Los decretos de Rodolfo: ¿Un guiño al populismo?
Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, ha enfocado su campaña en la lucha contra la corrupción.
Crédito: Colprensa
En su cruzada por reducir el gasto público, el exalcalde de Bucaramanga prometió que de ser presidente suspendería los servicios de avión, autos blindados, gasolina para congresistas y eliminaría embajadas. Propuestas que de acuerdo con analistas pueden ser vistas como una buena idea, pero que no tienen sustento técnico.
Rodolfo Hernández ha basado gran parte de su campaña en el discurso “anticorrupción” y ha dicho en varias ocasiones que en Colombia hay un problema de gasto público. Reiteradamente, el exalcalde de Bucaramanga suele argumentar que en el país se va “mucha plata” en gastos del Estado y considera que es excesivo. “Hay que quitarles la chequera a todos esos ladrones”, ha dicho en repetidas ocasiones, quien figura tercero en las encuestas.
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Si bien puede que Hernández tenga un poco de razón en lo que propone, lo cierto es que en todas las campañas presidenciales aparece un candidato que abraza las banderas de “amarrarse el cinturón”. Hace cuatro años fue el hoy presidente Iván Duque, quien dijo que en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo un exceso de burocracia y tocaba reducir el gasto. Y conforme se acerca la fecha del 29 de mayo, es el político santandereano el que se ha apoderado de este libreto.
Esta semana, la campaña de Hernández reveló cuáles serían las primeras decisiones que tomaría en caso de llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022. El exalcalde de Bucaramanga presentó unos decretos que han causado gran revuelo en la opinión pública, pues algunos de ellos han sido calificados como populistas. De hecho, se asemejan a medidas tomadas por dirigentes latinoamericanos a los que les cabe esta etiqueta como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, o el mandatario peruano, Pedro Castillo.
La primera medida que tomaría Hernández al llegar a la Casa de Nariño sería la de reformar la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia, eliminando las siete consejerías presidenciales que hay en la actualidad. Según el exalcalde de Bucaramanga, estas se han convertido en fortines burocráticos en donde trabajan “amigos del presidente”.
Así, las dependencias que se acabarían en un eventual gobierno de Hernández serían la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, la Consejería para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión de lo Público, la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional y la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad.
Para profundizar
Aunque no hay un estimado de cuánto le cuesta al Estado el funcionamiento de estas dependencias, en febrero el representante a la Cámara Gabriel Santos, del Centro Democrático, afirmó que los sueldos de los consejeros y sus equipos le cuestan al país 232.000 millones de pesos al año.
El segundo decreto que firmaría Hernández buscaría suspender la operación de aviones, helicópteros, vehículos y demás equipos destinados al uso del presidente, vicepresidente, primera dama y demás altos funcionarios del Estado, una propuesta que no es nueva en el ámbito latinoamericano.
En México, durante la campaña de 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió que vendería el avión presidencial, adquirido durante el mandato de Enrique Peña Nieto solo unos años atrás. El dirigente de izquierda finalmente se hizo con la victoria y, tal como lo prometió, anunció la venta de la aeronave al día siguiente de su posesión.
López Obrador no fue el único. En Perú, en medio de la accidentada campaña presidencial de 2021, el izquierdista Pedro Castillo también prometió vender el avión del mandatario y optar por vuelos comerciales.
Otro tema que tocó Hernández en sus decretos fue el de suspender la utilización de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena y la Hacienda de Hato Grande al servicio del presidente, vicepresidente, ministros, primera dama y demás altos funcionarios.
Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de la eliminación de los carros que tienen asignados los congresistas y varios altos funcionarios del Gobierno. Según Hernández, este gasto corresponde a 260.000 millones de pesos al año, aunque nunca ha dado soportes de cómo llegó a esa cifra.
Y en cuanto a política exterior, además de decretar el restablecimiento inmediato de las relaciones con Venezuela, Hernández prometió aceptar irrevocablemente la renuncia a todos los embajadores y cónsules de Colombia. También dijo que eliminaría un importante número de embajadas “inservibles” con el objetivo de “pagar el Icetex de los jóvenes con deudas”. Propuesta que ha sido calificada como “populista” por la internacionalista Sandra Borda.
“Esto es populismo de libro de clase: proponer algo que la gente casi que por instinto va a considerar una buena idea y por ahí mismo, generar las condiciones para que nuestra política internacional termine de irse al caño”, aseguró Borda sobre la propuesta de Hernández.
El exalcalde de Bucaramanga dijo que suprimirá la mayoría de las embajadas, entre ellas las de Argelia, Australia, Austria, Bolivia, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Hungría, Indonesia, Jamaica, Kenia, Líbano, Malasia, Marruecos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, Suecia, Turquía, Uruguay.
No obstante, de acuerdo con la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, el presupuesto de la Cancillería (en funcionamiento e inversión) es solo el 0,32 por ciento del presupuesto total de la nación. De ese modo, explicó Borda, “pensar que cerrar representaciones diplomáticas va a tener algún efecto importante en las finanzas públicas, es simplemente un engaño”.