La propuesta de paz total del exfiscal Montealegre que ignoró el gobierno Petro

El gobierno del presidente Gustavo Petro está trabajando sin descanso en varias iniciativas que son claves para cumplir con lo que podría considerarse su promesa más ambiciosa: la paz total. Dos de las iniciativas más importantes son: los diálogos con el ELN y un proyecto de ley que reglamentará el sometimiento de organizaciones criminales.

En ese proyecto de ley, el gobierno trabajó de la mano con el Centro Internacional de la Justicia Transicional (ICTJ); el exvicefiscal Jorge Perdomo, y el exfiscal Eduardo Montealegre, quien tomó la decisión de renunciar al equipo asesor porque no siguieron su idea de cómo –jurídicamente- se podría llegar a una paz total. El exfiscal augura un fracaso rotundo al modelo de sometimiento o acogimiento en el que están trabajando.

CAMBIO conoció la propuesta de ‘Reforma constitucional para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción’ que elaboró el exfiscal Eduardo Montealegre y que el gobierno ignoró.

La hipótesis de la propuesta es que, para un proceso de sometimiento de organizaciones criminales, es necesario que el gobierno le apueste a crear un organismo autónomo que se encargue de investigar –de manera exclusiva- el crimen organizado y la corrupción. Esa nueva jurisdicción, que para el exfiscal podría llamarse ‘Alta comisión contra el crimen organizado y la corrupción’, actuaría a través del poder preferente, es decir, escogería los casos relevantes a trabajar que sean de su competencia. Para Montealegre, la Fiscalía no podría llevar ese proceso de sometimiento porque no tiene ni la tecnología ni las facultades para hacerlo.

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“La Fiscalía fracaso en la lucha contra el crimen organizado, porque no se modernizó. Sus técnicas de investigación son obsoletas, pensadas para casos individuales. No se orienta a desmantelar estructuras y redes ilícitas. No cuenta con tecnología y modelos modernos, como manejo y análisis de grandes bases de datos, inteligencia artificial, algoritmos, análisis de redes y estructuras; tampoco tiene una policía judicial, con profesiones de vanguardia, expertos en nuevas tecnologías. Además, sus competencias Constitucionales son limitadas: no puede hacer inteligencia financiera y está atada a mucho formalismo proveniente del sistema acusatorio tradicional”, dijo el exfiscal Montealegre a CAMBIO.

Para el exfuncionario, a ese organismo autónomo se le deberían otorgar funciones de inteligencia financiera, como las que tiene la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para que también se encargue de prevenir la comisión de delitos por parte del crimen organizado y, además, que pueda actuar en tiempo real frente a la corrupción. Por ejemplo, al tener la potestad de hacer inteligencia financiera, este órgano podría -previa autorización de un juez de garantías- hacer injerencias en derechos fundamentales, como la búsqueda selectiva en bases de datos, la inspección de información financiera de empresas, interceptación de correos electrónicos, etc.

Eduardo Montealegre explica en su propuesta que ese organismo debería centrar la investigación en nuevas tecnologías e inteligencia artificial y, también, manejar modelos contemporáneos como análisis de redes, algoritmos, métodos matemáticos y estadísticos. El objetivo, con esas nuevas herramientas, sería orientar su investigación en desmantelar las diferentes estructuras, a la insurgencia, y a las finanzas que le sirven de soporte.

Dice la propuesta que el director de ese organismo autónomo podría llamarse “alto comisionado contra el crimen organizado” y sería el encargado de realizar negociaciones colectivas con las organizaciones, para lograr el desmantelamiento de las estructuras ilegales; suspender órdenes de captura, para adelantar las negociaciones, y permitir la ubicación de los grupos organizados, en determinadas zonas del territorio.

Este modelo de investigación y juzgamiento también propone la creación de unos jueces especializados que solo estarían encargados de adelantar el juzgamiento de delitos cometidos por el crimen organizado y la corrupción. Incluso, planea el exfiscal, también tendrían competencia para adelantar acciones de extinción del dominio contra el crimen organizado.

La propuesta, que el exfiscal denominó “una reforma constitucional para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción”, plantea suprimir las funciones de la Procuraduría en el proceso penal y que, entonces, los procuradores se integrarían a la nueva jurisdicción. Asimismo, dice, la unidad especializada contra el crimen organizado, creada con base en los acuerdos de paz de La Habana, se trasladarían al organismo.

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“Recoge experiencias de las dos justicias transicionales que ha tenido Colombia: Justicia y Paz, y JEP. Por esto, cualquier tipo de política de acogimiento –o de sometimiento– con organizaciones al margen de la ley, debe tener especial consideración por los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, dice el documento.

Las diferencias con el proyecto en el que trabaja el gobierno

CAMBIO reveló detalles del proyecto de ley de acogimiento a la justicia, en el que trabaja el gobierno, que servirá para que organizaciones narcotraficantes se sometan a la justicia a cambio de algunos beneficios. Ese proyecto plantea tres condiciones básicas para que una organización criminal pueda postularse: que sea una organización delictiva organizada; que tenga control territorial y que tenga la capacidad de hacer operaciones sostenidas contra la fuerza pública. Solo aquellas organizaciones podrán postularse a esa ley y entonces, podrían ser objeto de beneficios.

Para el exfiscal Eduardo Montealegre, ese proyecto mantiene políticas diferenciadas para cada proceso de sometimiento con una organización criminal, mientras que su propuesta sirve para negociar con cualquier grupo organizado al margen de la ley: delincuencia común, insurgencia y disidencias de las Farc.

Por otro lado, la propuesta de Eduardo Montealegre es que la jurisdicción se implemente inmediatamente y no, al final de la negociación. Y sobre todo, la base de su idea es que ese organismo sea autónomo frente al fiscal general y que esté directamente coordinada con el presidente de la república.

Si quiere conocer la propuesta de reforma constitucional para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción del exfiscal Eduardo Montealegre, dé clic aquí.