Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para poner fin al conflicto

Casi medio millón de colombianos han sido asesinados en las últimas tres décadas por guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. La aterradora cifra fue revelada esta semana por la Comisión de la Verdad que entregó su informe final. 

En “Hay futuro si hay verdad”, un documento de 896 páginas, la Comisión resumió el trabajo de casi cuatro años, durante los cuales los comisionados escucharon a más de 30.000 personas y consultaron documentos de todo tipo, incluyendo informes de inteligencia. El sacerdote Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el informe, para el cual fueron entrevistadas más de 14.000 víctimas de las guerrillas, los paramilitares y los agentes estatales. 

La Comisión concluyó que entre 1985 y 2018 murieron 450.664 personas, equivalente a toda la población de la ciudad de Pereira, a causa del conflicto armado, y reveló que la mayoría de estas muertes fueron responsabilidad de los grupos paramilitares (45%), seguidas por las Farc (21%) y agentes del Estado (12%).

Los comisionados situaron el periodo entre 1995 y 2004 como el más crítico del conflicto colombiano. Desapariciones forzadas, actos de violencia sexual, masacres y torturas fueron algunos de los horrores sintetizados en el informe, que concluye que los colombianos sufren de "traumas colectivos" que pasaron "de una generación a otra durante décadas". 

A partir de este trabajo, al final del documento la Comisión entrega unas recomendaciones para que el país “pueda transitar hacía la paz”. Para la elaboración de estas, la Comisión tuvo en cuenta no solo los avances y desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz, sino más de diez mil propuestas que recibieron a lo largo de estos años.

Muchas de estas implican reformas estructurales; otras, un cambio en la forma en que los colombianos hemos asumido y entendido el conflicto.

Cambio presenta las ocho transformaciones que, según la Comisión, necesitamos para superar la violencia.

Implementación del Acuerdo de Paz y creación de un Ministerio de Paz y Reconciliación

La Comisión de la Verdad concluye que la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 es clave. El organismo anota que la ejecución de los compromisos firmados ha sido lenta y llama la atención por una desaceleración “considerable” desde 2021. “De mantenerse este ritmo, es factible que un alto porcentaje de medidas del Acuerdo no se cumplan en los 15 años definidos para su implementación”, dice el informe.

Para la Comisión, uno de los principales obstáculos de la implementación del Acuerdo ha sido la falta de articulación por parte de las distintas entidades del Estado. Por ello, dice el organismo, es urgente la creación dentro del Gobierno de un ministerio que lidere los asuntos de paz, reconciliación, atención a víctimas y reintegración.

“Este debe tener un claro enfoque territorial, que adicionalmente articule las políticas, programas y proyectos que se encuentran dispersos en diferentes sectores y entidades, lo que ha limitado su alcance e impacto y dificultado la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado y el restablecimiento de la confianza en la institucionalidad y entre los ciudadanos”.

Al mismo tiempo, la Comisión insiste en que debe retomarse el diálogo como principal canal para resolver los conflictos y hace un llamado a reiniciar las conversaciones con la guerrilla del ELN, detenidas desde el 2019. También plantea que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad diseñe una estrategia de sometimiento y una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales con suficientes incentivos, pero que ponga en el centro de la conversación a las víctimas.

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“A pesar de los avances logrados en materia de construcción de paz, no hemos logrado el necesario impulso sobre las transformaciones que es necesario emprender para superar los factores que han permitido la persistencia del conflicto armado y la violencia durante décadas”, dice la Comisión.

Reconocer y reparar a las víctimas

En Colombia hay más de nueve millones de víctimas del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas, lo que equivale aproximadamente al 20% de la población nacional. En uno de los momentos más emotivos de la entrega del informe, el padre Francisco de Roux afirmó que si los colombianos hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima tendríamos que callar durante 17 años.

En sus hallazgos, la Comisión advierte que a este gran número de víctimas se les ha invisibilizado durante gran parte del conflicto. El informe apunta que tanto el Estado como los actores armados han obstaculizado los procesos de reconocimiento de responsabilidad.

