 

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“La Fiscalía estableció que, previa a la suscripción del convenio hubo graves violaciones a la legalidad contractual, originadas en el capricho del gerente de Metrovivienda, Corso Salamanca, quien, para concretar su indeclinable decisión de optar por celebrar el convenio, impulsó dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que, a cualquier costo, le permitiera celebrar el convenio con total indiferencia por las consecuencias que ello generaría”, dice el documento conocido por CAMBIO.

De acuerdo con la investigación, Corso aprovechó su cargo de gerente y ordenador del gasto de Metrovivienda para, “haciendo uso del poder y de la confianza depositada”, entregar unos predios de manera irregular por vía de un convenio, “impidiendo la libre concurrencia de potenciales oferentes el principio de igualdad de estirpe constitucional”.

Además de celebrar el convenio de manera “caprichosa”, la Fiscalía dice que lo hizo sin contar con la autorización de la Secretaría Distrital de Hacienda, que, para la época de los hechos y por un decreto que expidió el presidente Petro en 2012, era la única que podía dar el aval para la suscripción del mismo.

Una de las pruebas de los investigadores 'es una carta que le envió la entonces secretaria de Hacienda, María Mercedes Maldonado, a Corso, en la que le reprochaba por no cumplir con el decreto en mención.

Por esos hechos, la Fiscalía dice que Nicolás Corso incurrió en el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Malabares administrativos

Sin embargo, el proceso penal está tambaleando. Por malabares administrativos,  el fiscal que más conoce el proceso por haberlo investigado no será el mismo que sustentará el caso ante los jueces de conocimiento.

Aunque uno fue el fiscal que imputó y radicó el escrito de acusación contra Corso, otro será el que lo sustente. Ese nuevo fiscal es Carlos Hugo de León, quien al recibir el caso decidió retirar el escrito de acusación porque necesitaba correcciones. Sin embargo, De León pasó a otro despacho por sobrecarga laboral y dejó el proceso.

El 6 de julio de este año, un mes después de que Petro fuera elegido presidente, un nuevo fiscal tomó el proceso y resolvió que lo mejor era radicar una solicitud de preclusión. En otras palabras, solicitaría cerrar el proceso contra Corso Salamanca. La audiencia estaba citada para el 30 de septiembre, pero no se realizó porque al fiscal que iba a dirigir la diligencia (que no era el mismo que quería solicitar la preclusión) no le había llegado la resolución de nombramiento. ¿Quién era ese fiscal? Nuevamente Carlos Hugo de León, quien había abandonado el caso por sobrecarga de trabajo. 

Ahora hay una nueva fecha para la audiencia de preclusión, que quedó fijada para el 15 de noviembre.

Finalmente, como la Asociación Simón Bolívar no pudo desarrollar el proyecto, el 26 de mayo de 2014 Metrovivienda cedió ese convenio a la Corporación Gestión y Desarrollo, representada en ese entonces por quien estuvo a nada de ser ministra de Tecnologías de Gustavo Petro pero finalmente no se posesionó: Mery Janneth Gutiérrez. Sin embargo, esta empresa tampoco pudo echar a andar el proyecto.

Según un informe de la Contraloría de 2020, por el cual se inició el proceso penal contra Corso, la empresa representada por Mery Janneth –de la que hoy hace parte de la junta directiva– no era idónea para adelantar proyectos de vivienda, pues su objeto social no tenía de manera específica esta actividad. Por si fuera poco, la empresa subcontrató algunas de las intervenciones que alcanzó a hacer en el lote. Pasados nueve años a partir de la suscripción del primer convenio, no hay rastros de una sola vivienda. 

La versión del presidente de Cisa

En diálogo con CAMBIO, Nicolás Corso Salamanca dijo que no existen las casas gratuitas porque el gobierno de Enrique Peñalosa dejó vencer la licencias de construcción; que para ese convenio no aplica la ley 80 y que -por eso- ya hay una solicitud preclusión en su proceso penal, y finalmente, siente que sí ha habido una persecución política en su contra. 

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“Yo llego a Cisa con todas las garantías de transparencia. Ejecuté el proyecto Plaza de la Hoja, las viviendas de San Victorino y el proyecto de vivienda gratuita en el Distrito. Pueden ver todas las investigaciones, no solo penales sino disciplinarias y fiscales, ninguna ha llegado a ningún tipo de sanción; he tenido más de 20 investigaciones y todas han fallado a mi favor. Ahora, con todos esos procesos uno presume que detrás de eso sí hay algún tipo de persecución política”, puntualizó.