“La prohibición del consumo exacerba la violencia institucional”: Alejandro Matta

En 2016 se expidió el nuevo Código de Policía, que prohibía el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público. Dicha prohibición fue demandada ante la Corte Constitucional por Alejandro Matta y Daniel Porras. En 2019, la Corte les dio la razón y declaró esa prohibición inconstitucional. Aun así, el Congreso se dio sus mañas y creó la Ley 2000 de 2019, que impuso nuevamente esta prohibición valiéndose de una redacción confusa y ambigua, que fue nuevamente demandada por Matta. En respuesta, el Ministerio de Defensa le pidió a la Corte darle visto bueno a la ley porque ayuda a mantener la sana convivencia.

Cambio conversó con Matta sobre la posición del ministerio.

CAMBIO: ¿Por qué no prohibir el consumo en espacios públicos si, según aseguran sus detractores, afecta a los adultos y a los niños?

Alejando Matta.: Ahí entramos en la discusión general sobre cuáles son los hábitos de consumo en el espacio público y, entonces, deberíamos discutir sobre todo tipo de consumo, incluyendo el cigarrillo y el alcohol. A la discusión deberían incorporarse todo tipo de sustancias psicoactivas y estimulantes que puedan generar incomodidad frente al que no las consume. Y si llegáramos a esa situación, tendríamos muchísimas actividades en el espacio público. Por ejemplo, a mí me incomoda más el olor a cigarrillo que el de la marihuana. Vale la pena aclarar que nosotros buscamos que se permita el consumo en espacio público en donde hay adultos y cada uno decide si lo habita o no. 

A los niños sí hay que protegerlos de manera preferencial. Por eso yo creo que en espacios de recreación, deporte y desarrollo cultural de niños sí debe prohibirse el consumo de este tipo de sustancias. Pero debemos crear esas otras zonas para adultos que se llamen zonas de consumo regulado.

CAMBIO: ¿Acabar con esta prohibición de consumo en el espacio público no incentiva el consumo de estas sustancias?

A.M.: Los datos demuestran lo contrario. Cuando se declaró la inconstitucionalidad de la penalización del consumo con la sentencia de Carlos Gaviria, en 1994, todo el mundo dijo que el consumo se iba a ir para el cielo. Sin embargo, la encuesta nacional de consumo demuestra que el aumento no ha sido significativo. Lo mismo se dijo con el nuevo Código de Policía y la Ley 2000 de 2019. Además, ya está comprobado que la prohibición exacerba la violencia institucional porque la Policía se ve legitimada para ejercer comparendos que violan el libre desarrollo de la personalidad. Cuando uno mira datos, la evidencia indica que el levantamiento de la prohibición no implica necesariamente mayor consumo. Así como el levantamiento de la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no eleva el número de procedimientos. 

CAMBIO: Al crearse zonas de consumo regulado, como usted propone, ¿no se estigmatiza a los consumidores?

A.M.: Ese es un riesgo que se corre y creo que es válido correrlo. Por eso hablamos de zonas de consumo regulado y no zonas de tolerancia, precisamente porque las zonas de tolerancia evocan ideas negativas asociadas a la ausencia del Estado. Cuando hablamos de zonas de consumo regulado estamos hablando de cualquier zona de espacio público en donde se permiten estas sustancias. Por ejemplo, hay países del mundo en donde se permite el consumo de cigarrillo solo en ciertas zonas reguladas y no se persigue a los consumidores de cigarrillo. Cuando hablamos de zonas de consumo regulado nos referimos a lugares en donde se puede consumir pero no se retira el Estado. Por el contrario, presta garantías con presencia de la fuerza pública y servicios de salud cuando son requeridos. 

CAMBIO: El Ministerio de Defensa presentó un concepto a la Corte Constitucional en el que solicita que se mantenga la prohibición para mantener “el cuidado e integridad del espacio público”. ¿Lo ve como un argumento sólido?

A.M: Este Gobierno nacional se casó con la idea de combatir la criminalización a través del Código Penal o aduciendo comportamientos contrarios a la convivencia creyendo que era la mejor manera de generar tranquilidad y seguridad en el espacio público. Se casó con la idea de la represión. Lo que nosotros proponemos son acuerdos entre quienes habitan los espacios públicos, así como en muchos otros lugares del mundo. Queremos que terminen generando mayor seguridad y tranquilidad para las familias. Es una lástima porque lo mismo que hizo el Gobierno con la Ley de Seguridad Ciudadana, lo reprodujo con la Ley 2000 y lo viene presentando con diferentes normas en las que aumentó las penas de prisión. Este Gobierno entendió muy poco de política criminal. Esperemos que en los próximos años tengamos la oportunidad de discutir otras formas de política criminal en el país.