Lo que quiere Petro con los bienes de la SAE: más dudas que certezas

En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar que los bienes sujetos a extinción de dominio, que están a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pasarían a ser, a partir de la fecha, "la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes y por las asociaciones populares femeninas". 

Un día después del anuncio, la administración de esos 40.977 bienes inmuebles, sociedades, medios de transporte, animales, entre otros, que suman cerca de 8,5 billones de pesos, la sigue teniendo la SAE.

Y es que aún no está claro cuál es el mecanismo que usará el gobierno para trasladar esa responsabilidad; y, sobre todo, no hay claridad sobre si la idea cobija a todos los bienes, pues, según fuentes de CAMBIO, diferentes organizaciones ya han empezado a llamar a preguntar cómo pueden acceder a bienes determinados.

Las cifras de la SAE muestran una realidad contundente: el 87 por ciento del inventario aún está en proceso de extinción de dominio. Solo el 13 por ciento está extinto. Esto, en otras palabras, significa que la gran mayoría de esos 40.977 bienes aún no pertenece al Estado y, por lo tanto, el futuro sobre los mismos está en manos de los jueces especializados en extinción del derecho de dominio.

Mientras no haya una decisión judicial que confirme que el bien fue adquirido producto de una actividad ilícita, la SAE solo puede disponer de él para arrendarlo, o podría venderlo bajo la figura de enajenación temprana, caso en el cual, tiene el deber legal de constituir una reserva técnica por el 30 por ciento de su valor, para responder en caso de una orden de devolución.

Cuando hay una sentencia y el bien pasa a ser del Estado –como el caso de Drogas La Rebaja–, el Estado puede venderlo y disponer del dinero para lo que considere necesario. Finalmente, por obligación legal y en cumplimiento de los acuerdos de La Habana, debe entregar los predios rurales con vocación agrícola a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad de Restitución de Tierras e incluso a los excombatientes en proceso de reincorporación.

Es por eso que, si la idea del nuevo gobierno cobija a todos los bienes en poder de la SAE, es decir, a los que aún están en proceso de extinción del dominio y que pueden ser sujetos a devolución por parte de un juez especializado en el tema, el Estado también podría recibir millonarias demandas por los perjuicios ocasionados.

CAMBIO conoció que, dentro de las cuentas del Plan de Gobierno para ejecutar en las diferentes líneas de acción se encuentran los 7.502 bienes rurales que tiene la SAE, que suman más de 440.000 hectáreas. Sin embargo, solo 1.347 de esos bienes, que suman un área de 99.000 hectáreas, están extintos. El resto está en proceso de extinción. Otro problema es que, de todos los bienes rurales, 201.000 hectáreas están ocupadas irregularmente.

Las cuentas de la SAE

Actualmente, la SAE tiene 24.357 bienes inmuebles, de los cuales 3.503 están extintos (1.340 rurales); los otros 20.854 (5.764 rurales) están en procesos ante jueces especializados de extinción del dominio, quienes tienen la última palabra sobre el futuro de los mismos. La suma de esos bienes da, aproximadamente 5,3 billones de pesos.

Por otro lado, tiene también a su disposición 1.594 sociedades y establecimientos de comercio, de las cuales solo están extintas 260. La suma de las sociedades da un total de 3,1 billones de pesos.
La SAE también tiene un inventario de 5.031 medios de transporte, de los cuales, solo 781 están extintos. La suma de los medios de transporte da un valor aproximado de 90.000 millones de pesos. Asimismo, tiene bajo su administración 4.924 animales, 535 piezas de arte, 697 metales preciosos y joyas, entre otros.

Finalmente, también tiene a su disposición 4.568 inmuebles sociales o de sociedades, de los cuales, solo 1.228 están extintos.

Las dudas

Con el panorama actual, sobre los bienes en poder de la SAE hay más dudas que certezas y el presidente deberá resolverlas cuanto antes:

¿La propuesta cobija a todos los bienes, es decir los extintos y los que están en proceso de extinción? ¿Está el gobierno dispuesto a entregar bienes urbanos, rurales, las sociedades, los carros y los semovientes a organizaciones sociales? ¿Esta entrega va a ser de manera gratuita? ¿Quién va responder por las demandas que esta iniciativa pueda generar por la baja productividad o por una orden de devolución del predio? ¿A cuáles organizaciones sociales se van a entregar estos bienes y con qué criterios objetivos de selección? ¿De dónde saldrán los recursos para garantizar que se puedan entregar los bienes a organizaciones sociales? ¿O será, acaso, una idea al aire generada sin conocimiento técnico?

Por otro lado, se necesita saber qué va a pasar con los contratos de arrendamiento que se han suscrito por SAE, y qué les va a responder el gobierno a los campesinos sin tierra que llevan años haciendo fila en la Agencia Nacional de Tierras para una destinación, o a los que esperan una sentencia de reparación en un proceso de despojo.