Y en cuanto a la reparación, el informe destaca que hay una gran deuda individual y colectiva. Para eso, la Comisión propone que se busquen recursos adicionales para fortalecer la reparación colectiva y la reparación de todas las víctimas, así como reconocer como víctimas a excombatientes en proceso de reincorporación que hayan sufrido de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH. 

También, profundizar en la memoria y la verdad, para lo que propone la creación y reglamentación del Museo de Memoria de Colombia, el cual debe ser una entidad permanente e independiente del Gobierno.

Ampliar la democracia y una reforma política

La Comisión asegura que el recrudecimiento de la violencia no ha permitido que en Colombia se hayan dado las transformaciones democráticas que se prometieron tanto con la Constitución de 1991 como con el Acuerdo de Paz con las Farc. “La persistencia del conflicto armado y su relación con la exclusión política han restringido la posibilidad de avance”. 

En sus recomendaciones, el informe apunta a la construcción de un sistema que excluya las armas de la política, sea amplio e incluyente, garantice la participación de los grupos minoritarios, la movilización y la protesta social; proteja a líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores; y que promueva medidas de inclusión de campesinos, mujeres y pueblos étnicos.

Para ello, entre sus propuestas se destacan construir un estatuto de participación para minorías, garantizar el derecho a la protesta social, la reforma o la eliminación del Esmad y brindar garantías de seguridad para los líderes sociales. En cuanto al mediano plazo, la Comisión pide al Gobierno y al Congreso que hagan la reforma política y electoral consagrada en el Acuerdo con las Farc.

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“La persistencia del conflicto armado y su relación con la exclusión política han restringido la posibilidad de avance”

Acabar la guerra contra las drogas

“La política de lucha contra las drogas y el narcotráfico ha sido un factor de persistencia del conflicto y de la violencia en Colombia que ha tenido impactos negativos a nivel político, económico, social y ambiental”, dice la Comisión en una de sus grandes conclusiones en el informe. 

El documento anota que Colombia debe dar un cambio hacia una política de regulación del mercado de drogas. Este, dice la Comisión, debe estar acompañado de medidas inmediatas que permitan enfrentar problemas estructurales como la desigualdad rural o el problema agrario y mitigar la violencia asociada al narcotráfico y a la política implementada para hacerle frente.

La Comisión reconoce que este cambio no se dará de la noche a la mañana, pero eso no significa que no pueda avanzarse en otras tareas como la de la sustitución de cultivos ilícitos. También sugiere que se reconozca el fracaso de la política antidrogas y se comience a explorar los usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana, así como el respeto y reconocimiento de sus usos por parte de pueblos étnicos y comunidades campesinas y la participación de estas en los beneficios derivados del acceso a estas plantas.

Otra sugerencia del informe es que se deje de perseguir al consumidor de droga y se desmilitarice la respuesta frente a los cultivos y las comunidades afectadas para concentrar los esfuerzos de investigación y judicialización en los eslabones más grandes de la cadena del narcotráfico.

En un mediano plazo, la Comisión le recomienda al Gobierno que lidere el cambio de paradigma de la persecución a la regulación y, por ende, reformule su relación frente a las drogas con Estados Unidos.

Frenar la impunidad

Otra de las grandes conclusiones del informe es que la impunidad ha sido una de las causantes del prolongamiento del conflicto en Colombia. “Las décadas de conflicto armado y la impunidad asociada a la mayor parte de esos hechos han llevado a una naturalización de la violencia que penetra en la vida cotidiana”.

La Comisión anota que el Estado tiene una deuda histórica en mejorar la respuesta ante las violaciones de los derechos humanos, la criminalidad organizada y las necesidades de la ciudadanía de resolver sus conflictos. Para ello, propone varias recomendaciones, como modificar el mecanismo de elección del Fiscal General, pues considera que el Ejecutivo no debería tener injerencia. Esto “para fortalecer la independencia desde el diseño institucional”. 

Asimismo, la Comisión propone la creación de un grupo independiente de investigación mixta (nacional e internacional), transitorio, que apoye el trabajo de la Fiscalía General. Trabajaría de forma muy similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que encabezó Iván Velásquez, el magistrado que lideró la investigación de la parapolítica y hoy está en el equipo de empalme de Gustavo Petro. 

