27 Julio 2022

Las caídas de Wilson Ruiz

Crédito: Yamith Mariño

El incidente de desacato que abrió la JEP en su contra es solo un lunar más de una larga lista que ha acumulado en su gestión. Sus últimas semanas en el cargo parecen ser un dolor de cabeza.

Un golpe más sumó Wilson Ruiz en el ocaso de su periodo como ministro de Justicia. En esta ocasión, por cuenta de la justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de desacato en su contra por no responder una solicitud de información sobre las medidas del Gobierno actual respecto del desmantelamiento de organizaciones armadas y protección a excombatientes de las Farc que se acogieron a los Acuerdos de Paz. La petición, formulada por el tribunal en abril, consistía en 12 interrogantes. El jefe de cartera nunca contestó. 

Más que preguntas, se trataba de una orden proferida por los magistrados como parte de un proceso de medidas cautelares solicitadas por algunos firmantes del Acuerdo. Las medidas, concedidas en 2020, buscan la protección física de los antiguos guerrilleros. Por eso, el tribunal le exigió al Ministerio de Justicia que absolviera algunas dudas acerca de los caminos tomados para garantizar su seguridad por parte de la administración de Iván Duque. 

Luego de tres meses de esperar el pronunciamiento de Ruiz, la JEP tomó cartas en el asunto y dio un plazo de cinco días para que el ministro explique por qué no cumplió con la orden impartida. También pidió a la Procuraduría General de la Nación para que emita un concepto sobre la situación y, de considerarlo necesario, abra una investigación disciplinaria a Ruiz. En criterio del tribunal, no existe razón válida para que el ministro haya hecho caso omiso a la solicitud de información, ya que se trata de una orden emitida por un órgano judicial. De ser encontrado responsable de desacato, Ruiz se expone a multas y un posible arresto.

 

Este es un nuevo traspiés en su paso por la cartera de Justicia. El abogado vallecaucano arribó al gabinete ministerial en octubre de 2020, después de un fallido intento por ser procurador general. Curiosamente, reemplazó en el ministerio a quien lo venció en esa elección, Margarita Cabello. Como todos sus antecesores, heredó los problemas de siempre del sector: congestión judicial, altos índices de impunidad, dificultades en el acceso y hacinamiento carcelario. Además, con un semestre de pandemia encima, no tuvo más remedio que capotear la implementación de la virtualidad en las diligencias judiciales, una exigencia que venía desde hace años, pero que había sido ignorada.

Para profundizar

En materia carcelaria, la gestión de Ruiz no es la mejor, por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), institución adscrita al Ministerio de Justicia y que ahora es sinónimo de escándalos y anarquía. El pasado mes de marzo fue destituido su director, general Mariano Botero, después de que una investigación de Noticias Caracol revelara que el empresario Carlos Mattos, quien habría sobornado jueces para que lo favorecieran en un pleito judicial, gozaba de beneficios en la cárcel La Picota que le permitían abandonar el centro de reclusión en vehículos oficiales y reunirse con sus abogados y familiares en su oficina en el norte de Bogotá. Solo unas semanas después se confirmó la fuga de Juan Larrison Castro, alias Matamba, un potentado narcotraficante que era requerido por la justicia de Estados Unidos, y quien huyó de La Picota sin disparar un arma, uniformado como dragoneante y aparentemente con la ayuda de algunos guardias del Inpec. Castro sería abatido a finales de mayo en una operación conjunta de la Policía y la DEA.

La demostración irrefutable de la inviabilidad del Inpec se dio el pasado 28 de junio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, y cobró la vida de 53 personas. Una sangrienta riña entre bandas por el control del expendio de droga dentro del penal se transformó en un incendio que rápidamente se salió de control. La reacción de los guardias que acudieron a frenar las llamas no fue suficiente porque ya decenas de reclusos habían fallecido asfixiados. 

Otro cuestionamiento que se le ha hecho al ministro es su complacencia con las iniciativas del presidente Duque. Incluso cuando estas parecen no tener posibilidades de éxito. Un ejemplo claro fue el proyecto de ley que buscó implementar la cadena perpetua para violadores de menores de edad. Cualquier persona con nociones básicas de derecho constitucional tenía claro que un proyecto de ley de ese estilo nunca pasaría exitosamente por un examen de constitucionalidad en la Corte. Aun así, Ruiz decidió apoyar al primer mandatario al momento de presentar su reglamentación. El descalabro judicial estaba cantado. En septiembre de 2021, en una votación de seis contra tres, los magistrados de la Corte Constitucional tumbaron la medida punitiva y el fracaso recayó sobre la cartera de Justicia. 

En otro episodio del que no se sabe cuál será su desenlace, Ruiz profirió el decreto 333 de 2021 e introdujo un cambio respecto de las tutelas que se interponen en contra del presidente. Escudándose en su deseo por desconcentrar el sistema judicial, el decreto dispuso que solo el Consejo de Estado puede conocer los amparos dirigidos al primer mandatario. Muchos lo recibieron como si el propio presidente estuviera eligiendo su juez. Anteriormente eran los juzgados regionales los que recibían estas acciones, pero, luego de una serie de fallos adversos en temas como la protesta social y la erradicación de cultivos ilícitos, el Gobierno sacó este as bajo la manga. Actualmente, el decreto es revisado por el Consejo de Estado, que no se ha pronunciado de fondo sobre su validez.

Si se mira el panorama completo, es probable que el incidente de desacato que le abrió la JEP a Ruiz sea visto como un pormenor. Sin embargo, no deja de ser un trago amargo en una gestión que se ha caracterizado por sus desaciertos.