La tercera es la vencida: Emilio Tapia imputado por la falsedad en escándalo de los Centro Poblados
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La Fiscalía le imputó nuevos cargos por el delito de falsedad en documento privado al polémico empresario Emilio Tapia, en medio del escándalo de corrupción de los Centros Poblados.
Después de dos intentos, la Fiscalía logró imputarle cargos al polémico contratista Emilio Tapia como presunto responsable del delito de falsedad en documento privado, en medio de las irregularidades detectadas en el andamiaje de corrupción del contrato de los Centros Poblados, que tenía como objeto la conectividad de las zonas rurales del país. El procesado se declaró inocente de los hechos.
Los hechos que le imputaron en esta oportunidad tienen que ver con la falsificación del documento de conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, en el cual quedaron registradas varias empresas solo para cumplir con los requisitos necesarios para presentarse a la licitación del contrato. La idea era conectar las zonas rurales del país, por un valor superior al billón de pesos. La Fiscalía descubrió que las empresas sólo hacían parte de la Unión temporal como una fachada para cumplir los requisitos necesarios para ganar la licitación.
“Esta conducta se ejecutó en acuerdo común y con división de trabajos toda vez que Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros de la empresa Rave, se encargó de presentar a Emilio Tapia las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa, de propiedad de Ottomar Lascarro, pero manejadas a través de terceros con el fin de que estas empresas hicieran parte de la unión temporal para cumplir con los requisitos habilitantes técnicos, exigidos en el proceso licitatorio sin que estas personas tuvieran algún tipo de participación real en desarrollo y ejecución del contrato, esto, a cambio de una remuneración económica correspondiente a 4000 millones de pesos. Ottomar lascarro, como propietario de las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa, las cuales manejaba a través de terceros, aceptó que las empresas hicieran parte de la unión temporal para cumplir requisitos, sin que estas empresas tuvieran algún tipo de participación real en el desarrollo y ejecución del contrato a cambio de 4000 millones de pesos. Usted, Emilio Tapia quien a través de terceros manejaba la empresa ICM ingenieros, aceptó pagar a Ottomar 4000 millones de pesos y una comisión a Juan José Laverde, por la participación de Intel de la Costa y Omega Buildings, en la Unión temporal, para cumplir los requisitos técnicos jurídicos y financieros, sin que estas empresas tuvieran participación real en la ejecución del contrato. Esta conducta la ejecutó usted, Tapia Aldana, con pleno conocimiento que estaba participando en la falsificación de un documento privado denominado conformación de la unión temporal Centros Poblados Colombia 2020, para presentarlo en la licitación, por cuando con su expedición acordaron que las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa, tendrían obligaciones al interior de la unión temporal aun cuando no desarrollarían actividades en la ejecución del contrato, en caso de ser adjudicatarios, todo a cambio de dinero”, dijo la fiscal del caso.
Por los hechos, ya les imputaron cargos a los empresarios Ottomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres; a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y a Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros. Incluso, Tapia ya había sido imputado por el delito de peculado. Según la Fiscalía, el dinero que se habrían robado supera los 15.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, Juan Carlos Cáceres se habría apropiado de $9.062.301.903; Tapia se habría apropiado en provecho suyo de $5.063.623.890 y, además, se habría apropiado de $1.118.427.000 en favor de terceros. Es decir que, el total $15.244.952.946 quedaron en bolsillos de particulares cuando esos dineros, que eran parte del anticipo de la contratación que sumaba un total de 1 billón de pesos, debían ser invertidos en el internet de las zonas rurales.
“Ustedes señores, sabían que se estaban apropiando de los anticipos del contrato que tenían que ser destinados a la instalación, operación y mantenimiento del internet en las zonas establecidos. Sabían que el anticipo debía ser invertido en la ejecución del contrato y aun así, se apropiaron de los dineros”, dijo la fiscal del caso en la audiencia pasada.
