La mención al "presidente Uribe" en los audios del senador Castaño
25 Agosto 2022

La mención al "presidente Uribe" en los audios del senador Castaño

Jhonatan Manuel Vásquez, alcalde de La Merced, Caldas (izquierda) y expresidente Álvaro Uribe (derecha).

Crédito: Yamith Mariño

En medio de las audiencias contra los alcaldes detenidos por hacer parte, supuestamente, de la red de corrupción liderada, al parecer, por el senador Mario Castaño, un asesor del alcalde de La Merced, Caldas, sugiere pedirle ayuda a Mario o al expresidente Uribe para que gestione proyectos de vías terciarias.

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En medio de las audiencias contra los alcaldes capturados como supuestos integrantes de la red de corrupción liderada, al parecer, por el senador Mario Castaño, la Fiscalía reveló nuevas interceptaciones en las que se habla sobre la manera en la que los alcaldes gestionaban los proyectos de los municipios en entidades del orden nacional.

En las conversaciones queda claro que la manera en la que los alcaldes lograban que se "viabilizaran" los proyectos y se gestionaran los recursos era repartiendo coimas a integrantes de la red que tenían las puertas abiertas en las entidades del orden nacional. Por supuesto, en algunos casos los alcaldes también se quedaban con su “tajada”.

En algún momento de las diligencias salió a relucir un apelativo y un apellido que captaron la atención: "Presidente Uribe".  

Se trata de una llamada entre el alcalde de La Merced, Caldas, Jhonattan Manuel Vásquez Duque, con “Zuluaga”, quien, según fuentes cercanas al proceso, sería un asesor jurídico del mandatario local. En la conversación, del 2 de enero de este año, Zuluaga le informa al alcalde que ya revisó los proyectos de vías terciarias y que les avalaron cuatro de 16 que van a ejecutar 16 en todo el país. Sin embargo, dice, todos continúan en lista de espera porque no ha salido el presupuesto. Por lo tanto, es necesario que el alcalde hable con “Mario o con el presidente Uribe”.

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—Solo van a ejecutar 16 en todo el país. Los cuatro nuestros pasaron, o sea, cumplen con todo, pero están esperando presupuesto, entonces ya toca que usted hable con Mario o con el presidente Uribe, le diga 'mire, ayúdeme presidente con estos proyectos, ahí para La Merced' —dice Zuluaga.


—Y eso es de qué? —pregunta el alcalde Vásquez.


—Del Ministerio del Interior. Y es una forma de sacarle algo a Uribe. Dígale: 'Ayúdenos con esos proyectos, que aquí estamos súper firmes'; ta ta ta y ya, porque eso es del nivel gobierno. Entonces, esos proyectos formulados, para que el gobierno haga esos cuatro, entonces yo creo que por ahí —reitera el asesor Zuluaga.

Sobre esa conversación, CAMBIO buscó al expresidente Uribe y al alcalde de La Merced, pero no obtuvo respuesta.

Para la Fiscalía es claro que esa conversación prueba una “permanencia en el tiempo” del delito. Es decir, además de los proyectos que ya había logrado el alcalde de La Merced, gracias a la red corrupta, estaba fraguando nuevos recursos en 2022 para otros contratos. Para poder sacarlos adelante, supuestamente, necesitaban la injerencia de “Mario o del presidente Uribe”.


Según la hipótesis de los fiscales, los mandatarios locales hacían parte de la organización corrupta porque, supuestamente, eran quienes proponían determinados proyectos para que la red los gestionara en entidades del orden nacional; ordenaban amañar pliegos de condiciones, e incluso, cobraban coimas por adjudicar la contratación.


Junto al alcalde de La Merced fueron capturados: el alcalde de Aguadas (Caldas), Diego Fernando González Marín; el alcalde de Armero Guayabal, (Tolima) Medardo Ortega Fonseca; el alcalde de Piendamó (Cauca), Víctor Hugo Franco Muñoz; el alcalde de Suárez, Cauca, Ronal Villegas Orlas; el alcalde de Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal, y la alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca), Gloria Raigoza.

Los alcaldes de La Merced, Alcalá, Villamaría, Piendamó y Suárez accedieron a un “allanamiento preacordado”, que significa que aceptan su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos a cambio de beneficios judiciales.

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