7 Julio 2022

Las respuestas inconclusas de las autoridades sobre el robo de los dineros de la paz

Procuradora Margarita Cabello; fiscal general, Francisco Barbosa, y contralor, Felipe Córdoba.

Crédito: Yamith Mariño

Solo hasta este año, que se conoció el escándalo de corrupción, las autoridades hablaron sobre investigaciones al respecto.

Hay más preguntas que respuestas sobre las investigaciones que llevan las autoridades para establecer si realmente funcionarios cobraron coimas para dar viabilidad a proyectos que buscan beneficiar a municipios que se incluyeron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto armado. Sus actuaciones se conocieron solo hasta este año cuando estalló el escándalo por cuenta de una publicación de Blu Radio.

Para profundizar


Por ahora, se sabe que en marzo del 2021 Emilio Archila, el exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación y quien presidía el Ocad-Paz, que es la entidad del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios PDET, envió unos correos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en los que alertó sobre los posibles hechos de corrupción que estaban poniéndole de conocimiento a través de su correo electrónico.


Los correos salieron directamente al fiscal general, Francisco Barbosa; a la procuradora Margarita Cabello; al contralor Felipe Córdoba, y a la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Elena Londoño, y el asunto de la carta de Archila decía “traslado de denuncia recibida vía correo electrónico denominada ‘denuncia contra Álvaro Ávila, secretario técnico de la Ocad-Paz”.


 

“En mi calidad de presidente de la Ocad-Paz, me permito poner en conocimiento de la Fiscalía el siguiente hecho. El jueves 18 de marzo del presente año al correo institucional de Juan Sebastián Rivera Cano, servidor de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, fue puesta en conocimiento una denuncia ciudadana por presuntos hechos de corrupción contra el dr. Álvaro Ávila, secretario técnico del Ocad-paz. Adjunto me permito anexar a la presente comunicación, el correo señalado, para que por su conducto se adelanten las investigaciones a que haya lugar”, dice la comunicación de Archila.


En otro correo a las mismas entidades se mencionan nombres de otros funcionarios presuntamente involucrados en los hechos de corrupción.


 

“El viernes 14 de mayo del presente año se recibió en los correos institucionales de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación una denuncia ciudadana en contra del Contralor Delegado para el Posconflicto, Dr. Juan Carlos Gualdrón Alba, y del director del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Álvaro Ávila Silva. Adjunto con la presente comunicación me permito remitir el correo señalado, para que por su conducto se adelanten las investigaciones a que haya lugar”, dice otro correo de Archila.


Los correos no fueron contestados y las actuaciones de las entidades se conocieron solo esta semana.


Este es el resumen de las actuaciones inconclusas de las diferentes entidades


La Fiscalía emitió un comunicado de prensa esta semana en el que informó que tenía en su poder varias denuncias sobre el tema y que, en la indagación de las mismas, se habían realizado algunas actividades investigativas, con la dificultad de que ninguna persona había dado testimonio directo.


Sin embargo, anunció el ente acusador, el proceso recibirá una asignación especial y se unificarán los casos para darle mayor agilidad a las labores investigativas y tener una visión integral del caso. Asimismo, la Fiscalía informó que citó a entrevista al exconsejero Emilio Archila para que, mañana viernes a las nueve de la mañana, dé las explicaciones sobre las actuaciones que realizó a raíz de las denuncias.


Por su parte, este jueves, la Procuraduría expidió un comunicado en el que informa que, actualmente, adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) – Paz.


Incluso, dijo, avanza en 12 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del Ocad-Paz por parte de funcionarios del Fondo Colombia en Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.


 

“La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del SGR en proyectos, por cerca de $ 250 mil millones, ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. El Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD – Paz, por más de 437 mil millones de pesos, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias”, dice el comunicado.


Sobre el tema, la Contraloría también ha realizado diferentes actuaciones y en enero de este año le envió al fiscal Barbosa y a la procuradora Cabello el resultado de una Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos de regalías – Ocad Paz, para los Departamentos de Cesar y La Guajira, llevada a cabo por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro de Regalías.


En el documento, la Contraloría pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investigue presuntos incidentes penales y disciplinarios para los nueve proyectos de generación de energía no convencional, auditados en la mencionada Actuación Especial.


Al respecto, esta semana la Contraloría informó en un comunicado que descubrió una cartelización de proyectos de paneles solares, financiados con recursos de regalías, en al menos nueve municipios de los departamentos de La Guajira y Cesar.


 

“En 8 de los 9 proyectos auditados, se encontró una misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto (…) Estos resultados hacen parte de una Actuación Especial de la CGR en la que identificaron 12 hallazgos fiscales por un valor total de 67.230 millones de pesos, de los cuales 9 corresponden al Sector Minas y Energía (precisamente los relacionados con la implementación de sistemas fotovoltaicos). Los otros 3 hallazgos pertenecen al Sector Transporte”, dice el comunicado.


Por otro lado, dice, el 33 por ciento de los municipios PDET no han recibido ningún recurso del Sistema General de Regalías, específicamente del Ocad-Paz, desde su creación en 2017, revela estudio sectorial del organismo de control.


Se espera que en las próximas semanas y luego de que las diferentes entidades informaran que le pusieron la lupa al caso, se conozca quiénes serán los primeros funcionarios llamados a responder como presuntos responsables del entramado de corrupción que, al parecer, exigía coimas a cambio de viabilizar proyectos para los municipios priorizados en el Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, por ser los más golpeados en la historia del país.