En cuanto a la extradición, la Comisión considera que se debe priorizar la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia en el momento de decidir sobre estas solicitudes. Según este organismo, este mecanismo le ha evitado a Colombia conocer la verdad sobre varios de los determinadores de los entramados de violencia en el país.

Modificar la estrategia de seguridad

Una de las conclusiones que más ampolla ha levantado dentro de los sectores de la derecha y las Fuerzas Armadas es el concepto de seguridad. La Comisión afirma que para lograr la paz “es de gran importancia que la sociedad y las instituciones concibamos la seguridad de otra manera”.

De acuerdo con el informe, es importante que tanto la Fuerza Pública como los colombianos dejemos el “modo guerra” que se incentivó durante tantos años con el objetivo de recomponer la confianza en las instituciones. Dice la Comisión que la política de seguridad y la doctrina de la Fuerza Pública promovieron el conflicto bajo el concepto del “enemigo interno”.

Para ello, la Comisión propone la revisión de la doctrina, que juega un rol central en la conducción estratégica y operacional de las Fuerzas Militares y la Policía, y “adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana”.

Una de sus propuestas, que sonó mucho durante la campaña presidencial, es la de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio. Esto con el objetivo de “fortalecer su carácter civil”. Asimismo, también plantean revisar la pertinencia del fuero penal militar y eliminarlo de la Policía, incluir en los criterios de ingreso y ascenso evaluaciones de conocimiento en derechos humanos, repensar las políticas de incentivos para evitar casos como los de los “falsos positivos” y desmontar gradualmente el servicio militar obligatorio. 

Promover la reforma rural y desarrollar el campo

“La alta concentración de la tierras productivas y dotadas de bienes y servicios en manos de unos pocos propietarios es uno de los mayores lastres que arrastra la sociedad colombiana a lo largo de su historia”, concluye el informe de la Comisión frente al tema de la tierra. Un asunto que no ha podido solucionarse a pesar de los múltiples esfuerzos por hacerlo en los últimos años.

Las últimas cifras, citadas por la Comisión, revelan que el 2,27% de los propietarios de tierra en Colombia tienen en su poder el 52,62% de las hectáreas de propiedad privada (o 15,38 millones) ubicadas dentro de la frontera agraria, mientras que el 62,22% de los propietarios tendría apenas el 4,53% de ese mismo territorio (o 1,3 millones de hectáreas).

En el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 se hablaba de una reforma rural integral, que en pocas palabras buscaba la redistribución de al menos 3 millones de hectáreas y la implementación de una estrategia de desarrollo sostenible para el campo. Sin embargo, como lo señalan distintos observadores, la ejecución de este punto, a cargo principalmente del Gobierno Nacional, ha sido lenta e insuficiente. 

La Comisión recomendó al Estado basarse en lo acordado y ejecutar la reforma integral rural estipulada en el Acuerdo de Paz. También, implementar las hojas de ruta construidas con las comunidades de las zonas más afectadas por el conflicto y ratificar el Acuerdo ambiental de Escazú. 

Educación para la paz

Dice la Comisión que “el conflicto armado ha generado impactos profundos en las creencias, juicios, normas, valores, sentidos y supuestos que fundamentan el modo en que nos relacionamos, y que algunos de estos rasgos influyen en la persistencia del conflicto”.

Este organismo propone desmontar el concepto del “enemigo interno”, que marcó el escenario del conflicto armado, a través de la educación y la formación de sujetos capaces de vivir en paz. La Comisión sugiere que maestros, maestras, estudiantes, directivos docentes y educadores no formales sean claves en este proceso de cambio. 

Al tiempo, los comisionados recomiendan que se piense una estrategia de largo plazo con alcance nacional, regional y local, que involucre a varios ministerios, para la consolidación de una cultura para la paz a través de campañas masivas en medios de comunicación. La Comisión le dedica también unos párrafos a las iglesias y comunidades religiosas, a quienes les pide fomentar esa cultura de paz y desinstalar la cultura del odio.